Los medios de comunicación al servicio de las plutocracias europeas están silenciando los movimientos de rebelión contra los poderes financieros que se están produciendo en el seno de sociedades del Norte: Islandia y Winsconsin.
José Antonio Pérez | ATTAC Madrid
Albert Camus, Nobel de Literatura (1957), definió la rebelión como “el acto del hombre informado que posee la conciencia de sus derechos”. Pero los medios de comunicación al servicio de las plutocracias europeas están silenciando los movimientos de rebelión contra los poderes financieros que se están produciendo en el seno de sociedades del Norte: Islandia y Winsconsin. No conviene informar a la gente, no vaya a ser que tomen conciencia de sus derechos y cunda el ejemplo.
En materia de rebeliones contemporáneas, la atención de los medios de comunicación se centra en los acontecimientos, sin duda significativos, que están ocurriendo en los países árabes, principalmente en los situados en el norte de África. Sin embargo, hay otras rebeliones en el seno del Primer Mundo que vienen siendo convenientemente silenciadas por los medios de comunicación al servicio de las plutocracias europeas. No conviene que cunda el ejemplo
Islandia: La revolución silenciada
Es la revolución de Islandia, donde se ha producido la dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis, reescritura de la constitución por los ciudadanos y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión.
Nada de esto se ha hablado en los medios de comunicación europeos, ni en las repugnantes tertulias radiofónicas de politicastros de medio pelo y mercenarios de la desinformación. Debe ser que no interesa que un pueblo coja las riendas de su soberanía y plante cara al rodillo neoliberal mientras en España la consecuencia de la crisis es un proceso de socialización de las pérdidas con recortes sociales, como el de las pensiones, y precarización de las condiciones laborales. A grandes rasgos, estos son los datos esenciales del proceso que vive Islandia:
A finales de 2008, los efectos de la crisis en la economía islandesa son devastadores. En octubre se nacionaliza Landsbanki, principal banco del país. El gobierno británico congela todos los activos de su subsidiaria IceSave, con 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido. A Landsbanki le seguirán los otros dos bancos principales, el Kaupthing el Glitnir. Sus principales clientes están en ese país y en Holanda, clientes a los que sus estados tienen que reembolsar sus ahorros con 3.700 millones de euros de dinero público. Por entonces, el conjunto de las deudas bancarias de Islandia equivale a varias veces su PIB. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota.
El gobierno solicita oficialmente ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprueba un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos.
Las protestas ciudadanas frente al parlamento en Reykjavik van en aumento. El 23 de enero de 2009 se convocan elecciones anticipadas y tres días después, las caceroladas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del Primer Ministro, el conservador Geir H. Haarden, y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno (y único que yo sepa) que cae víctima de la crisis mundial.
El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Social-demócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva Primera Ministra Jóhanna Sigurðardóttir.
A lo largo del 2009 continúa la pésima situación económica del país y el año cierra con una caída del PIB del 7%.
Mediante una ley ampliamente discutida en el parlamento se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todos las familias islandesas mensualmente durante los próximos 15 años al 5,5% de interés. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010 el Presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, se niega a ratificarla y anuncia que habrá consulta popular.
En marzo se celebra el referéndum y el NO al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica.
El FMI congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda.
A todo esto, el gobierno ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Comienzan las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol dicta una orden internacional de arresto contra el ex-Presidente del Kaupthing, Sigurdur Einarsson.
En este contexto de crisis, se elige una asamblea constituyente el pasado mes de noviembre para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello, se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual sólo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La asamblea constitucional comenzará su trabajo en febrero de 2011 y presentará un proyecto de carta magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebrarán por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas.
Silenciada por la práctica totalidad de los media, la información que reproducimos aquí está tomada del blog nosinmibici.com donde puede ampliarse la información, tanto de la breve historia de la Revolución Islandesa, como de las características del país, que ha sido recorrido en bicicleta por el autor del blog.
Winsconsin se rebela contra la precariedad social
El pasado día 15 de Febrero, miles de manifestantes saliesen a la calle de la capital de Wisconsin a protestar contra uno de los planes de recorte público más agresivos amparados en el dogma de la reducción del déficit. El día 16, miles de personas ocuparon el Capitolio de la ciudad de Madison, un hecho insólito sin precedentes históricos cercanos tanto en EEUU como en Europa. Scott Walker, gobernador republicano de ese Estado, lanzaba una ley que empeora los ya precarios seguros médicos de los trabajadores públicos, recorta sus pensiones y limita los derechos de negociación colectiva a lo estrictamente salarial, mermando la capacidad de negociación de los sindicatos. Igualmente, liquida el derecho de organización gremial y de paritarias para los empleados públicos. Por último, el gobernador anunciaba el despido inmediato de 1.500 trabajadores del sector público y otros 12.000 en el sector educativo durante los dos próximos años. Los maestros están en huelga.
Desde entonces, se suceden manifestaciones a diario en EEUU, tanto en Wisconsin como en otros catorce estados donde se intentan emular las mismas medidas neoliberales. En Ohio, la votación de una ley similar es inminente. Allí, miles de manifestantes protestan frente al Capitolio de la capital. En Indiana, también se ocupó la sede gubernamental.
Tras la aprobación de la ley, el 26 de febrero, más de cien mil personas se concentraron en Madison, el mayor número en 11 días de manifestaciones. La policía desobedeció ese mismo día la orden del gobernador Scott Walker de desalojar a centenares de activistas sindicales, trabajadores públicos y estudiantes que ocupan el interior de la sede del gobierno de Madison. Mientras, continúan las concentraciones pacíficas en Nueva York, Chicago, Columbus, Los Ángeles y Denver, entre otras ciudades. Decenas de miles de personas siguen protestando en la calle en solidaridad por todo el país.
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