Stella Calloni/ La Jornada/ La Radio del Sur – Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos insistirán para que Estados Unidos desclasifique archivos que puedan ayudar a encontrar y a identificar a niños nacidos en cautiverio después de que fueron secuestrados sus padres durante la pasada dictadura militar (1976-1983) y que fueron robado por los militares y policías, lo que se está juzgando en estos días aquí.En este contexto se investiga aquí la posibilidad de que diplomáticos estadunidenses pueden haber enviado suficiente información sobre el tema y que algunos agentes que se relacionaban directamente con los militares hayan podido adoptar niños que fueron robados a sus padres durante esos años de régimen militar.
El hecho de que en Estados Unidos la Cámara baja rechazó la posibilidad de desclasificar archivos y documentos de inteligencia sobre esta situación, en una votación decepcionante de 214 a 190, es analizado aquí como una acción en favor de la impunidad, que
responde a los compromisos de Washington con los dictadores de aquel pasado trágico.
El periodista Martín Granovsky, de Página 12, analizó que
además de los ausentes no todos los demócratas votaron por el proyecto de uno de sus legisladores, Maurice Hinchey, veterano de la marina, opositor a la guerra de Irak en 2003 y representante por Nueva York, quien encabezó la minoría que perdió la votación y que en 1999 logró la desclasificación de 24 mil documentos sobre la dictadura chilena (1973-1990).
El legislador republicano Mike Rogers, representante por Michigan y presidente del Comité de Inteligencia, encabezó la oposición y argumentó que
tenemos que dedicarnos de lleno a Al Qaeda. El tema de Argentina puede esperar. Ya esperó 25 años. Unos años más no harán la diferencia, como señala Granovsky
Esto indignó a los familiares de las víctimas aquí e incluso el periodista envió preguntas a Rogers –que no fueron contestadas– recordando que el Departamento de Estado ya ha desclasificado una serie de documentos sobre la pasada dictadura argentina.
Hinchey buscaba que hicieran lo mismo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Un vocero del representante demócrata, consultado por el periodista, sostuvo que no existe razón
para sospechar que la iniciativa de Hinchey podría significar un problema para los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Pensar eso sería ridículo. Ésta era también una de las razones que se mencionó para la negativa.
Durante el debate en la Cámara de Representantes se mencionaron los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar y se estableció que
Pero el republicano Rogers, aunque admitió la importancia de aportar información, estimó que de ser aceptado el criterio de Hinchey
Esto sucede cuando la justicia argentina investiga el caso de la adopción ilegal de un niño, que no es hijo de desaparecidos, pero fue adoptado durante la dictadura (1980) por un diplomático de Estados Unidos con la intermediación del Movimiento Familiar Cristiano (MFC), de la Iglesia católica, entidad señalada por haber entregado unos 20 menores nacidos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.
Se trata del hijo de una humilde mujer de la provincia de Tucumán, Carmen Rosa Abregú, nacido en 1980 y al que la madre, aconsejada por un policía de la zona, entregó al MFC, que se lo dio al agregado militar de la embajada estadunidense Richard William des Reis, un veterano de la guerra de Vietnam, y a su esposa, Deloris Brusher, quienes como no eran residentes en Argentina no podían adoptar un niño aquí.
La denuncia la hizo la periodista alemana Gabriela Weber, quien investigó aquí la complicidad de directivos de la empresa Mercedes Benz con la dictadura, y en Estados Unidos, donde continuaba sus investigaciones, logró reconstruir la historia de este niño –Juan Pablo– que entregó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa sobre desaparición y supresión de identidad de menores en la dictadura militar.
considerando la relación estrecha (de Estados Unidos) con sus contrapartes argentinas de las comunidades de inteligencia, seguridad y militar, es probable que la documentación de esos organismos pueda tener datos importantes para apoyar la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo”, sostiene Granovsky.
Miles de familias esperaron más de 30 años para conocer el destino de sus seres queridos y hoy tenemos la oportunidad de hacer una contribución significativa a la verdad y a la justicia, y ayudar el cierre de un capítulo problemático de la historia argentina, fue uno de los puntos que expuso Hinchey en la Cámara.
Pero el republicano Rogers, aunque admitió la importancia de aportar información, estimó que de ser aceptado el criterio de Hinchey
dañaría el esfuerzo actual de lucha contra el terror.
Esto sucede cuando la justicia argentina investiga el caso de la adopción ilegal de un niño, que no es hijo de desaparecidos, pero fue adoptado durante la dictadura (1980) por un diplomático de Estados Unidos con la intermediación del Movimiento Familiar Cristiano (MFC), de la Iglesia católica, entidad señalada por haber entregado unos 20 menores nacidos en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.
Se trata del hijo de una humilde mujer de la provincia de Tucumán, Carmen Rosa Abregú, nacido en 1980 y al que la madre, aconsejada por un policía de la zona, entregó al MFC, que se lo dio al agregado militar de la embajada estadunidense Richard William des Reis, un veterano de la guerra de Vietnam, y a su esposa, Deloris Brusher, quienes como no eran residentes en Argentina no podían adoptar un niño aquí.
La denuncia la hizo la periodista alemana Gabriela Weber, quien investigó aquí la complicidad de directivos de la empresa Mercedes Benz con la dictadura, y en Estados Unidos, donde continuaba sus investigaciones, logró reconstruir la historia de este niño –Juan Pablo– que entregó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa sobre desaparición y supresión de identidad de menores en la dictadura militar.
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