Por Fortune Modeste Valerio. La Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de decretar la nulidad en todo proceso de las informaciones obtenidas en las computadoras incautadas al comandantes guerrillero de la FARC-EP, Raúl Reyes, asesinado en territorio ecuatoriano. Las "computadoras" fueron recogidas el 1r. de marzo de 2008 por militares colombianos después de un feroz ataque aéreo.
El auto inhibitorio fue emitido en el proceso judicial contra el ex representante ante las Cámaras legislativas del Polo Democrático, Wilson Borja, acusado de colaborar con la organización guerrillera. Las acusaciones en su contra fueron obtenidas en las "maravillosas computadores de Raúl Reyes”.
Wilson Borja, acaba de obtener un importante triunfo jurídico y político contra los sectores que persisten en la guerra en Colombia, que se niegan a dialogar y poner fin a está tragedia. Se encamina a demandar jurídicamente al Estado colombiano y al ex presidente Uribe Vélez, por los daños causados por una acusación ilegal y falsa.
El ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el Ministro de Defensa para entonces, Juan Manuel Santos, elaboraron expedientes acusatorios contra las fuerzas democráticas y progresista de América-Latina y zona del caribe. Así como contra las fuerzas internas de Colombia que luchan por buscarles fin al conflicto social y armado que estremece ese pueblo hermano.
Piedad Córdoba fue inhabilitada, suspendidos sus derechos políticos por 18 años por el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, y destituida de su cargo de senadora de la República. Sometidas a fuertes persecuciones, intervenciones telefónicas y acusaciones de todas clases. Todas estás retaliaciones están fundamentadas en las informaciones obtenidas en las "maravillosas computadoras de Raúl Reyes”.
El presidente Hugo Chávez Frías, de la República Bolivariana de Venezuela; Rafael Correa, Presidente de Ecuador; Narcisos Isa Conde, lideres y dirigentes políticos latinoamericanos fueron incluidos en expedientes criminales, terroristas y de colaboración con la FARC-EP. Lograron incluir también a dirigentes políticos, profesionales, periodistas, sociales y religiosos colombianos en ese amplio abanico, para montar una desacreditada telenovela con un final triste e infeliz.
La Corte Suprema d Justicia, fundamenta su fallo en que las mismas fueron obtenidas en violaciones a convenios internacionales y Leyes constitucionales colombianas: Obtenidas en formas ilegal, por militares, en territorio extranjero, no tienen correos electrónicos definidos, son notas y escritos en el disco duro, etc. En fin carecen de sustento jurídico sólido.
Con este fallo constitucional queda al desnudo la falsedad de la acusaciones montadas y el carácter criminal del pasado gobierno colombiano y el actual que preside Juan Manuel Santos. Persistir en apelar el fallo y mantener las acusaciones ilegales, no es más que el interés por mantener en pie la maquinaria de la guerra, la muerte y saqueos de los recursos de Colombia.
Un triunfo contundente de los sectores que trabajan para poner fin a la guerra que baña de sangre, lagrima y luto a la familia colombiana. Es el momentos de restituir los derechos políticos de Piedad Córdoba, que retorne a a su curul en la Cámara de Senadores de la República y continúe con sus valiosos esfuerzos de conseguir el diálogos entres las partes en conflicto y la Paz definitiva.
Obtener la libertad inmediata del director de la Agencia de Noticias Por una Nueva Colombia, ANNCOL, Joaquín Pérez Becerra, secuestrado y entregado a las autoridades colombianas. Mantenido en prisión con acusaciones que emanan de las computadoras "maravillosas de Raúl Reyes”.
El presidente actual de Colombia Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, acaban de protagonizar una de las novelas más trágicas, desagradable y mal hecha en Colombia y en toda América. Un novelón salpicado de sangre y muertes para tener un final de mal gusto.
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