Goldii, la hija de Mumia Abu-Jamal habla de su padre.
En pleno siglo XXI, casi 18 mil personas están condenadas a muerte en el mundo, revela un reporte de Amnistía Internacional. De éstas, 58 son mexicanas. En China, el país donde más ejecuciones y condenas hubo durante 2010, el gobierno se niega a publicar los nombres de los ejecutados por ser “secreto de Estado”. Decapitación, lapidación y ahorcamiento son algunos de los métodos que se utilizaron para sancionar penalmente a, por lo menos, 527 personas el año pasado. La lista de ejecutores la encabezan China, Irán, Corea del Norte, Yemen y Estados Unidos.
A la distancia se asemeja a un campus universitario. La cercanía rompe la idea: aparecen las vallas y el alambre de púas. Por dentro el color blanco de los muros le da un toque de frialdad al lugar. Se trata de la prisión de máxima seguridad de Greene, localizada en Pensilvania, Estados Unidos. Ahí se encuentra recluido Mumia Abu Jamal –periodista y expantera negra– condenado a muerte desde 1982, acusado de homicidio.
“Un hombre con la capacidad de despertar las mentes de la comunidad y de fomentar la rebelión contra el opresor es peligroso en Estados Unidos; un país donde el número de negros y latinos condenados a muerte es mayor que el de blancos, a pesar de que los blancos cometen los mismos delitos que aquéllos. Su sentencia fue racista; lo juzgó un juez que se basó en su color para condenarlo”, señala –en entrevista con Contralínea– Goldii, hija de Abu Jamal. Tenía dos años cuando encarcelaron a su padre.
El caso de Mumia –condenado a muerte a pesar de múltiples irregularidades jurídicas– se une al de otras 17 mil 833 personas, entre éstas 58 mexicanos, según cifras dadas a conocer en el reporte anual Condenas a muerte y ejecuciones en 2010 de Amnistía Internacional (AI).
El reporte indica que de los 197 países –que reconoce AI en el mundo– más de la mitad aprueba la pena de muerte en sus legislaciones. La cifra de los 96 países abolicionistas, contrasta con la de los 101 retencionistas que se niegan a abolir esta sanción penal. Sin embargo, de estos últimos, 34 países no ejecutan a nadie desde hace 10 años y sólo en nueve se contempla esta sanción para delitos excepcionales o previstos en el código militar.
En 2010, en 23 países ejecutaron al menos a 527 personas; sin embargo, no se cuentan las ejecuciones en países como Afganistán, Pakistán o Corea del Norte porque no se tienen datos oficiales. Mientras, en Vietnam está prohibido por la ley publicar datos sobre las ejecuciones y en China las cifras se consideran como “secreto de Estado”.
Con aproximadamente 1 mil 300 millones de habitantes, China es el país con el mayor número de ejecuciones –según datos extraoficiales–; se ejecutaron a más de 1 mil personas el año pasado; seguido por Irán, con al menos 252 ejecuciones oficiales, aunque se tuvo conocimiento de aproximadamente otras 300 extraoficiales.
Pakistán encabeza la lista con el mayor número de condenas a muerte en 2010 con 365; mientras que Irak con 279. El saldo final de 2010: 2 mil 224 nuevas condenas a muerte en 67 países. Sin embargo, no se cuentan las masivas condenas que el gobierno chino dictó, ya que no se tienen datos oficiales.
Condenas políticas
Serio e introspectivo, como lo describe, entre risas, su hija, Abu Jamal es autor de seis libros y un centenar de columnas y artículos. Además de ser escritor, estudia música: “Le compuso la canción más hermosa de amor a mi madre”, comenta Goldii.
“Es considerado un individuo peligroso. A lo que más le temen es a su mente; es inocente, pero es demasiado negro, demasiado listo y demasiado fuerte. El gobierno trata de silenciar a cualquiera que posea el poder de abrir las mentes del pueblo.”
—¿Por qué consideras que la pena de muerte persiste como una sanción penal en tu país?
—Tal vez por los políticos. Las cortes [judiciales] son como vampiros; tienen sed de sangre.
José René Paz, colaborador del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, considera que muchas condenas tienen un carácter político y los grupos minoritarios son más vulnerables a ser condenados.
“Se han ejecutado a muchos disidentes políticos en China, Irán y Arabia Saudita por ser opositores al régimen. En Estados Unidos los hispanos y los negros no tienen acceso a una buena educación; no conocen sus derechos y es más fácil que los condenen a muerte.”
Bajo el argumento de que sólo se utiliza para los delitos más graves –aquellos con consecuencias fatales–, los países retencionistas justifican la pena de muerte. Sin embargo, se han documentado casos donde la pena se impone por delitos comunes, con lo que se viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1966.
Acusados de moharebeh (un término islámico que significa declarar la guerra a Dios), 17 iraníes fueron condenados a muerte en juicios donde abundan las irregularidades jurídicas. Además de ser kurdos (minoría étnica en Irán), fueron acusados de ser miembros del Partido por una Vida Libre en Kurdistán y del marxista Komala, organizaciones opositoras al gobierno y prohibidas por el Estado.
El delito de blasfemia, entendido como faltarle el respeto a Dios, fue suficiente para condenar a muerte a Aasia Bibi –madre de cinco hijos– el 8 de noviembre de 2010 en Pakistán, el peor país para que viva una mujer, según la periodista iraní Amirian Nazanin.
Tres sinaloenses en poder de MalasiaLas sentencias por delitos relacionados con drogas escalan en países como Malasia, Singapur y Tailandia. Es precisamente en Malasia donde podrían ser condenados a muerte tres mexicanos originarios de Sinaloa, acusados de narcotráfico. Se trata de los hermanos González Villarreal: Luis Alfonso, de 47 años; José, de 36, y Simón, de 33, quienes esperan que la máxima instancia judicial de Malasia atraiga el caso para que se abra la posibilidad de no ser condenados a la horca, ya que el juez que lleva el proceso es conocido por su mano dura en estos casos.
De ser sentenciados, los hermanos serían los primeros en ser condenados por narcotráfico y no por homicidio como sus compatriotas sentenciados en Estados Unidos. Además, serían los primeros cuya ejecución se realizaría en la horca y no por inyección letal.
Muerte por preferencia sexual
Estimada como una orientación sexual común en la mayoría de países, la homosexualidad se considera como un delito grave en Uganda. De aprobarse la Ley Contra la Homosexualidad en aquel país africano, serían condenados a muerte aquellos que tengan esta orientación sexual. No es el único caso extraordinario: en Irán se condenó en diciembre pasado a un hombre por visitar páginas pornográficas en internet; los jueces consideraron que abrir esos sitios web es un insulto al Islam.
Contralínea solicitó entrevista con funcionarios de la embajada de China en México, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. También se solicitó una entrevista con la embajada de Irán en México. Patricia Frías, asistente del embajador, argumentó que la representación del gobierno iraní sólo da entrevistas para cuestiones culturales. Agregó, además, que en el mes del Ramadán no pueden dar entrevistas.
Debate jurídico
Desolado, como si nadie viviera ahí, el terreno montañoso rumbo a prisión parece infinito. Múltiples recuerdos aparecen en la mente de Goldii, hija de Mumia Abu Jamal. El trayecto a prisión le implica seis horas. Al final llega la recompensa: ver a su padre. No puede abrazarlo, sólo escucharlo.
“Me siento feliz al verlo, pero al mismo tiempo frustrada y enojada: lo tratan como a una bestia. Platicamos sobre política, música, sobre lo nuevo en el mundo del hip-hop; compartimos historias divertidas sobre mis hijas y mis sobrinos. Le platico sobre el trabajo que hacemos para conseguir su libertad y sobre las miles de personas que lo apoyan a nivel mundial. Lo que más amo es escuchar su risa, es un escape temporal del infierno donde vive”, relata Goldii.
El debate jurídico sobre la pena de muerte gira en torno a la viabilidad de dicho castigo como una forma para prevenir delitos.
Al respecto, Alfredo Nateras, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, considera la aplicación de la pena de muerte como un retroceso al derecho internacional, además de existir altos niveles de corrupción en las instancias de justicia.
“La pena de muerte no resuelve nada, no se ha demostrado que baje los índices criminalidad. Y ese sistema está propenso a fallar. Si condenan a un inocente y es ejecutado, el daño ya no se repara. Tener penas tan crueles, significa darle más poder a las instancias de justicia que la historia ha demostrado que se equivocan”, explica Nateras.
A pesar de que el derecho internacional no prohíbe la pena de muerte, marca como destino su abolición. Los países que aún la contemplan en sus legislaciones, insisten en el hecho de que sólo la utilizan en los delitos más graves plasmados en sus leyes. Argumentan que las resoluciones de organismos internacionales no son obligatorias, ya que sus leyes están por encima de dichas resoluciones.
En 1989, la Asamblea General de la ONU adoptó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece la abolición total de la pena de muerte. Sólo 73 Estados –entre ellos México– lo han firmado y ratificado.
Tres protocolos regionales han sido complementarios al adoptado por la ONU: el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, firmado en 1990 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; el Protocolo 6 al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, adoptado por el consejo de Europa en 1982, que permitía la pena de muerte en tiempos de guerra; y finalmente, el Protocolo 13 al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, adoptado por el consejo de Europa en 2002, que no permite la pena de muerte aun en tiempos de guerra.
El pasado 21 de diciembre se adoptó la resolución 65/206 de la ONU referente a la moratoria sobre el uso de la pena de muerte. Fue votada a favor por 109 países, mientras que 35 –la mayoría africanos– se abstuvieron. La resolución fue rechazada por 41 naciones, entre ellas Estados Unidos, China, Irak y Afganistán. Argelia y Malí votaron a favor de la resolución, no obstante, el año pasado condenaron a la pena capital a decenas de personas.
En entrevista, la diputada del Partido Acción Nacional e integrante de la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rosi Orozco, señala que a pesar de existir delitos graves como la trata de personas o el secuestro, no se debe aplicar la pena de muerte.
“Yo no creo que el Estado deba tener la legitimidad de privar de la vida a una persona. Hay una declaración universal de los derechos humanos de la ONU y en ella se establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y no prevé ninguna excepción en relación al derecho a la vida. Existen pactos internacionales, pero hay países donde no se ha hecho caso de esto, y eso es grave.”
En agosto de 2008 el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) planteó la posibilidad de implantar nuevamente la pena de muerte como sanción judicial en delitos como secuestro, homicidio y violación.
Ante eso, la diputada comenta: “Somos muy respetuosos de las opiniones de las personas; yo comprendo el dolor de las familias dañadas, pero creo primeramente en el derecho a la vida. No tenemos un sistema de justicia en donde se pueda lograr que toda la gente tenga acceso a la justicia. La gente que más sufriría de una injusticia es la gente con menos recursos; además la privación de la vida es un acto violento y no es responsabilidad del Estado decidir sobre la vida”.
La cuestión jurídica va más allá de las resoluciones internacionales; en Irán, algunos abogados defensores de los condenados han sido llevados a la cárcel por protestar contra la ejecución.
En Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Sudán y Yemen se condenó a personas que no habían cumplido los 18 años en el momento de cometer el delito, por lo cual violaron así el derecho internacional.
Se solicitó entrevista con el diputado Guillermo Cueva Sada del PVEM, promotor de la pena de muerte en México. En su oficina se disculparon, pues “el diputado está fuera del país”.
La cuestión cultural
Al llegar a la prisión de Greene Goldii muestra su identificación. Para pasar por el detector de metales se tiene que despojar de su cinturón, sostén y todo tipo de metal. Luego, es revisada individualmente en una habitación pequeña mediante una máquina que detecta droga. Después pasa a un puesto de control. Finalmente llega al área de visita. Este proceso lo repite cada vez que Goldii visita a su padre.
“Es devastador para mi familia. Podría escribir un libro de todos los sufrimientos que hemos tenido”, relata la hija de uno de los condenados más significativos para los grupos abolicionistas en todo el mundo.
Agrega: “A pesar de que la cara del presidente [Barack] Obama también es negra, el racismo sigue presente en Estados Unidos. Me gustaría confiar que el sistema de justicia es imparcial después de 29 años, pero la historia me ha demostrado lo contrario”.
—¿Cuál es el momento más difícil de la visita?
—Dejarlo en ese lugar sabiendo que no pertenece ahí. Es una experiencia demoledora.
—¿Qué piensas en el trayecto de regreso a casa?
—Me pregunto qué estará haciendo, y qué pasa con él tan pronto nos vamos. Pienso en nuestra charla y lo imagino con una sonrisa.
José René Paz define la pena de muerte como un trato cruel y degradante para la dignidad humana, en sintonía también con las declaraciones de Alfredo Nateras y AI.
Paz identifica tres puntos rojos en el mundo donde se llevan a cabo más ejecuciones y más condenas: la región de Oriente Medio, China y Estados Unidos.
“El tema de la pena de muerte es muy cultural, en muchos países se justifica con el Corán; pero no creo que en éste permita esas prácticas; depende mucho de la interpretación que se le da al proverbio ‘ojo por ojo y diente por diente’. En México, por ejemplo, en la ‘guerra’ contra el narcotráfico, el debate de la pena de muerte regresa. Mucha gente quiere la pena de muerte para todos los narcotraficantes”, señala el colaborador internacional.
En cuanto a los métodos de ejecución, refiere que a pesar de ser la inyección letal el procedimiento más apegado a los tratados internacionales, existen casos en los que fallan los químicos en la inyección y la persona permanece agonizando durante tres horas.
Además, comenta que en casos de lapidación, el método es desigual; a los hombres los entierran hasta la cintura antes de ser apedreados, mientras que a las mujeres la tierra tiene que llegar a cubrir los hombros. Si la persona logra escapar mientras lo están apedreando le conceden la gracia. Es más fácil que salgan los hombres.
Los métodos de ejecución varían dependiendo el país. En Japón o Egipto, el método a seguir es el ahorcamiento. La lapidación es común en Pakistán. En Somalia y Corea del Norte se ejecuta con arma de fuego. En China y Estados Unidos es por medio de inyección letal; y en Arabia Saudita se termina con la vida mediante la decapitación.
En América, el país donde más ejecuciones se realizan es Estados Unidos: más de 3 mil 200 personas esperan su ejecución, y 138 condenas han sido conmutadas desde 1973. A pesar de que en Latinoamérica la pena de muerte se considera abolida, algunos países –como Guatemala, Belice– y algunas islas caribeñas –como Bahamas y Jamaica– todavía la practican. En Cuba desde 2003 no se llevan a cabo ejecuciones.
Europa es el continente más abolicionista, sólo Bielorrusia mantiene vigente dicha práctica. El 7 de octubre de 2010, en un intento de abolir por completo la pena de muerte, se creó –por iniciativa del gobierno español– la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Formada por diferentes personalidades internacionales –exprimer ministros, embajadores y abogados–, su compromiso es acompañar a las organizaciones y organismos abolicionistas para lograr un mundo sin pena de muerte.
A pesar de las miles de ejecuciones y condenas en Asia –el continente donde más se ejecuta– y Estados Unidos, AI se muestra optimista y refiere que el mundo se encamina hacia la abolición de la pena de muerte. En su Informe 2010, explica que cada año son más países los que prohíben esta práctica.
Alfredo Nateras considera que para terminar por completo con la pena de muerte en el mundo, se necesita ciudadanizar las instancias de procuración de justicia; además, trabajar desde diferentes ámbitos en una cultura de paz, de vida y de respeto a los derechos humanos. Plantea que para que eso se logre, los movimientos sociales tienen que ser capaces de incidir en las legislaciones y pedir cuentas a los funcionarios públicos sobre su trabajo, hasta llegar a una verdadera democratización social en donde no se ejecute a ningún ser humano.
El juicio de Abu Jamal se encuentra en un momento crítico; los tribunales revisarán nuevamente el caso: se abre la posibilidad de que se conmute la pena de muerte y se cambie por cadena perpetua. Para sus familiares y las miles de personas que lo apoyan a nivel global sólo existe una opción: su absoluta libertad.
—¿Si tu padre es liberado, habrá justicia?
—Justicia retrasada, pero sí.
Goldii, la hija de Mumia Abu Jamal concluye: “Es imposible regresar el tiempo; no puedo retroceder a cuando tenía tres años de edad. No puedo regresar a mi graduación del quinto grado. Hubo muchos eventos de la vida que él se perdió y que jamás serán remplazados. Eso es muy triste. El corredor de la muerte está diseñado para quebrar el espíritu humano, pero su espíritu aún está vivo”.
Pronto Goldii llevará a su hija más pequeña a conocer a su abuelo en prisión, del mismo modo que a ella la llevaban a convivir con su padre detrás de un largo vidrio de acrílico, desde que tenía dos años y medio.
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