El 24 y 25 de agosto está convocada una huelga general en Chile. Piñera dice que no hay motivos para esa huelga. Por lo tanto aplicará dicha ley para "garantizar la seguridad nacional".
El viejo recurso de aplicar la represión en pos de garntizar los derechos del pueblo, cuando no se los garantiza brindando condiciones de vida digna.
En este caso la huelga general de los días 24 y 25 de agosto por demandas laborales - económicas, sociales y políticas, convocada por la CUT y apoyada unánimemente por sectores del campo popular ha despertado en Piñera el deseo de aplicar esa Ley de Seguridad que solo puede generar represión violenta para quienes participen en el paro.
Según Telesur, el vocero del Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró en declaraciones a la prensa que actuarán según "las circunstancias" para garantizar la paz y la tranquilidad en el país suramericano.
"El Gobierno lo ha señalado y reiterado hoy día. Según sean las circunstancias que tengamos el día miércoles y jueves, de una situación de mayor violencia, evaluaremos los hechos en el momento que se produzcan y ahí el Gobierno verá cuáles son las normas o reglamentaciones que se deben aplicar", enfatizó Chadwick.
Chadwick aseguró que “las leyes no se anuncian cuando se van aplicar, se aplican una vez que han ocurrido los hechos y uno hace la evaluación si corresponde" ponerlas en marcha.
"El Gobierno lo ha señalado y reiterado hoy día. Según sean las circunstancias que tengamos el día miércoles y jueves, de una situación de mayor violencia, evaluaremos los hechos en el momento que se produzcan y ahí el Gobierno verá cuáles son las normas o reglamentaciones que se deben aplicar", enfatizó Chadwick.
Chadwick aseguró que “las leyes no se anuncian cuando se van aplicar, se aplican una vez que han ocurrido los hechos y uno hace la evaluación si corresponde" ponerlas en marcha.
Los dichos de Piñera y el vocero gubernamental auguran que la huelga general será declarada ilegal
Según las agencias, desde el gobierno se ha afirmado que "el paro nacional del próximo 24 y 25 de agosto es "ilegal e injustificado"."
"Aquí la situación es muy clara: Hay un convocante oficial, que es la CUT, es un paro de carácter ilegal. Además nosotros consideramos que es un paro completamente injustificado, que no tiene ninguna razón de ser, a juicio del Gobierno", sentenció.
Entretanto, el presidente de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, dijo tras reunirse con Chadwick que "las leyes están para ser usadas si es que se requieren.
"Es una decisión del Gobierno, pero hay que defender el Estado de Derecho y el derecho de la mayoría, de millones de chilenos que no adhieren al paro", aseguró Coloma.
Por su parte, el presidente del derechista de Renovación Nacional, Carlos Larraín, afirmo que "no hay que tener ningún complejo, ni ambigüedad si es necesario aplicarla" (Ley de Seguridad Interior).
"Voy a pedir que se tomen las medidas pertinentes para que las personas transiten libremente", añadió Larraín.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, justificó los puntos que defiende la huelga y destacó que las buenas cifras macroeconómicas del país no reflejan la realidad de los trabajadores.
"No hay ninguna relación entre el crecimiento económico y las condiciones en que vive la gente", aseguró Martínez, que denunció también la concentración de la riqueza y la desigualdad en Chile, destacada por informes de organismos internacionales.
La CUT, la principal organización sindical del país, ha convocado para esta semana una huelga de 48 horas, a la que se sumarán los estudiantes universitarios y secundarios y más de 80 organizaciones de distintos sectores.
Reclaman una reforma del sistema tributario, una nueva Constitución, un nuevo código laboral, un sistema estatal de fondos de pensiones, ya que actualmente todas las administradoras son privadas, y mayores recursos para la sanidad y la educación públicas.
El Ejecutivo no sólo teme que la paralización pueda afectar severamente el funcionamiento de servicios básicos, también le preocupa que la movilización enlace con el conflicto de los estudiantes secundarios y universitarios que ya dura tres meses en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad.
La Ley de Seguridad de Estado, que suele aplicarse contra grupos terroristas, autoriza, entre otras cosas a las Fuerzas Armadas a garantizar el mantenimiento del orden y puede llegar a triplicar las sanciones contra los detenidos.
"Aquí la situación es muy clara: Hay un convocante oficial, que es la CUT, es un paro de carácter ilegal. Además nosotros consideramos que es un paro completamente injustificado, que no tiene ninguna razón de ser, a juicio del Gobierno", sentenció.
Entretanto, el presidente de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, dijo tras reunirse con Chadwick que "las leyes están para ser usadas si es que se requieren.
"Es una decisión del Gobierno, pero hay que defender el Estado de Derecho y el derecho de la mayoría, de millones de chilenos que no adhieren al paro", aseguró Coloma.
Por su parte, el presidente del derechista de Renovación Nacional, Carlos Larraín, afirmo que "no hay que tener ningún complejo, ni ambigüedad si es necesario aplicarla" (Ley de Seguridad Interior).
"Voy a pedir que se tomen las medidas pertinentes para que las personas transiten libremente", añadió Larraín.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, justificó los puntos que defiende la huelga y destacó que las buenas cifras macroeconómicas del país no reflejan la realidad de los trabajadores.
"No hay ninguna relación entre el crecimiento económico y las condiciones en que vive la gente", aseguró Martínez, que denunció también la concentración de la riqueza y la desigualdad en Chile, destacada por informes de organismos internacionales.
La CUT, la principal organización sindical del país, ha convocado para esta semana una huelga de 48 horas, a la que se sumarán los estudiantes universitarios y secundarios y más de 80 organizaciones de distintos sectores.
Reclaman una reforma del sistema tributario, una nueva Constitución, un nuevo código laboral, un sistema estatal de fondos de pensiones, ya que actualmente todas las administradoras son privadas, y mayores recursos para la sanidad y la educación públicas.
El Ejecutivo no sólo teme que la paralización pueda afectar severamente el funcionamiento de servicios básicos, también le preocupa que la movilización enlace con el conflicto de los estudiantes secundarios y universitarios que ya dura tres meses en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad.
La Ley de Seguridad de Estado, que suele aplicarse contra grupos terroristas, autoriza, entre otras cosas a las Fuerzas Armadas a garantizar el mantenimiento del orden y puede llegar a triplicar las sanciones contra los detenidos.
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