Tres meses de movilizaciones y tomas de centros educativos para reivindicar una Educación Pública Universal // Chile vivió su primer paro nacional desde la transición con un importante seguimiento.
Marina Agraz / Pablo G. de Castro | Revista NOTON
Palos y gases lacrimógenos. La represión deja cientos de detenidos en ChileLa convocatoria de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) de una Huelga General de 48 horas para los días 24 y 25 de agosto contó con el apoyo de más de 80 organizaciones. Los estudiantes emplazaron al gobierno con una carta a aceptar sus reivindicaciones acerca de la necesidad de un sistema público que asegure la cobertura del derecho a la educación de todos los chilenos. Las peticiones del estudiantado chileno han llevado al movimiento estudiantil a trascender clases sociales e intereses sectoriales para convertirse en un movimiento social transversal que pone en jaque la paz social establecida tras la sumisión de la Concertación a la Constitución de 1980. Y es que la unión entre los socialistas y Democracia Cristiana que gobernó Chile los últimos veinte años - hasta la victoria en 2010 del derechista Piñera - mantuvo vigente la Constitución del dictador Pinochet, quien destruyó la educación pública chilena con la implantación de medidas de corte neoliberal nacidas de la escuela de Milton Friedman.
La agitación que comenzó en abril de este año en algunas Universidades como la Central de Chile - que hunde sus raíces en la llamada ‘Revolución de los Pingüinos’ de 2006 - derivó en la primera marcha de estudiantes el pasado 12 de mayo con una manifestación en Santiago de Chile convocada por la Confederación de Estudiantes Chilenos(Confech).15.000 estudiantes tomaron las calles de Santiago denunciando que las reformas propuestas por el gobierno de Piñera iban “directamente en desmedro de la educación estatal pública” y venían a profundizar el modelo educativo implantado en la constitución de 1980, un modelo privatizador diseñado por los llamados ‘chicago boys’ de Pinochet. Se encendió en mayo una movilización que, dada la sangrante situación de la educación chilena para muchas familias, pronto se convirtió en una protesta generalizada que cuestiona toda la estructura que rige el modelo educativo chileno desde hace tres décadas.
Las marchas estudiantiles, duramente reprimidas por las ‘fuerzas especiales’, se han ido sucediendo aumentando paulatinamente en número, la mayor marcha del movimiento llegó a convocar entorno a 400.000 estudiantes el 30 de junio en todo Chile. El pasado 18 de agosto 100.000 manifestantes se reunieron bajo la lluvia en las calles de Santiago y la última demostración de fuerza del movimiento fue el pasado 21 de agosto, cuando se celebró el llamado ‘Domingo familiar por la educación pública’, que aglutinó alrededor de medio millón de personas en el Parque O´Higgins según los organizadores. Nace así la voluntad de promover un nuevo proyecto educativo que nazca desde la base social, para que la educación deje de ser considerada un bien de consumo y un privilegio y pase a ser un derecho social con cobertura universal.
Para estudiar en Chile hay que pasar por caja en todos los casos. Los estudiantes, tanto de las universidades privadas como de las tradicionales, deben pagar un arancel para disponer del derecho a la educación, una tasa obligatoria - aparte de la matrícula - para tener el título de la carrera. Es a través de los aranceles como se financian las universidades, en el caso de las tradicionales - financiadas en parte por el Estado- el arancel es más barato. Una carrera en una universidad tradicional cuesta en torno a 20.000 euros, cifra que se dispara hasta los 40.000 ó 60.000 euros en las privadas. La educación superior en Chile es de las más caras del mundo, está financiada en más del 80% por las familias, aportando el Estado solo el 15%, frente al 97% de Finlandia o el 81% del Estado Español. Esto supone que las familias se ven obligadas a endeudarse para financiar la educación de sus hijos. Economistas comoMarcel Claude abogan en Chile por el avance hacia una educación pública financiada al 100% por el Estado y proteger así el derecho a la educación de los sectores más desfavorecidos de la población.“Chile es el único país del mundo que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación y eso es lo que tiene que cambiar”, afirma el académico en Gestión Pública de la Universidad de Chile. Los máximos beneficiados de este sistema son los empresarios que se lucran de la educación y las entidades bancarias que obtienen cuantiosos beneficios de la deuda de los estudiantes.
Una carrera en una universidad tradicional cuesta en torno a 20.000 euros, cifra que se dispara hasta los 40.000 ó 60.000 euros en las privadas. En torno al 60% de los estudiantes de familias con pocos recursos abandona por no poder hacer frente al pago de la deuda contraída para cursar sus estudios universitarios.
Hay que tener en cuenta que más del 80% de los estudiantes de Chile están matriculados en centros privados, solo unos pocos consiguen superar las pruebas de acceso para las pocas plazas que ofrecen las univesidades tradicionales. La situación precaria de los liceos municipales dificulta el acceso a estas universidades para los estudiantes de menos recursos, avocándoles a contraer una deuda para continuar su formación. Así, un estudiante chileno con una deuda media de 20 millones de pesos (30.000 euros) puede optar a diferentes créditos para financiar su educación, créditos que le llevarán a pagar desde 3 millones de pesos de interés (4.500 euros) hasta 13 millones (20.000 euros). En el caso de los estudiantes de las universidades tradicionales, pueden optar al llamado “fondo solidario”, un crédito a 15 años con un 2% de interés y aquellos que pertenezcan a universidades privadas realizarán su carrera bien a través de un crédito con aval del Estado (5,5% de interés), o bien a través de créditos ofrecidos por entidades privadas (entre el 6,5 y el 8% de interés). El ahogo que supone esta deuda para las familias chilenas lleva a muchos a abandonar sus estudios, son los estudiantes que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad quienes más se ven obligados a desertar. En torno al 60% de los estudiantes de familias con pocos recursos abandona por no poder hacer frente al pago de la deuda contraída para cursar sus estudios universitarios.
La rotundidad con que los estudiantes exigen un diálogo claro con los legisladores para reformar el sistema educativo chileno ha acabado con el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien no era considerado interlocutor válido por haberse presuntamente lucrado a través de la venta de la Universidad del Desarrollo. El estudiantado denuncia que la aprobación de la ‘Ley de calidad y equidad’ de 2010 - con Piñera en el gobierno - se llevó a cabo sin el diálogo necesario entre todos los actores del ámbito educativo. Camila Vallejo, presidenta de la Confech, afirma que se hizo “de espaldas a la ciudadanía” y reclama un diálogo que realmente responda a la necesidad de “recuperar la educación como un derecho social”. Los estudiantes exigen al gobierno y al parlamento terminar con el lucro en la educación, ampliar la protección social a los sectores más desfavorecidos y acabar con el autofinanciamiento de las Universidades - para lo que piden un mayor aporte del Estado en educación -, así como reestructurar el sistema de becas para frenar el endeudamiento de las familias y que exista una mayor democracia interna en las instituciones de educación.
El panorama en materia educativa que se vive hoy en Chile alerta sobre el peligro de aplicar en Europa políticas educativas de corte neoliberal, como es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como “Plan Bolonia”
La consecuencia del modelo neoliberal implantado por los chicago boys en Chile ha sido un enorme grado de privatización de la educación en el país andino, sorprendiendo que, siendoel país sudamericano con mayor renta per cápita, el Estado afirme ser incapaz de asegurar la educación para todos sus jóvenes. En otros países de Latinoamérica como Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Colombia o Perú sí que disfrutan de universidades públicas, cubriendo el Estado las necesidades educativas de al menos el 80% de los estudiantes. El panorama en materia educativa que se vive hoy en Chile alerta sobre el peligro de aplicar en Europa políticas educativas de corte neoliberal, como es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como “Plan Bolonia” - dirigidas, entre otras cosas, a conseguir el autofinanciamiento de las Universidades, acercándose así al modelo chileno.
La protesta estudiantil chilena se extiende a todos los sectores sociales, alcanzando ya una dimensión política que cuestiona las bases de la estructura sobre la que se asienta la sociedad chilena posterior a la transición. Esta nueva generación, que no conoció la dictadura, sabe que avanzar hacia el futuro supone revisar el pasado.
Y es que la Concertación - vendida para muchos a las multinacionales aunque predica una posición progresista - no se animó a poner en marcha un proceso constituyente, algo que muchos de estos jóvenes entienden como fundamental dada la ilegitimidad de la Constitución pinochetista vigente. El futuro puede pasar por la convocatoria de una asamblea constituyente que incluya la necesaria reforma fiscal que rompa con las enormes diferencias sociales existentes en el país sudamericano con más desigualdad. Así como medidas orientadas a la renacionalización del cobre, la principal riqueza del país, un recurso cuyas exportaciones están valoradas en 40.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, como afirma la presidenta de la Confech, el gobierno de Piñera “se empeña en avanzar en la dirección contraria”, respondiendo a “los intereses de una minoría particular que está hoy en el gobierno”.
La rotundidad con que los estudiantes exigen un diálogo claro con los legisladores para reformar el sistema educativo chileno ha acabado con el Ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien no era considerado interlocutor válido por haberse presuntamente lucrado a través de la venta de la Universidad del Desarrollo. El estudiantado denuncia que la aprobación de la ‘Ley de calidad y equidad’ de 2010 - con Piñera en el gobierno - se llevó a cabo sin el diálogo necesario entre todos los actores del ámbito educativo. Camila Vallejo, presidenta de la Confech, afirma que se hizo “de espaldas a la ciudadanía” y reclama un diálogo que realmente responda a la necesidad de “recuperar la educación como un derecho social”. Los estudiantes exigen al gobierno y al parlamento terminar con el lucro en la educación, ampliar la protección social a los sectores más desfavorecidos y acabar con el autofinanciamiento de las Universidades - para lo que piden un mayor aporte del Estado en educación -, así como reestructurar el sistema de becas para frenar el endeudamiento de las familias y que exista una mayor democracia interna en las instituciones de educación.
El panorama en materia educativa que se vive hoy en Chile alerta sobre el peligro de aplicar en Europa políticas educativas de corte neoliberal, como es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como “Plan Bolonia”
La consecuencia del modelo neoliberal implantado por los chicago boys en Chile ha sido un enorme grado de privatización de la educación en el país andino, sorprendiendo que, siendoel país sudamericano con mayor renta per cápita, el Estado afirme ser incapaz de asegurar la educación para todos sus jóvenes. En otros países de Latinoamérica como Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Colombia o Perú sí que disfrutan de universidades públicas, cubriendo el Estado las necesidades educativas de al menos el 80% de los estudiantes. El panorama en materia educativa que se vive hoy en Chile alerta sobre el peligro de aplicar en Europa políticas educativas de corte neoliberal, como es el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también conocido como “Plan Bolonia” - dirigidas, entre otras cosas, a conseguir el autofinanciamiento de las Universidades, acercándose así al modelo chileno.
La protesta estudiantil chilena se extiende a todos los sectores sociales, alcanzando ya una dimensión política que cuestiona las bases de la estructura sobre la que se asienta la sociedad chilena posterior a la transición. Esta nueva generación, que no conoció la dictadura, sabe que avanzar hacia el futuro supone revisar el pasado.
Y es que la Concertación - vendida para muchos a las multinacionales aunque predica una posición progresista - no se animó a poner en marcha un proceso constituyente, algo que muchos de estos jóvenes entienden como fundamental dada la ilegitimidad de la Constitución pinochetista vigente. El futuro puede pasar por la convocatoria de una asamblea constituyente que incluya la necesaria reforma fiscal que rompa con las enormes diferencias sociales existentes en el país sudamericano con más desigualdad. Así como medidas orientadas a la renacionalización del cobre, la principal riqueza del país, un recurso cuyas exportaciones están valoradas en 40.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, como afirma la presidenta de la Confech, el gobierno de Piñera “se empeña en avanzar en la dirección contraria”, respondiendo a “los intereses de una minoría particular que está hoy en el gobierno”.
Marina Agraz / Pablo G. de Castro. NOTON
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