x Herramienta
La protesta popular y la represión a los manifestantes contra la megaminería en la provincia de Catamarca es un hecho político y social destacado de la última semana.
Capítulo 7 del libro "15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina". Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta, Buenos Aires, Argentina, octubre de 2011, ISBN 978-987-1497-46-1, 224 páginas.
La misma Cristina Kirchner y gobernadores provinciales han salido públicamente a cuestionar los fundamentos de la lucha en marcha. Entre otros, Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca defendió los proyectos mineros en la provincia y negó que la actividad contamine el ambiente.
Mito 7: La minería puede ser limpia, no contamina el ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental
Las tecnologías que permiten la explotación de yacimientos conllevan un elevado riesgo y capacidad de contaminación y daño ambiental, evidencia que se procura minimizar, incluso en algunos países centrales, como Estados Unidos (Palmer y otros, 2010: 148-154).
La minería demanda enormes cantidades de agua, y contamina frecuentemente las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro. El drenaje ácido y otras formas de contaminación son efectos comprobados, que, muchas veces, comienzan después de que se retiró la empresa y se cerró la mina. En promedio se extrae un 0,5% de cobre de la roca (en Estados Unidos, hace un siglo, se obtenía 2,5%) y 0,0001% en el caso del oro. Por cada onza de oro producida, se genera un promedio de 79 toneladas de desechos.
Así, tanto para el caso de Bajo de La Alumbrera en particular como para esta megaminería en general, y los gravosos impactos que le son inherentes, la Universidad Nacional de Córdoba (2009) considera demostrado lo siguiente:
2. Los efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos: sobre el Vis Vis-Amanao, por encontrarse en su cabecera el dique de colas; sobre el río Santa María debido a la captación y alto consumo de agua subterránea en el Campo del Arenal; sobre el Salí y el Dulce, por cuanto se vierten los líquidos residuales de la Planta de Filtros en Tucumán a través del Desagüe Pluvial 2 (DP2). En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2, indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT), sulfatos y molibdeno, detectadas en el comienzo del canal, y que superan los límites normados.
3. La contaminación debida al drenaje ácido, vinculado principalmente a la presencia de pirita (sulfuro de hierro), mineral que queda acumulado en las escombreras y diques de colas, y que, bajo determinadas condiciones, se transforma en ácido sulfúrico, que es lixiviado por la lluvia.
4. Los efectos a largo plazo del proceso de drenaje ácido, con todas sus implicancias socioambientales. Luego de veinte años, ese efecto se puede constatar aún hoy tras el abandono de minas con características similares –Mina La Concordia, en la Puna de Salta y Mina Pan de Azúcar, en la Puna de Jujuy–, ya que el drenaje ácido fluye superficialmente por los arroyos y también se infiltra, contaminando las capas subterráneas. Trabajos realizados en otras regiones del mundo muestran que las plumas de drenaje ácido, a través de los cuerpos de agua subterránea que se desplazan por sistemas de acuíferos, se mantienen durante décadas, y que, por ejemplo, en los Estados Unidos y Canadá, las minas de oro –algunas de más de cien años, unas recientemente cerradas y otras activas– presentan filtraciones ácidas, las que insumen cientos de millones de dólares en acciones de mitigación.
5. La grave e irreversible destrucción de los ecosistemas; contaminación de las fuentes de agua; la magnitud y peligrosidad de los insumos y efluentes; una profunda afectación a la flora, la fauna, el hábitat y el paisaje local; y la consecuente pérdida de biodiversidad y la degradación general de las condiciones socioambientales mínimas requeridas para las restantes actividades económicas, para la salud humana –tanto desde el punto de vista genético como de la generación de diversas patologías– y la reproducción de la vida en general.
Según el Informe de Impacto Ambiental (IIA), Barrick Gold pretende obtener del yacimiento Pascua Lama 14,4 millones de onzas de oro, que equivalen a 447 toneladas, o 23,5 m3 de oro (el volumen de una habitación de 3 m x 3 m x 2,60 m), lo cual requeriría: roca removida con explosivos: 1.806 millones toneladas; agua: 170 millones m3; cianuro de sodio: 379.428 toneladas (4 camiones/día); explosivos: 493.500 toneladas (3 camiones/día); gasoil: 943 millones de litros; nafta: 22 millones de litros; lubricantes: 57 millones de litros; electricidad: 110 MW (3 primeros años: 82 MW), consumo anual medio: 929 GW/h. El consumo eléctrico de un hogar argentino medio durante todo un año (2,36 MW/h en 2006) en Pascua Lama alcanzaría para procesar 54 gramos de oro.
Cada gramo de oro extraído de Pascua Lama requerirá remover 4 toneladas (4.000.000 g) de roca; consumir 380 litros de agua; 43,6 KW/h de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio); 2 litros de gasoil; 1,1 kg de explosivos; y 850 gramos de cianuro de sodio.
El fenómeno del drenaje ácido puede durar cientos o miles de años y puede ser particularmente grave cuando las explotaciones mineras están ubicadas en las cabeceras de las cuencas hídricas, ya que impactan aguas abajo de las mismas. Muchos Estados otorgan el uso y/o control sobre el agua con las concesiones mineras sin costo para las empresas.
El agua, principal insumo en el proceso extractivo, es obtenida de ríos y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de cientos o miles de litros por segundo. Las explotaciones suelen situarse en los sectores más altos de las cuencas hídricas y, en algunas ocasiones, en las proximidades de reservas de agua fósil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de agua recomendado por persona es de 80 litros de agua por día. Según lo declarado por Barrick Gold, en su Informe de Impacto Ambiental (IIA), para Veladero se utilizarían 110 l/seg. De acuerdo con el IIA de San Jorge, proyecto mucho menor que Veladero, requerirían 141 l/seg. Para Pascua Lama, Barrick Gold declara requerir del lado argentino un promedio de 215 l/s. Potasio Río Colorado (PRC) tiene otorgado por ley 1000 litros por segundo, que es aproximadamente igual al consumo de Minera Alumbrera, mina cuyo impacto es más severo que el de PRC, dado que se encuentra en un área con mucho menor disponibilidad hídrica.
Tomando en cuenta las características tecnológicas de la megaminería a cielo abierto, estos procesos extractivos son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado se exportan también enormes cantidades de estos “recursos”. Respecto del agua, ya se ha indicado que sin la existencia y disponibilidad de agua en grandes cantidades y a muy bajo costo, la minería resulta literalmente inviable. De allí que uno de los aspectos clave dentro de las reformas institucionales aplicadas para la “promoción” de las inversiones mineras en la región haya sido el de asegurar el abastecimiento a bajo o nulo costo de recursos hídricos.
En lo que a energía se refiere, Pascua Lama ilustra un emblema de fiscalidad del siglo XIX, con privilegios escandalosos para un país con crisis energética, como afirman Gutman y Adaro (2007), en el que las mineras son “devoradoras de energía barata”. Los autores afirman:
“Pascua Lama […] prevé una demanda promedio de energía de 110 MW, con una demanda máxima de 123 MW, según lo estimado en su Informe de Impacto Ambiental. Estos MW serán provistos por la conexión a la red de suministro. La demanda mensual de combustibles en la fase operacional sería de 3.150.000 litros de gasoil y 60.000 litros de nafta por mes durante 21 años. Las cifras declaradas de tres de los principales emprendimientos son de un consumo de 150 MW en el caso de la Alumbrera; 110 MW en el de Pascua Lama y 135 MW previstos para Agua Rica; un total de 395 MW. Para tener una idea: la central nuclear de Atucha I produce 357 MW. Para completar la idea sólo hace falta multiplicar estas cifras por los más de 275 proyectos en preparación anunciados en 2006 por la Secretaría de Minería de la Nación”.
Para dimensionar cuantitativamente los volúmenes de agua insumidos por los procesos mineros, la Dirección General de Aguas (DGA) de Chile ha estimado –en base a datos proporcionados por las empresas mineras– que el consumo de agua fresca por parte de las grandes compañías ascendía en el año 2006 a 12,8 m3/segundo, lo que significaba un consumo anual de 403,6 millones de m3 de agua fresca por año (DGA, 2008). Esto se ha convertido en una importante fuente de conflictos por el agua, ya que el uso minero ha desplazado no solo a las actividades agrícolas, sino que también llega a poner en riesgo la disponibilidad de agua para el propio consumo humano básico. La alta demanda de agua que insumen las actuales explotaciones mineras se torna aún más crítica cuando los yacimientos se localizan en zonas naturalmente áridas y semiáridas, como ocurre en buena parte de América Latina.
Como lo admite una propia entidad minera gubernamental del vecino país:
“El desafío [del agua] es mayor para la minería en Chile, ya que en nuestro país la actividad minera está concentrada en zonas de extrema sequedad. Este escenario de escasez del recurso en el norte de Chile es fuente de conflictos no solo entre sectores productivos competidores por su uso (minería versus agricultura), sino que también respecto a su disponibilidad para consumo humano. Las proyecciones de demanda crecientes de agua imponen aún mayor presión a un sistema que ya se encuentra muy estresado” (COCHILCO, 2008: 12).
Agua Rica, otro emprendimiento cuestionado, emplazado próximo a la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, consumiría, de ponerse en marcha, 390 litros por segundo, es decir casi 34 millones de litros de agua por día. El consumo estimado de agua de la población de Andalgalá, unos 15.000 habitantes, es de apenas 1,5 millón de litros de agua por día. Minera Agua Rica declara en su propio informe que:
“Después que Quebrada Minas sea interceptada y todo el drenaje del área de la mina sea desviado […], la cantidad de agua superficial […] disminuirá. Una reducción de agua en el Río Minas tiene el potencial de disminuir los flujos de agua en dirección aguas abajo del Río Andalgalá […], lo cual, a su vez, podría tener efectos adversos en la agricultura, la economía local y la calidad de la vida humana. El hábitat y la vida acuática también podrían verse afectados por los cambios en los caudales de agua.” (Proyecto Agua Rica, Informe de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo, 2007: 38).
En relación al impacto que implicará el bombeo de aguas subterráneas que proyecta la Minera, señala dicho informe que “se espera que la extracción del agua subterránea del acuífero Campo Arenal disminuya la cantidad de agua descargada en el Río Santa María en 1,6 l/s, y, en Río Nacimientos, en 8,4 l/s” (Proyecto Agua Rica, Informe de Impacto Ambiental, Resumen Ejecutivo, 2007: 39). El proyecto Gualcamayo, en la provincia de San Juan, consume actualmente 106 litros por segundo, según el informe de la empresa. El agua generalmente es obtenida de cursos de agua o de perforaciones profundas, lo que ocasiona la alteración de las condiciones de riego en las cuencas afectadas. Se estima que en el caso del Proyecto Pascua Lama la magnitud del consumo acuífero será muy superior por las características del proyecto.
Un caso significativo, en más de un aspecto, se advierte en las pretensiones del sector y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en la provincia de Córdoba, ya que hacen estallar más de un mito a la vez. Para contextualizarlo, antes de referir al compromiso de las aguas en su existencia de cuencas, y no meros volúmenes, hay que recordar que en dicha provincia la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, incluida la del uranio, con sustancias tóxicas, se encuentra prohibida en todas sus etapas (Ley n° 9526).
Este instrumento legal, la sexta ley de prohibición sancionada por siete provincias argentinas, es resultado de una comprometida participación ciudadana; en sus considerandos enumera y explica los alcances de los daños de la actividad, sus tecnologías, impactos económicos sobre otras actividades, etc.
Pero, a pocos meses de sancionada, una ofensiva de la corporación empresarial, la Cámara Empresarial de Minería de Córdoba –CECOMIN– y, en particular, de los geólogos de la CNEA interpusieron un recurso de acción de inconstitucionalidad, a fin de lograr su derogación. Además de mostrar la pretensión de torcer la voluntad ciudadana, expresada en la ley vigente, la acción iniciada ante el Tribunal Superior de Justicia hace pública la pretensión de obtener 5000 hectáreas para la exploración de uranio. La zona comprometida se encuentra justamente sobre la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, donde nacen el río Chico de Nono y varios afluentes del río Mina Clavero, principales tributarios del embalse Medina Allende, que proveen de agua potable a localidades de los departamentos de San Javier y San Alberto de la mencionada provincia de Córdoba (Morales Lamberti, 2008).
Por otro lado, se afecta profundamente la morfología de la zona donde se efectúa la explotación, al realizarse un pozo (tajo, rajo u open pit) de hasta cientos de hectáreas de superficie y cientos de metros de profundidad. Esta excavación es abandonada al finalizar la explotación, es decir, donde antes había un cerro o una ladera del mismo, al concluir la actividad de la mina, queda una gran hondonada (o hasta decenas de ellas, como las que ya ha generado la mina Cerro Vanguardia en Santa Cruz). Asimismo, y antes de comenzar la explotación, esta megaminería ejerce una fuerte intrusión en vastas zonas del territorio para acceder a los yacimientos y su posterior extracción: huellas mineras, aperturas de acceso, camiones de muy gran porte, ingreso y traslado de sustancias peligrosas y explosivos. Para ello, además, utilizan a discreción rutas y caminos públicos; usufructúan la infraestructura del estado y demandan cuantiosa obra pública para operar.
Se utilizan sustancias tóxicas, como el cianuro, el ácido sulfúrico o el xantato para extraer los metales de las rocas removidas, trituradas y molidas, mediante operaciones conocidas como lixiviación y/o flotación, según los casos. Los residuos de esta operación son almacenados en depósitos que, muchas veces, ya sea por deterioros o derrames, terminan contaminado los cursos de agua o las aguas subterráneas. También, suelen contaminarse el aire y los suelos, los sistemas productivos y la salud humana (cánceres, enfermedades respiratorias y en la piel son algunos de los signos que han proliferado en las zonas afectadas). Del mismo modo, se contamina con los escombros generados: las rocas removidas, remanentes de la explotación, son depositadas formando escombreras, las cuales pueden drenar diversas sustancias contaminantes –ácidos y metales de diversa toxicidad¬– (Cátedra UNESCO, 2008: 111-125; AA.VV., 2009).
En cuanto al aire, la fundición de metales contribuye con el 13% de las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y la minería consume entre el 7 y 10% de la producción de energía, principalmente en base a petróleo y carbón. Este tipo de actividad minera contribuye con el 20% al cambio climático global. Según un estudio de cuatro especialistas en geología y minería, sobre una muestra representativa de las 183 mayores minas que operaron en EE.UU. desde 1975, el 76% de ellas provocó en las aguas superficiales y/o subterráneas excesos de cobre, cadmio, plomo, mercurio, níquel, zinc, arsénico, sulfato y/o cianuro respecto de los estándares de calidad, a pesar de lo pronosticado por la mayoría de los respectivos Informes de Impacto Ambiental y de las medidas de mitigación propuestas en los mismos (Kuipers y otros, 2006).
Las empresas esgrimen también que la agricultura bajo riego consume mucha más agua que la minería, como es cierto, por ejemplo, en la provincia de Mendoza. Asimismo, debido al cambio climático y al crecimiento poblacional, también resulta necesario mejorar la eficiencia en buena parte del actual sistema de riego. Pero no debe olvidarse que esa agricultura irrigada en un medio árido, junto con las industrias derivadas de la misma, representa la principal base económica que desde hace siglos sustenta la vida y actividad de los oasis mendocinos y sus 1.700.000 habitantes actuales.
Además, el sector minero suele difundir datos exagerados sobre el uso agrícola del agua. Por ejemplo, Minera San Jorge, en la provincia de Mendoza, afirma que el consumo de agua requerida por su proyecto, 141 litros/segundo, equivaldría a 140 hectáreas de viña con riego por goteo, o a 60 ha con riego por surco. En realidad, ese consumo previsto para el proyecto San Jorge corresponde al agua necesaria para regar en San Rafael 545 ha por goteo o 230 ha por surco, casi el cuádruplo de lo informado por la empresa.
Según un geólogo empresario minero, “la minería no consume agua, usa agua pero la devuelve al medio”, y estima que el consumo agrícola de Mendoza es de 448 m3/seg (Carotti, 2009). Tal afirmación carece de sustento: mal podría la agricultura consumir un caudal superior al total de los ríos mendocinos. El caudal medio asignado para riego en Mendoza es de 157 m3/seg, y para todos los usos el caudal medio total disponible, tanto superficial (conjunto de ríos y arroyos + reúso potencial de efluentes) como subterráneo, es de 229 m3/seg (UNCUYO, 2004). Y en efecto, la minería devuelve agua al medio, pero principalmente por evaporación, de modo que no queda disponible río abajo para otros usos, y efectúa así un consumo o uso consuntivo. Respecto del agua que devuelve en forma de efluentes, sean superficiales o subterráneos, implica elevados riesgos de contaminación con diversos elementos.
Por otra parte, tratándose de la producción de alimentos, la agricultura bajo riego debe gozar de una prioridad incomparablemente mayor a la minería, sobre todo respecto de la aurífera. Los caudales deberían ser asignados según el valor social de uso de los diversos productos a obtener o necesidades a satisfacer, y no según el precio de mercado fijado por la demanda solvente.
Por otro lado, el volumen anual disponible por habitante en Argentina es de 22.500 m³/hab, mientras que el límite de escasez –estrés hídrico– adoptado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es de 1.000 m³/hab.
Pero, como afirma el geógrafo Vicente Di Cione (2008): “Esto no significa que la geografía del país sea homogénea, por lo cual hay lugares donde escasea y escaseó el recurso históricamente, que son las zonas áridas”. Las regiones áridas y semiáridas (que comprenden la Patagonia, con excepción de los Andes patagónicos, y las provincias del centro-oeste, oeste y noroeste; con excepción de las delgadas franjas del ecosistema de yungas en Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca) representan el 61% del territorio. En algunas de ellas, existen valores de disponibilidad inferiores al piso propuesto por el PNUD, especialmente en la cuenca hidrográfica del río Desaguadero y sus afluentes.
En tanto, en las zonas húmedas o semihúmedas –principalmente noreste y centro este de Argentina–, la disponibilidad tampoco implica que el recurso se encuentre en óptimas condiciones. El vertido de desechos industriales y cloacales con escaso o nulo tratamiento, la lixiviación desde basurales, el uso intensivo y extensivo de agroquímicos y la sobreexplotación de acuíferos para riego complementario constituyen una grave amenaza a su calidad.
La idea de que la Argentina es excedentaria en el recurso del agua, dice Di Cione, ha impedido que la preservación del agua sea tema prioritario no sólo de las autoridades sino del conjunto de la sociedad. “El problema es que se suman una serie de actividades; tiene que ver con esta visión de desarrollo indefinido: parecería que no hay límites para el desarrollo y, por lo tanto, para la utilización de los recursos” (Di Cione, 2008), subraya el geógrafo, poniendo como ejemplos la gran minería y la expansión de la frontera agraria, “el modelo sojero, fundamentalmente” (Inés Aiuto, y Hernán Scandizzo, 2010).
La disputa y el uso imprescindible del agua como bien escaso han sido explícitamente formulados y puestos en agenda por la megaminería regional como tema urgente, ya en 2009, como se comprueba en eventos del sector. A manera de ejemplo, en el VI Congreso Internacional ProExplo 2009, en Perú, del que participaron conferencistas del sector minero de varios países, como Chile, Australia, Reino Unido, Canadá, Brasil y Alemania, se decía:
“No olvidemos que el agua también es un recurso mineral escaso y de calidad variable, recurso vital para todo proyecto […] y que, por tanto, requiere ser estudiado en profundidad. Debemos empezar seriamente a explorar por agua y eso requiere promocionar el tema en este ProExplo 2009” (IIMP, 2009).
Este diagnóstico de urgencia ha sido precedido por más de cinco años de acciones corporativas en torno al “agua como problema productivo”. En la actualidad, el agua es el foco de áreas temáticas y redes de proyectos de investigación consorciados por el sector, y destinados a él. En efecto, proyectos multiescalares persiguen el relevamiento y la localización de aguas superficiales y profundas, a fin de controlar la administración y los usos de ese vital y escaso elemento (Estrada, 2005). Al menos cuatro observaciones ameritan esta sensible cuestión.
La primera de ellas se refiere a las implicancias del tratado argentino-chileno, que ha consagrado para Barrick Gold el uso de la cuenca hidrográfica, y no meramente “litros de agua”. En tal sentido, vale la pena destacar que esta dimensión de la legislación para la actividad minera salió a la luz en el proceso de debate político institucional y social en torno a los glaciares. Así, quedó además en evidencia aquello que las asambleas ciudadanas han venido denunciando desde sus comienzos, esto es, que en el discurso hegemónico argentino, el denominar “tratado binacional” al tratado minero, para el negocio minero, no sólo posibilitó escamotear, cuando no ocultar bajo el imaginario de la fraternidad entre pueblos, la política de entrega de recursos, sino, y de manera determinante, la desapropiación de la cuenca hidrográfica del cordón cordillerano para control las mineras.
La segunda observación se refiere a los proyectos de investigación direccionados al control del “recurso”. En este punto, se observa que, al igual que en la década de los ‘90, con respecto al relevamiento para las empresas de los minerales que ellas hoy explotan, gracias a investigaciones del sistema público, se está realizando el relevamiento de aguas en estos días, como entonces fue del oro, el cobre, el uranio, etc. Esto se hace desde el ámbito de las instituciones y con la masa crítica “pública”, y con endeudamiento también público, para el sector corporativo. Las modalidades en que esta entrega de recursos se presenta para tamaña transferencia de patrimonio de aguas, suele adoptar la políticamente correcta expresión de “aguas para usos productivos y sociales”, donde el orden en que se enuncian ambos destinos –productivos y sociales– adelanta la preeminencia y asimetría de relaciones politicoempresariales con que se decidirá tal administración y distribución.
En tal sentido, este proceso no solo ya se está disputando con otros sectores productivos –como el agropecuario–, sino, también, se está dando en el marco de procesos de reordenamiento territorial en varias provincias; escenarios estos, donde los sectores empresariales suelen imponer la lógica de lucro de sus intereses sectoriales a través de la clase política.
La tercera observación se vincula con la manera apaciguadora, engañosa y denegatoria en que la voracidad y voluntad de control del recurso aparece en el discurso corporativo. Al respecto, resulta particularmente ilustrativo señalar el doble juego por el cual, por un lado, la corporación afirma que tiende a minimizar el uso del recurso; y por otro, presenta “el problema del agua” como una variable central en la conflictividad social y comunitaria que genera la megaminería (GECOMIN, 2011).
La cuarta y última observación se refiere al formidable negocio tercerizado del agua, del que participan, entre otros agentes, las mismas consultoras que ofrecen estudios de impacto ambiental para las mineras y el lobby público-privado para lograr, de parte de los gobiernos, la autorización para el acceso y uso de las aguas requeridas para los “emprendimientos”, denominación falaz del modelo extractivo.
Cabe destacar respecto del agua, la importante decisión de Naciones Unidas, por la cual, el 28 de julio de 2010, quedó formalmente establecido el derecho humano al agua potable y al saneamiento. En efecto, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en Nueva York la resolución que reconoce tal derecho, con 122 votos a favor, 41 abstenciones (principalmente de países “desarrollados”) y ningún voto en contra. Tal declaración manifiesta su “profunda preocupación”, porque “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”. Agrega su “alarma” porque “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento” (Redes, 2010).
Asimismo, cuando voceros del sector no pueden negar estos datos, elaboran una falacia ad hoc, un “submito”, según el cual “no hay escasez de agua porque se puede desalinizar el agua de los océanos”. Entonces, ¿por qué hoy las mineras instaladas en Chile buscan importar agua argentina? ¿Por qué buena parte de la población mundial no tiene acceso al agua, como lo demuestra la declaración de Naciones Unidas?
Si la “maravillosa tecnología extractiva” puede a futuro desalinizar el agua, como afirman profesionales cooptados por el sector de la megaminería, entonces, que se declare una moratoria minera, hasta tanto las empresas trasnacionales, con sus capitales, efectivamente desalinicen el agua de los océanos (si bien ello implicaría un gran consumo energético, con el consiguiente impacto ambiental), y que el agua dulce sea un bien común y un derecho humano, y que, al mismo tiempo, el Estado Nacional comience de inmediato el inventario de glaciares y proteja el patrimonio de los reservorios de aguas cordilleranas.
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