por Lucia Lagunes Huerta
Es violencia de Estado por no proteger, promover y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, ya sea por negligencia, por omisión o por complicidad, al no ejercer con responsabilidad, honestidad y transparencia un recurso público como lo es el presupuesto de egresos.
Fuente: Cimac
En un marco de alta violencia que vive el país –la cual recrudece la violencia contra las mujeres– quitar los recursos que se destinan para protegerlas podría decirse que es casi un crimen.
No sólo es contradictorio que la autoridad “desaparezca” los recursos destinados para ello. Es violencia institucional cuando en cinco de cada 10 hogares mexicanos las mujeres viven violencia; cuando las más altas autoridades han señalado como prioritario erradicar la violencia contra las mujeres, al grado de pedirles perdón por no erradicar este flagelo.
Violencia de Estado que lacera los derechos de la población femenina, porque no sólo escamotea los recursos asignados para la atención de las víctimas, sino que miente ante las autoridades internacionales diciendo que el gobierno sí cumple para erradicar la violencia contra las mujeres.
Son 50 millones de pesos los que fueron asignados desde la Cámara de Diputados para apoyar el trabajo que se realiza en los Centros de Atención Externa de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia (CAER). Se destinaron a la Secretaría de Salud, sin embargo la dependencia dice que estos recursos simplemente “desaparecieron”.
Este acto de magia impacta en miles de mujeres para quienes su único recurso para salvar su vida es huir del hogar, y recurrir a estos centros en busca de ayuda.
Por ello es violencia de Estado por no proteger, promover y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, ya sea por negligencia, por omisión o por complicidad, al no ejercer con responsabilidad, honestidad y transparencia un recurso público como lo es el presupuesto de egresos.
Esta falta de apoyo económico provocó, por ejemplo, que el CIAM que dirige la periodista y defensora de Derechos Humanos Lydia Cacho, cerrara sus puertas en enero de este año.
Corren el mismo peligro los 34 CAER que existen en todo el país, los cuales reciben entre 25 y 30 solicitudes de apoyo cada día, y que en algunas entidades como Veracruz, Coahuila, Morelos y Chihuahua están a punto de desaparecer.
Cómo pueden esfumarse 50 millones de una partida presupuestal sin que nadie se dé cuenta, es la pregunta que aún no tiene explicación y de la cual el secretario de Salud federal, Salomón Chertorivski Woldenberg, tiene que rendir cuentas no sólo ante las y los diputados, sino ante la sociedad, pues recordemos que estos recursos públicos son recaudados de los impuestos que paga la ciudadanía.
¿Dónde quedó la bolita de 50 millones en plena contienda electoral? Esa es la cuestión y por el bien de todas y todos es mejor que aparezcan.
Twitter @lagunes28
*Directora general de CIMAC.
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