PL – La policía puertorriqueña se encuentra hoy zarandeada por la denuncia de actos de corrupción cometidos por agentes de una división elite que ejecutaron allanamientos ilegales en los cuales se apropiaron de dinero y drogas.
El escándalo se destapó esta semana cuando la transexual Ivana Fred Millán denunció que 21 miembros del cuerpo elite de la policía, incluido un supervisor, requisaron ilegalmente su apartamento y se llevaron dos mil 200 dólares en efectivo.
Fred Millán afirmó que no se encontraba en el inmueble a la hora del registro y que pese a no contar con una orden judicial, los agentes rompieron la puerta e ingresaron a su domicilio.
La denuncia de la transexual hizo aflorar el caso de un ciudadano dominicano que en 2011 presentó una denuncia por un accidente de auto en Río Piedras y terminó preso en la unidad policial cuando no pudo evidenciar que es residente legal en territorio estadounidense.
En ese caso los policías no sólo extralimitaron sus funciones sino que, según el perjudicado Rafael de la Cruz, los agentes le robaron mil 700 dólares que tenía en la guantera de su automóvil.
El jefe de la policía de Puerto Rico, Héctor Pesquera, se vio forzado ayer a remover de sus funciones habituales a un sargento y 17 agentes de la división de drogas en lo que culmina una pesquisa dirigida a fijar responsabilidades de actuaciones ilícitas.
Pesquera, un controvertido exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), incluyó además en la suspensión a cuatro supervisores a quienes se les cuestiona por abuso de autoridad.
El jefe de la policía explicó que 17 de los 113 agentes y uno de los ocho supervisores pasaron a “funciones administrativas” en diversas zonas del país en lo que culminan las investigaciones de las querellas.
Debido a esta situación el director, teniente Luis Flores, tuvo que tomar vacaciones y al concluirlas ya no volverá al puesto, indicó.
El caso más dramático de reciente corrupción policial en Puerto Rico es el de Yocasti Paredes, quien denunció en octubre que agentes del organismo allanaron su casa y se llevaron drogas y alrededor de 10 mil dólares.
Días después la mujer de 22 años fue asesinada y la policía identificó como autor del crimen a un sicario de 29 años que murió en un intercambio de disparos, con lo que el caso quedó cerrado.
Más allá de las acciones iniciadas por el jefe policial Pesquera y por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para establecer responsabilidades, subyace el temor de que al final los agentes salgan indemne de la pesquisa, a la que se dice posiblemente entre el FBI.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos rindió hace unos meses un informe en el que puso en evidencia la corrupción y las violaciones de derechos humanos y civiles en que frecuentemente incurre la policía de Puerto Rico.
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