AVN – La represión desatada por la policía paraguaya fue la causante de la muerte de 11 campesinos y 6 uniformados en la localidad de Curuguaty, ocurrida en julio pasado.
Esta afirmación se desprende de una investigación realizada por la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflicto Campesinos (PEICC), organismo dirigido por Domingo Laino.
El informe, elaborado por un equipo dirigido por el jurista español Altor Martínez, está avalado por vídeos, fotos y declaraciones de testigos, reseñó este miércoles Prensa Latina.
En la investigación se detalló que lo ocurrido en Curuguaty fue provocado por un supuesto apoyo del ex presidente Fernando Lugo a grupos violentos campesinos, que presuntamente emboscaron a la fuerza pública.
Posteriormente, este hecho fue utilizado como principal acusación durante el juicio político contra el mandatario impulsado por el Parlamento paraguayo que terminó con su destitución, pese a las graves irregularidades denunciadas.
La investigación reveló que en el desalojo de campesinos y la represión contra los labriegos fue efectuada por 323 efectivos policiales, que debían negociar la salida del terreno ocupado.
Cuando el documento de PEICC fue presentado se mostraron videos e imágenes que desmienten la supuesta emboscada campesina, ya que al llegar las fuerzas de seguridad estaban presentes hasta mujeres y niños que los recibieron.
En la investigación también se indicó que los disparos en Curuguaty fueron realizados con armas de grueso calibre y automáticas, que nunca fueron halladas en poder de los campesinos o en sus campamentos, donde apenas había escopetas viejas y sólo una fue disparada.
A esto se suma que declaraciones de labriegos y de los propios policías coinciden en que en el lugar había apostados francotiradores que comenzaron a disparar.
En tanto, según la investigación, los uniformados abrieron fuego de forma indiscriminada y comenzaron a ejecutar a todos los campesinos que fueron encontrando a corta distancia.
En el estudio además se incluyen denuncias sobre detenciones y maltratos a detenidos menores de edad.
La investigación presentada contrasta con el informe divulgado sobre el tema por la Fiscalía paraguaya.
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