por Antifeixistes.org
“Nos preocupa que se esté intentando limitar el derecho de manifestación”, dice Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI cuando se refiere a las cargas policiales en las manifestaciones en España.
[TORTURES, RACISME I IMPUNITAT POLICIAL] Informes de l’ONU i d’Amnistia Internacional destaquen la precarietat democràtica de l’estat espanyol
Tant l’ONU com Amnistia Internacional han denunciat aquesta setmana les detencions arbitràries, la violència policial impune i les tortures als Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs).
CIE de Aluche: la ONU condena a España por detención arbitraria, discriminación racial y torturas
PES.- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que la privación de libertad cautelar en el CIE de Aluche (Madrid) de Adnam el Hadj, inmigrante indocumentado de origen marroquí y solicitante de asilo en España, fue arbitraria y discriminatoria por razón del origen nacional y étnico de la víctima.
En consecuencia, recomienda que el Gobierno repare proporcionalmente el daño causado a la víctima, según una resolución de 30 de agosto de 2012, trasladada a la AEDIDH en su calidad de organización querellante.
Además, el Grupo de Trabajo constató que la víctima había sido objeto de malos tratos de gravedad equivalente a la tortura mientras estuvo detenida en el CIE de Aluche. En particular, varios policías responsables de la custodia del CIE sacaron al El Hadj de su dormitorio por la fuerza en la noche del 7 de mayo de 2012 y lo condujeron a un lugar fuera del alcance de las cámaras de seguridad del CIE, donde —además de someterle a insultos de fuerte contenido racista y discriminatorio— le propinaron una severa paliza de la que resultó con serias heridas y contusiones que requirieron su tratamiento médico. Ordenado el traslado de la víctima a un hospital, la policía nacional, en un intento de encubrir los graves delitos de varios de sus agentes, lo trasladó el 8 de mayo de 2012 por la fuerza a Tarifa y desde allí fue expulsado a Marruecos sin permitirle el auxilio médico, jurídico y judicial al que la víctima tenía derecho.
El caso había sido denunciado al Grupo de Trabajo por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), que había sido alertada por la organización Pueblos Unidos, cuyos servicios jurídicos comprobaron el mismo día 8 de mayo que la víctima, todavía detenida en el CIE de Aluche, presentaba claros signos de lesiones en todo el cuerpo. Preguntado por el origen de su deplorable estado físico, el El Hadj explicó que había sido objeto de una paliza e insultos racistas en la madrugada anterior por agentes de la policía que custodiaban el CIE. Los hechos se pusieron en conocimiento inmediatamente de uno de los juzgados de control del CIE, que citó a declarar al denunciante para el día siguiente. Pero El Hadj no tuvo oportunidad de relatar a la jueza lo ocurrido, pues el mismo día 8 de mayo fue expulsado del país.
El dictamen del Grupo de Trabajo se suma a otros pronunciamientos de organismos internacionales que, en el marco dela ONU, han condenado las políticas españolas y europeas de internamiento preventivo de inmigrantes sin papeles. La privación de libertad en el CIE de Aluche que padeció la víctima —al igual que miles de personas cada año en nuestro país— fue declarada arbitraria por tratarse de violación “de tal gravedad a las normas del debido proceso de derecho que así lo justifican”; y por tratarse de “un inmigrante que no dispuso de recurso judicial ni administrativo para impugnar su detención”. Además, la detención de El Hadj fue contraria a las normas de derechos humanos, por haber sido “motivada por discriminación por su origen nacional, étnico y social, desconociéndose la igualdad esencial de todas las personas en el reconocimiento y goce de sus derechos humanos”.
El Grupo de Trabajo también se hizo eco de las pésimas condiciones de salubridad del CIE de Aluche, la falta de asistencia sanitaria que produjo el fallecimiento de Samba Martine en diciembre de 2011, así como de otras violaciones a los derechos humanos que se cometen en su interior. En este sentido, recordó la “falta de reglamentación adecuada” debido a que todavía no se ha aprobado el reglamento sobre funcionamiento de los CIE, que debería haberse promulgado hace más de dos años.
Pese a que el Gobierno español tuvo oportunidad de responder a las alegaciones de la AEDIDH una vez que el Grupo de Trabajo —de conformidad con sus métodos de trabajo— le trasladó la denuncia recibida, el Gobierno no contestó.
Para la AEDIDH y Pueblos Unidos el dictamen del Grupo de Trabajo confirma su creencia de que el internamiento de migrantes sin papeles en los CIE constituye una fragante violación del derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, así como del principio de no discriminación por razón del origen nacional, racial o social, por lo que los CIE deben ser abolidos urgentemente tanto en España como en los demás Estados miembros dela Unión Europea.
Enlaces:
Amnistía denuncia la impunidad de los abusos policiales en las manifestaciones contra los recortes
En su último informe, la ONG reclama formación en derechos humanos para los antidisturbios y que los gobiernos europeos investiguen y castiguen a los agentes que se sobrepasen. En España exigen al Gobierno que intervenga
DANIEL DEL PINO Madrid 25/10/2012
La represión de los manifestantes el pasado 25 de septiembre durante la convocatoria para rodear el Congreso de los Diputados en Madrid y las posteriores cargas policiales en la Estación de Atocha son el ejemplo más gráfico de que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere atajar a toda costa y por cualquier medio toda expresión de protesta contra los recortes. Las detenciones sin motivos, las identificaciones aleatorias y la criminalización de los manifestantes son el mejor antídoto para difundir un mensaje: si no participas en las concentraciones no pasará nada.
El caso de Madrid es el caso de Barcelona o Valencia. Pero también el de otras ciudades europeas donde las autoridades políticas están permitiendo el exceso de las fuerzas de seguridad para imponer la austeridad a base de golpes. La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia en su último informe varios ejemplos concretos de abusos policiales en España, Grecia y Rumanía durante manifestaciones contra los recortes y la ligereza con la que sus mandos y los respectivos gobiernos están actuando cuando se trata de perseguir, investigar e identificar a los responsables de esos ataques a manifestantes.
“Cuando se producen estos casos de uso excesivo de la fuerza, a pesar de las denuncias, no ha habido investigaciones ni castigos porque no ha sido posible identificar a los agentes”, reclamó en una rueda de prensa Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de AI en España, quien además hace hincapié en la utilización inadecuada que hacen los agentes de los materiales antidisturbios. “Desde Amnistía entendemos que la Policía es la encargada de mantener el orden público y que esta no es una tarea fácil, pero deben respetar los estándares europeos [...] Los gobiernos deben dejar de recurrir a la fuerza si no es estrictamente necesaria y llevar las investigaciones de los abusos policiales hasta el final”, exige.
Limitar el derecho a manifestación
“Nos preocupa que se esté intentando limitar el derecho de manifestación”, dice Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI cuando se refiere a las cargas policiales en las manifestaciones en España. Desde la organización insisten en la necesidad de crear un protocolo que regule las actuaciones de los antidisturbios durante este tipo de eventos y piden que se forme a los agentes en derechos humanos.
“Hemos solicitado información al Ministerio de Interior sobre los disturbios en la Plaza de Catalunya de Barcelona el 29 de marzo y el 25 de septiembre en Madrid y hemos recibido la callada por respuesta. En el caso del 25-S enviamos una carta al ministro Fernández Díaz y exigimos una investigación independiente de la actuación de la Policía el 25-S y los policías de paisano en los alrededores del Congreso, así como de los acontecimientos en la estación de Atocha, donde además de las agresiones a viajeros y a un periodista se puso en peligro la vida de las personas que estaban en los andenes”, denuncia Álvarez.
Gabriel Jiménez, uno de los detenidos el 25-S, explicó cómo fue arrestado por la fuerza sin causa aparente, cómo se le negó la asistencia médica en reiteradas ocasiones pese a tener una brecha en la cabeza y denunció que la Policía le colocara tres piedras en la mochila y presentara un parte de lesiones de un agente al que supuestamente había herido. En el trayecto desde la comisaría de Moratalaz hasta el hospital Gregorio Marañón para que le cerraran la herida, los agentes le insistieron en la idea de que “si no hubiera estado allí, no me habría pasado nada” y en que “esto me servía para quedarme en casa la próxima vez”.
“El 25-S acudí a una convocatoria pacífica y en realidad era una convocatoria violenta por los mensajes con los que políticos y varios medios calentaron el ambiente”, dijo.
Agresiones a periodistas
“La pregunta que me surge es que si la Policía está para protegernos, quién nos protege a nosotros de la Policía”, explica Paloma Aznar, periodista que lleva años documentando los heridos por impacto de las balas de goma en las actuaciones policiales. Aznar denuncia las presiones “cada vez mayores” que sufren los profesionales de la información a la hora de hacer su trabajo en estas protestas y puso como ejemplo la agresión que sufrió en la calle Carretas durante las concentraciones en contra de la visita del papa a Madrid en agosto de 2011.
Aznar explicó que cuando vio a dos agentes golpear a una chica “me acerqué con la cámara porque pensé que así pararían y al final también me pegaron a mi. Cuando quise presentar la denuncia un policía nacional me dijo que no iba a llegar a ninguna parte y así ha sido, la demanda ha sido archivada”.
“Si yo voy a una manifestación en Israel sé que corro un riesgo. Otra cosa es que aquí se esté atacando a la prensa porque es prensa [...] El casco se está empezando a convertir en una herramienta más de trabajo para los periodistas pero no estamos en Homs, estamos en Madrid”, se queja. Aznar además ha ido recopilando el número de heridos por el impacto de las balas de goma de los antidisturbios en la última década. Según la periodista, ha habido más de 50 heridos graves en los últimos diez años, 23 han perdido un ojo, y tres han muerto.
“Pensé que estaba muerto”
AI repasa en su informe el caso del periodista griego Yannis Kafkas, que fue agredido con un extintor durante una manifestación en Atenas en mayo de 2011 y después apaleado por varios antidisturbios. Pasó 20 días en el hospital y tuvo que ser operado. Aún sufre mareos por las heridas sufridas en la cabeza y tiene problemas de movilidad en el brazo izquierdo. Un mes más tarde, el también periodista Manolis Kypreos perdió la audición en los dos oídos después de que un agente le lanzara una granada paralizante. Pasó por el quirófano y sólo recuperó parcialmente uno de ellos.
“Mostré a los policías que era periodista y miembro del Sindicato de Periodistas. Tras insultarme, ordenó a otro agente que me arrojara una granada paralizante. Salté literalmente hacia atrás. Pensé que estaba muerto”, explica en el documento publicado este jueves. En ambos casos, las investigaciones y procesos judiciales contra la Policía no han ido a ninguna parte.
El informe habla también de los casos de Andrei Ristache y su padre Augustin en Bucarest (Rumanía), que fueron rodeados por un grupo de agentes que los golpearon sin motivo cuando estaban volviendo a su casa después de una manifestación. Se les negó el acceso a la asistencia sanitaria en el momento y las denuncias por la paliza de los agentes, debidamente documentadas con partes médicos en los que se certifican contusiones y traumatismos craneales, no fueron atendidas.
¡No golpeen a manifestantes!
Amnistía publica en su informe una serie de recomendaciones para los países de la Unión Europea que se resumen en cinco puntos:
- Tomar las medida necesarias para impedir el uso excesivo de la fuerza- Cumplir en todo momento las obligaciones internacionales- Garantizar que se llevan a cabo investigaciones con prontitud- Garantizar que se inician procedimientos disciplinarios contra los agentes que hagan uso excesivo de la fuerza- Proporcionar reparación adecuada a las víctimas
La ONG está promoviendo también una ciberacción a través de su página web, en la que propone rellenar un formulario para enviar una carta al ministro Fernández Díaz exigiendo el fin de los abusos policiales.
- La policía ataca a un manifestante en Madrid © Eduardo León
El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos, es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, someter a los responsables a un proceso justo, imponerles un castigo y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada.
Amnistía Internacional trabaja para la erradicación de la tortura en todo el mundo. En España preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos.
En octubre de 2012, publicamos el informe “Actuación policial en las manifestaciones en la Unión Europea” en el que documentamos que, durante las manifestaciones, los métodos empleados por las fuerzas de seguridad no siempre cumplen las normas internacionales: casos de uso excesivo de la fuerza, obstrucción del acceso a asistencia médica y detención arbitraria, etc… El informe incluye un caso en España.
En noviembre de 2007, Amnistía Internacional publicó el informe “Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos”, en el que se documentaban las denuncias contra agentes de las fuerzas nacional, autonómicas y locales de toda España encargados de hacer cumplir la ley. Desde entonces, Amnistía Internacional ha seguido investigando casos de tortura y otros malos tratos en España y ha hecho campaña para que se establezcan mecanismos efectivos con el fin de prevenir la comisión de estas violaciones de derechos humanos. En noviembre de 2009, se ha hecho pública la actualización del informe publicado en 2007: “Sal en la herida: impunidad policial dos años después”, con información al día de los casos recogidos entonces. El informe también analiza los cambios habidos en España con respecto a la prevención e investigación de la tortura y otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley.
El régimen de incomunicación
Amnistía Internacional se opone a la detención en régimen de incomunicación por ser una práctica que facilita la tortura y los malos tratos y que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos contra los detenidos.
Actualmente en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La preocupación de Amnistía Internacional es compartida por organismos como el Comité contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
Amnistía Internacional pide al Gobierno español que o bien elimine la detención en régimen de incomunicación o se aseguren todas las garantías para los detenidos, como el derecho a la asistencia letrada y médica de libre elección. Ver el informe Salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación (Septiembre de 2009).
Tortura y malos tratos a personas extranjeras
En los últimos años Amnistía Internacional ha documentado detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros, y ha denunciado también la impunidad que parece amparar a los que cometen esta violaciones de derechos humanos.
El informe de la organización España: Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado, documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales.
En el caso de los extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles por miedo a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a presentar denuncias debido a la práctica común entre los funcionarios de denunciar a su vez a la víctima o amenazar con tomar otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor o intérprete y para ser asistido por un abogado.
Amnistía Internacional ha instado al Gobierno español a establecer un órgano imparcial e independiente con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
Reparación a víctimas de la tortura
El derecho internacional establece que las víctimas de tortura y malos tratos tienen el derecho a recibir del Estado una reparación inmediata que incluya la restitución, una indemnización justa y adecuada, así como atención medica y cuidados apropiados para su rehabilitación.
Amnistía Internacional ha manifestado su pesar por la impunidad que parece amparar en España a los funcionarios responsables de tortura y malos tratos y por la falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una reparación satisfactoria.
En su informe España: Acabar con la doble injusticia: Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación, Amnistía Internacional denunciaba la larga duración de los procesos por tortura y documenta casos en los que víctimas de tortura han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia firme que determine una indemnización. El informe también ilustra numerosos casos en los que, a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados, las víctimas no obtienen indemnización alguna. También constata que la cuantía de las cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla general, muy baja.
DOSSIERES.:
DOSSIER DE NOTICIAS EN PRENSA E INTERNET:
Concentración de protesta contra juez Marlaska por familiares de torturados (web LaHaine 09-10-2011)
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