Este 22 de abril la Jueza Phyllis J. Hamilton del Distrito Norte de California, Estados Unidos, acogió favorablemente la petición de las activistas de SOA Watch, Theresa Cameranesi y Judith Liteky, quienes el 13 de febrero pasado se presentaron ante el tribunal, junto a los abogados Kent Spriggs y Duffy Carolan, para argumentar su demanda para que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos revele los nombres de los estudiantes e instructores extranjeros que han realizado cursos en la Escuela de las Américas la que hoy se le conoce como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
El fallo dice, textualmente, que “El tribunal considera que el Departamento de Defensa no ha demostrado de forma suficiente que puede negar la información solicitada al amparo de la Ley de Libertad de Información ya que no ha demostrado que los intereses de privacidad avanzados son sustanciales, y no ha demostrado a través de la admisibilidad de la evidencia de que la divulgación de esta información constituiría una clara injustificada invasión de la intimidad personal, a la luz del fuerte interés público en el acceso a esta información”.
Theresa Cameranesi, hoy en una Misión de Observación de Derechos Humanos en Paraguay, sostuvo que “La decisión de la Corte es un paso adelante y es esencial para una transparencia verdadera, pero es sólo un primer paso. Revelar los nombres, de los estudiantes y de los instructores, es esencial para que el Congreso realice su trabajo de fiscalización, bien informados, respecto del entrenamiento que se da a ejércitos extranjeros”.
Desde el año 2004 que el Departamento de Defensa oculta los nombres de los soldados e instructores latinoamericanos que participan del entrenamiento en la Escuela de las Américas lo que ha impedido monitorear el comportamiento y respeto de los derechos humanos de los “estudiantes” que asisten a la academia militar.
Anteriormente, desde los años 1946 al 2004, los nombres fueron públicos lo que permitió saber a las organizaciones qué soldados estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos, y recibieron entrenamiento en EEUU, de El Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, entre otros.
La Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia.
En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la existencia de los Manuales de Entrenamiento, y que eran utilizados en la academia militar, que aconsejaban “…aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos”.
“La decisión del tribunal es una victoria para la transparencia y los derechos humanos y contra el secreto del gobierno “, señaló el fundador de SOA Watch el ex sacerdote Roy Bourgeois.
En los últimos años graduados de la Escuela de las Américas han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado involucrados en el golpe de estado en Honduras el 2009.
Los países de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia han retirado su contingente militar del entrenamiento en esta academia militar.
Accountable: Rendición de cuentas
La jueza Phyllis J. Hamilton en su fallo recordó que la meta de la Ley de Libertad de Información es “asegurar una ciudadanía bien informada, cosa fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática, necesaria para frenar actos de corrupción como para sostener a los gobernadores en condición de contabilidad de los gobernados”.
Anteriormente, en el año 2010 el secretario de Defensa, Robert Gates, ignoró el derecho del público y determinó que por “Seguridad Nacional” se debe negar a las organizaciones de derechos humanos el acceso público a más información.
Finalmente, Theresa Cameranesi dice que “con esto renovamos nuestro compromiso como ciudadanos para hacer seguimiento y supervisión del Ejército que debe rendir cuentas al pueblo. Hay una nueva generación de investigadores, como de organizaciones, ávida por analizar los listados y denunciar los vínculos del entrenamiento con las violaciones a los derechos humanos que siguen sucediendo en Colombia, Honduras y México”.
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