La ministra de Salud de Ecuador, Carina Vance, ha revelado la existencia de una “red” de centros clandestinos en el país que intentan la “deshabituación” de adicciones y de homosexualidad, donde se practican torturas y agresiones, que incluso han producido dos muertes en el último año.
Vance, que siempre ha manifestado su orientación homosexual y que procede del activismo a favor de los derechos de gays y lesbianas, ha descrito la situación como “absolutamente crítica” y ha afirmado que en estos centros hay una violación sistemática de Derechos Humanos, camuflada bajo unas supuestas “terapias” para curar la homosexualidad.
La ministra ha explicado que desde 2012 se ha intervenido ante las denuncias que ha habido a estos 18 centros, donde en quince se cometían supuestas violaciones de Derechos Humanos y en tres había malas condiciones sanitarias. Cinco de estas clínicas han sido clausuradas, según el diario ecuatoriano ‘La Verdad’.
El Gobierno creó una Comisión Nacional Interinstitucional hace ocho meses, que se encargaba de detectar clínicas clandestinas. El fiscal Fabián Salazar lideraba la investigación y consideró que en estos 18 centros, “ubicados en las provincias Tungurahua, Guayas, Manabí, Azuay, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi”, se vulneraban los Derechos Humanos.
El viceministro de Salud, Miguel Malo, ha admitido que las clínicas clandestinas, que supuestamente realizaban una recuperación de las adicciones a las drogas, “han estado totalmente fuera de control y regulación” y que en la red pueden operar “mafias” que se lucran con esta actividad, según el diario ecuatoriano ‘El Comercio’.
En Ecuador, desde 2012 se ha concedido autorización para 123 centros, pero se estima que entre setenta y ochenta operan de forma ilegal y se lucran del internamiento de personas, muchas veces llevados de manera forzosa por sus familias.
La Policía busca desde hace un mes a una mujer llamada Sara S., quien efectuó una “llamada desesperada” para denunciar que la iban a internar en uno de estos centros por su orientación sexual, según ha revelado la ministra de Salud, que ha confesado que, con “todo el poder del Estado”, no se ha podido encontrar a esta persona.
Vance ha declarado que en torno a estas clínicas existen “intereses muy fuertes” y que incluso “parece que permean las instituciones públicas”.
DENUNCIAS
Una de las denuncias a estos centros fue realizada por Zulema, una mujer que denunció los maltratos psicológicos y físicos que sufría en una de estas ‘clínicas’ en la provincia de Napo, donde sus padres la habían obligado a ingresar. Escapó del centro y actualmente vive con su pareja.
Otro ejemplo es el de María Auxiliadora que, también forzada por sus padres, se vio recluida en 2001 en un centro que operaba en la ciudad de Guayaquil y relató al Tribunal por los Derechos de las mujeres en Ecuador las torturas psicológicas que recibía, como constantes insultos, y agresiones físicas, en las que le arrojaban cubos de agua helada.
Fundaciones del colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, llevan denunciando la existencia de estos centros desde hace 13 años.
La homosexualidad se consideraba un delito en Ecuador hasta 1997 y el Código Penal establecía penas de cárcel de entre cuatro a ocho años para quienes se declaraban gays, lesbianas, transexuales o transgénero.
EP
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