Imaginemos que un español nacido en España, con padres y abuelos en el país desde hace décadas, se ve despojado repentinamente de su nacionalidad española por ser descendiente de africanos. Es lo que puede ocurrir en República Dominicana. El país caribeño afronta un serio examen en materia de derechos humanos. La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano, emitida el pasado mes de septiembre, deja sin nacionalidad a miles de ciudadanos dominicanos descendientes de extranjeros, en su gran mayoría haitianos.
“Nos quitan nuestro futuro, nuestra identidad”, denuncia Yocely Guerrero, técnica en un laboratorio científico y afectada por la medida.
“Nos quitan nuestro futuro, nuestra identidad”, denuncia Yocely Guerrero, técnica en un laboratorio científico y afectada por la medida.
Lo ocurrido se enmarca en una crisis diplomática entre República Dominicana y el vecino Haití. El pasado mes de junio Haití impuso una veda a la importación de pollo y huevos dominicanos alegando que en República Dominicana había un brote de gripe aviar, algo negado por las autoridades dominicanas y por la propia Organización Panamericana de la Salud. El veto provocó pérdidas de 2 millones de dólares, según cálculos de los avicultores dominicanos.
Un mes más tarde Haití vetó también la importación de plástico dominicano. Después, llegó la sentencia del Tribunal Constitucional que afecta sobre todo a dominicanos de procedencia haitiana, y en octubre Haití retiró a su embajador de República Dominicana.
Un mes más tarde Haití vetó también la importación de plástico dominicano. Después, llegó la sentencia del Tribunal Constitucional que afecta sobre todo a dominicanos de procedencia haitiana, y en octubre Haití retiró a su embajador de República Dominicana.
“Parece absurdo y cruel, pero es lo que está pasando”. De este modo denuncia la sentencia la Comisión Solidaria con los Desnacionalizados, que ha divulgado varios vídeos en los que explica la situación imaginando que una medida similar se adoptara en Estados Unidos. En uno de los vídeos, interpretado por varios actores, una ciudadana estadounidense es informada de que se le va a arrebatar su nacionalidad:
-¿Ha nacido en este país?, le preguntan.
-Sí, contesta ella.
-¿Y sus abuelos?
-No, vinieron desde Polonia en los años 30. ¿Qué pasa?
-Lo siento, pero la Corte Suprema de EE.UU ha decidido que ya no eres estadounidense. Puedes solicitar una tarjeta de residente, pero ya no puedes votar y tendrás que pagar más como estudiante extranjera.
-Pero yo nací en este país.
-Puedes solicitar el pasaporte polaco.
-Pero no hablo polaco!!!
Tras ello, una voz en off explica: “República Dominicana está haciendo esto a los hijos, nietos y bisnietos de haitianos. La medida afectará a más de 200.000 dominicanos. Parece absurdo y cruel, pero está pasando ahora mismo. Eso no se hace”, remata.
-¿Ha nacido en este país?, le preguntan.
-Sí, contesta ella.
-¿Y sus abuelos?
-No, vinieron desde Polonia en los años 30. ¿Qué pasa?
-Lo siento, pero la Corte Suprema de EE.UU ha decidido que ya no eres estadounidense. Puedes solicitar una tarjeta de residente, pero ya no puedes votar y tendrás que pagar más como estudiante extranjera.
-Pero yo nací en este país.
-Puedes solicitar el pasaporte polaco.
-Pero no hablo polaco!!!
Tras ello, una voz en off explica: “República Dominicana está haciendo esto a los hijos, nietos y bisnietos de haitianos. La medida afectará a más de 200.000 dominicanos. Parece absurdo y cruel, pero está pasando ahora mismo. Eso no se hace”, remata.
Una medida que podría afectar a 200.000 personas
Ya en 2007 la Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó a retener los documentos de identidad de los descendientes de inmigrantes haitianos con el argumento de que habían sido registrados de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de septiembre, ratificando las acciones de la Junta Central, refuerza la posición de las autoridades.
No solo eso. Además, ordena realizar un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en el país desde 1929 y anular su nacionalidad mediante juicios individuales.
No solo eso. Además, ordena realizar un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en el país desde 1929 y anular su nacionalidad mediante juicios individuales.
Hasta 2010 República Dominicana otorgaba la ciudadanía a toda persona nacida en su territorio. Ese año se aprobó una nueva Constitución, que establece que la nacionalidad dominicana será otorgada solamente a los nacidos en el territorio con al menos uno de los progenitores de sangre dominicana o con padres extranjeros residentes legales.
Basándose en ello, el Tribunal Constitucional considera que los trabajadores inmigrantes sin permiso de residencia que llegaron a trabajar en los cañaverales dominicanos a partir de 1929 eran “extranjeros en tránsito”, y que por tanto sus hijos no tenían el derecho automático a la ncionalidad a pesar de nacer en el país.
Diversas organizaciones de derechos humanos estiman que la medida afectaría a más de 200.000 personas, mientras que la Junta Electoral afirma que ‘solo’ unas 14.000 se verían privadas de su nacionalidad.
"Un efecto discriminatorio"
Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que este fallo del tribunal “conlleva una privación arbitraria de la nacionalidad” y “tiene un efecto discriminatorio” contra dominicanos de ascendencia haitiana. Además, ha señalado que “no se puede exigir ser considerado extranjero a personas que previamente ya eran consideradas dominicanas”, y ha subrayado la necesidad de garantizar derechos básicos -como el acceso a la salud y la educación- a quienes pierdan la nacionalidad.
La Comisión ha recogido 3.994 testimonios y denuncias de personas afectadas por esta privación de nacionalidad de forma retroactiva. Entre ellos, el de una mujer nacida en República Dominicana en 1981, que no ha podido registrar a ninguno de sus seis hijos.
El historiador dominicano-estadounidense Anthony Stevens-Acevedo ha declarado que “como dominicano, no puedo mirar a los ojos a un dominicano de descendencia haitiana sin sentir un fuerte sentimiento de empatía ante la discriminación que están sufriendo y sentir a la vez un profundo rechazo ante la sentencia del Tribunal Constitucional”.
La campaña “Eso no se hace”, impulsada por el Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, solicita ayudas a nivel internacional para “luchar contra esta ley discriminatoria e injusta”, y alerta de las consecuencias que puede acarrear, entre ellas, la promoción “de más odio y resentimiento entre nosotros y con relación a nuestro hermano pueblo haitiano”. También recuerda que “este conflicto ha dividido profundamente a la sociedad dominicana” e indica que “no habrá solución sin reconocer el derecho de las decenas de miles de personas descendientes de extranjeros que durante décadas fueron reconocidos como dominicanos”.
El historiador dominicano-estadounidense Anthony Stevens-Acevedo ha declarado que “como dominicano, no puedo mirar a los ojos a un dominicano de descendencia haitiana sin sentir un fuerte sentimiento de empatía ante la discriminación que están sufriendo y sentir a la vez un profundo rechazo ante la sentencia del Tribunal Constitucional”.
La campaña “Eso no se hace”, impulsada por el Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, solicita ayudas a nivel internacional para “luchar contra esta ley discriminatoria e injusta”, y alerta de las consecuencias que puede acarrear, entre ellas, la promoción “de más odio y resentimiento entre nosotros y con relación a nuestro hermano pueblo haitiano”. También recuerda que “este conflicto ha dividido profundamente a la sociedad dominicana” e indica que “no habrá solución sin reconocer el derecho de las decenas de miles de personas descendientes de extranjeros que durante décadas fueron reconocidos como dominicanos”.
Por su parte, el gobierno dominicano asegura que "planteará medidas que permitan llevar una solución coherente, justa y apegada a los derechos humanos de todas las personas afectadas". Las autoridades dominicanas enviaron recientemente una comisión especial a Venezuela encabezada por dos ministros para explicar al gobierno de Maduro “los alcances de la sentencia”, que han calificado como “una brutal campaña de descrédito” contra su país. El gobierno venezolano se ha ofrecido a intervenir como mediador en el conflicto.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas ha advertido de que si no se soluciona pronto “la cuestión de los descendientes de haitianos”, planteará el asunto en la cumbre de Petrocaribe en Caracas, prevista para el próximo lunes.
Diversas organizaciones han mostrado su preocupación porque consideran que en realidad un conflicto de carácter político entre Haití y República Dominicana está derivando en la adopción de medidas discriminatorias, con el objetivo de retirar el derecho al voto de miles de dominicanos de origen haitiano.
Lo que es evidente es que, más allá del conflicto político, quienes sufrirán las consecuencias del mismo son personas que nacieron dominicanas y que ahora, de la noche a la mañana, pueden dejar de serlo. Si no se adoptan las medidas adecuadas, estos ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana se quedarían no solo sin pasaporte, sino sin acceso a derechos fundamentales, como la sanidad y la educación, condenados a ser residentes de segunda.
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