El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha firmado este miércoles el decreto por el que restituye a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del ex guerrillero del M19.
“Los jueces me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente”, ha anunciado durante la toma de posesión de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde la Casa de Nariño.
Santos ha explicado que esta decisión obedece a “la norma de conducta” que adoptó al llegar a la Presidencia. “Cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes y defender la institucionalidad”, ha dicho, de acuerdo con el Sistema de Información del Gobierno (SIG).
De esta forma, ha acatado la orden dictada ayer por el Tribunal Superior de Bogotá, que instó a cumplir las medidas cautelares de la CIDH a favor de Petro en un plazo de 48 horas, lo que incluye su permanencia en el Gobierno capitalino hasta que concluya el proceso.
Santos también podría haber optado por presentar un recurso contra la decisión del alto tribunal bogotano, pero desde que se inició el proceso contra Petro ha sostenido que siempre cumpliría las órdenes de los jueces.
La orden del Tribunal Superior de Bogotá es una de las más de 40 tutelas interpuestas en apoyo de Petro, de las cuales más de 20 han sido favorables a la decisión inicial de la Presidencia: expulsar al ex combatiente de la Alcaldía.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de “inquisitiva”, y ordenó una “inspección” contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las solicitudes de tutela a favor de Petro.
En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una “crisis institucional” y, después de ello, anunció que sería neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares –algo que hizo– al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
El Consejo de Estado confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
Con Petro fuera de la Alcaldía de Bogotá, Santos puso al frente de la misma a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que fue sustituido el pasado lunes por María Mercedes Maldonado, que ya formaba parte del equipo del ex guerrillero del M19.
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