Jakob Denzinger patrullaba los terrenos del campo de concentración de Auschwitz en Polonia.
Decenas de sospechosos de ser criminales de guerra nazis y guardias de las SS cobraron millones de dólares provenientes del Seguro Social de Estados Unidos, tras ser expulsados del país, concluyó una reciente investigación de The Associated Press (AP).
Los pagos, financiados por los contribuyentes estadounidenses, fluyeron a través de una brecha que dio al Departamento de Justicia federal la fuerza necesaria para persuadir a los sospechosos de ser nazis de abandonar Estados Unidos. Si lo hacían, o simplemente huían antes de ser deportados, podían mantener sus prestaciones del Seguro Social, según entrevistas y registros internos del Gobierno Federal de Estados Unidos.
Entre los que recibieron esas prestaciones había soldados que custodiaban los numerosos campos de concentración donde exterminaron a millones de judíos; un científico que usó a trabajadores esclavos para hacer avanzar sus investigaciones en el Tercer Reich y un colaborador nazi que coordinó la arresto y ejecución de miles de judíos en Polonia.
En este momento quedan vivos al menos cuatro beneficiarios, entre ellos Martin Hartmann, ex guardia de las SS en el campo de concentración Sachsenhausen en Alemania, y Jakob Denzinger, quien patrullaba los terrenos del campo de concentración de Auschwitz en Polonia.
Hartmann se mudó a Berlín en 2007 desde Arizona antes que le retiraran la ciudadanía estadounidense. Denzinger huyó a Alemania desde Ohio en 1989 tras conocer que se habían iniciado los procedimientos para retirarle la ciudadanía estadounidense. Pronto se reasentó en Croacia y ahora vive en un espacioso apartamento en la margen derecha del río Drava en Osijek. Denzinger declinó discutir su situación con un reportero de la AP; el hijo de Denzinger, quien vive en Estados Unidos, confirmó que su padre recibe pagos del Seguro Social y afirmó que lo merece.
El acuerdo permitió a la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI), la unidad del Departamento de Justicia que se dedicaba a buscar nazis, pasar por alto los prolongados procedimientos de deportación y aumentar la cantidad de nazis expulsados del país.
Pero registros internos del Gobierno obtenidos por la AP revelan las fuertes objeciones del Departamento de Estado a las prácticas de la OSI. Los beneficios del Seguro Social se convirtieron en herramientas, dijeron funcionarios diplomáticos estadounidenses, para asegurar acuerdos con sospechosos de ser nazis que aceptaban la pérdida de la ciudadanía y abandonaban voluntariamente el país.
“Es absolutamente indignante que criminales de guerra nazis sigan recibiendo beneficios del Seguro Social cuando han sido expulsados de nuestro país desde hace muchos años”, dijo la representante federal Carolyn Maloney, de Nueva York, la demócrata de más rango en la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, quien agregó que planeaba presentar un proyecto de ley para cerrar esa brecha.
Efraim Zuroff, el jefe cazanazis en el Centro Simon Wiesenthal en Jerusalén, dijo que apoyará dichos esfuerzos por cerrar el resquicio.
“Si es posible, debería hacerse”, afirmó en una entrevista ayer.
El análisis de la AP concluyó que desde 1979 al menos 38 de 66 sospechosos expulsados del país mantuvieron sus prestaciones del Seguro Social.
(Tomado de Diario)
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