Al menos 131 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar la frontera española durante el pasado año. Desde 2009 hasta finales de 2014, el número de personas desaparecidas o muertas es de al menos 1.021. Las cifras se desprenden del informe Balance Migratorio Frontera Sur 2014, elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y presentado este pasado viernes, cuando se cumple un año de la tragedia del Tarajal, donde 15 personas murieron tras ser interceptados por la Guardia Civil, que disparó contra ellos pelotas de goma y botes de humo.
El balance señala también como el número de personas migrantes que han llegado a España desde la frontera sur en 2014 roza las 11.450, una cifra que casi dobla la media de los últimos años y que se acerca a los 15.572 personas que se registraron en 2008. El 68,3% son de origen subsahariano, el 14,1% argelinos, 7,4 marroquíes y 10,2 otros. De los migrantes que llegaron a España, el 88,38 fueron hombres, el 6,17 mujeres y el 5,45 menores de edad de ambos sexos, detalla el informe. Los puntos donde se han producido los principales aumentos de entrada de personas migrantes fueron Cádiz, Ceuta y Melilla.
“A pesar del dinero gastado en aumentar el número de policías, en subir la alambrada, en ponerle cuchillas… tenemos cifras que son muy altas y muestras que la migración no depende del control, sino de otras circunstancias”, explica Diego Boza, delegado de APDHA en Cádiz. “Al fenómeno migratorio no se puede responder a través de la policía, sino con otros planteamientos”, añade.
Boza señala que durante este año se han producido una serie de hechos discriminatorios contra las personas migrantes que ponen de relieve la precaria situación política de este colectivo. Uno de los casos que subraya es el de los sirios que llegaron a Ceuta huyendo de la guerra. “Solicitaron asilo y, a pesar de que las normas sobre asilo político establecen libertad de movimientos, ésta se vio limitada por la situación geográfica de Ceuta: no se les permitió llegar a la península”. Los refugiados sirios se manifestaron e hicieron acampadas en la Plaza de los Reyes, en Ceuta, para denunciar esta situación y “recordar que España está siendo muy rácana a la hora de proteger a los sirios que solicitan en comparación con la gravedad del conflicto”. “Muestran que el interés del Gobierno español es el de controlar las fronteras más que el de proteger los derechos de estas personas”.
La APDHA denuncia que esta dinámica de primar el control fronterizo por delante de los derechos humanos, que según explica Boza es habitual en el ámbito de la política, se la están encontrando también en el ámbito de la justicia. Boza cita en primer lugar el caso de las personas que llegaron en agosto a Cádiz. “Algunos de ellos estuvieron privados de libertad más allá de las 48 horas permitidas. No se les dejó salir del polideportivo donde estaban, ya que no cabían en el CIE, y, a pesar de queestaban bajo custodia policial, la respuesta de la juez fue que no estaban privados de libertad”.
Sin embargo, el proceso judicial en torno a la tragedia del Tarajal es la que está creando más polémica. Un año después de que 15 personas murieran en esta playa tras ser disparados por la Guardia Civil con pelotas de goma, la jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Ceuta, encargada del caso, ha decidido inhibirse en beneficio de la Audiencia Nacional sin haber hecho ninguna diligencia de investigación. “La jueza ha planteado que no era competente porque los hechos se habrían producido en aguas marroquíes, pero tenemos certeza de que la actuación de la Guardia Civil tuvo lugar en territorio español”, señala Boza, quien resalta que en este año transcurrido desde la matanza, “tampoco se han depurado responsabilidades desde la propia Guardia Civil ni desde el Ministerio”.
Como dato positivo respecto a las actuaciones judiciales relacionadas con la migración, Boza destaca lainvestigación abierta en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla sobre las devoluciones en caliente. “Están siendo escrupulosos con la justicia y están investigando sobre esta práctica ilegal”, explica Boza, quien lamenta que con la próxima aprobación de la Ley Mordaza, las devoluciones en caliente, actualmente ilegales, pasen a ser legales, lo que es contrario a las obligaciones internacionales de España.
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