lunes, 15 de febrero de 2016

REINO UNIDO PROHIBE BOICOTEAR PRODUCTOS ISRAELÍES

Una nueva ley prohibirá que las instituciones financiadas con fondos públicos, como ayuntamientos, organismos públicos e incluso sindicatos de estudiantes universitarios, boicoteen a las empresas que no consideren éticas, como aquellas que comercien con armas, combustibles fósiles, productos de tabaco o con productos de los territorios ocupados por Israel, como Cisjordania.
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Bajo la nueva ley, estas instituciones con financiación pública pierden la libertad de negarse a comprar dichos bienes por motivos éticos.
Según fuentes gubernamentales de alto rango, se toman estas medidas enérgicas contra los boicots porque “socavan las buenas relaciones con la comunidad, envenenan y polarizan el debate y alimentan el antisemitismo”.
Pero los críticos con la prohibición afirman que la medida representa un “ataque grave contra las libertades democráticas”.
Un portavoz del líder laborista Jeremy Corbyn dijo: “La decisión del Gobierno de prohibir a ayuntamientos y otros organismos públicos de no invertir en el comercio que consideran poco ético es un ataque a la democracia local”
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“La gente tiene el derecho de elegir a representantes locales capaces de tomar decisiones independientes del control político del gobierno central. Eso incluye la retirada de las inversiones o adquisiciones por razones éticas y de derechos humanos”
“La prohibición de este Gobierno hubiera declarado ilegal los boicots contra el apartheid en Sudáfrica”
De manera significativa, y subrayando el objetivo principal de la prohibición, el anuncio formal será hecho durante la visita del ministro Matt Hancock a Israel esta semana.
Las empresas israelíes, junto con otras empresas que tienen inversiones en la ocupada Cisjordania, han sido objetivo de boicots no oficiales en el pasado, como el que obligó a la multinacional francesa del agua, energía y gestión de residuos Veolia, a cerrar sus operaciones en Israel a causa de los boicots.
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Veolia tuvo que detener sus trabajos en los asentamientos de Cisjordania, después de que el Ayuntamiento de Birmingham advirtiera que no renovaría su contrato de eliminación de residuos de35 millones de libras al año, que terminaba en 2019, si la empresa seguía operando en la Cisjordania ocupada.
En noviembre de 2014, el Ayuntamiento de Leicester aprobó boicotear los productos producidos en los asentamientos israelíes en Cisjordania.
En agosto de 2014, el Gobierno escocés publicó un anuncio de licitación a los consejos de Escocia, que “es claramente hostil con el comercio y la inversión en los asentamientos ilegales” y cuatro ayuntamientos escoceses han decidido boicotear los productos israelíes: Clackmannanshire, Midlothian, Stirling y West Dunbartonshire.
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El director del programa de relaciones económicas de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Peter Frankental, condena la prohibición, advirtiendo que alienta a violar los derechos humanos.
“Todas las entidades públicas deben evaluar los impactos sociales y ambientales de cualquier empresa con la que mantienen relaciones comerciales”, dijo.
“¿Dónde está el incentivo para que las empresas se aseguren de que no hay violaciónes de los derechos humanos, tales como la esclavitud en sus cadenas de suministro, cuando los organismos públicos no pueden pedir cuentas negándose a adjudicarles contratos?
No sólo habla mal de los organismos públicos que contratan a empresas sin escrúpulos, sino que también es malo para las empresas responsables, que ahora están en riesgo de ser superadas por las que realizan malas prácticas”.
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Hugh Lanning, presidente de la Campaña de Solidaridad con Palestina, condenó esta medida como “un ataque grave a nuestras libertades democráticas y a la independencia de los organismos públicos de toda interferencia del Gobierno. Como si no bastara con que el Gobierno del Reino Unido haga la vista gorda cuando el gobierno israelí ha bombardeado y matado a miles de civiles palestinos y ha robado sus casas y tierras, ahora el Gobierno británico está tratando de imponer su falta de acción en todos los demás organismos públicos”.
“Con esto queda claro lo que opina este Gobierno respecto al derecho internacional y los derechos humanos”

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