“Ahora sentimos las consecuencias del golpe en Honduras”

Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la ecologista Berta Cáceres, asesinada el pasado 3 de marzo, alertó hoy de la “deriva autoritaria” de Honduras desde el golpe de Estado de 2009 y mostró su preocupación por lo que “pueda pasar” con el resto de defensores de los Derechos Humanos de la región.

“Ahora estamos sintiendo las consecuencias del golpe de Estado que ha impulsado un modelo extractivista sumamente agresivo, con un aparato militar muy fuerte”, advirtió la joven tras participar en Guatemala en el congreso internacional De la Justicia de transición a la transformación. Experiencias de Centroamérica y Colombia.

Tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, el país centroamericano ha emprendido, en palabras de Zúñiga Cáceres, un camino “muy peligroso”, con la militarización de la vida diaria de los hondureños: la presencia del Ejército es constante tanto en zonas rurales como urbanas e incluso se está haciendo cargo de funciones policiales y de tránsito.

El presupuesto de seguridad, subraya la joven, “se ha incrementando un 101%”, se intenta respaldar constitucionalmente la instauración de la policía militar y se han creado nuevas unidades militares especiales.

Además, apunta Zúñiga Cáceres en referencia a informes e investigaciones, desde el golpe de Estado en el país hay ya 15 bases y centros de entrenamiento estadounidenses, lo que “reafirma el apoyo” que el pronunciamiento tuvo por parte de Estados Unidos. “Se siente una presencia militar muy grande y una represión”, sentencia la joven con la voz de la conciencia incorruptible de su madre.

Berta Cáceres, líder y una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en 1993, fue asesinada a tiros en su casa, en la ciudad hondureña de La Esperanza, en el occidente del país hace un mes.

Pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las amenazas constantes que recibía por su oposición a la construcción de proyectos hidroeléctricos en los territorios indígenas, la voz de la comunidad lenca fue silenciada violentamente.

Una semana antes de morir, la dirigente indígena denunció que cuatro activistas de su entorno habían sido asesinados y varios más habían sufrido amenazas. “No es el primer asesinato”, recuerda su hija. Honduras es el país con el mayor porcentaje de asesinatos de defensores del medio ambiente, con 111 entre 2002 y 2014, según un informe de 2015 de la organización no gubernamental Global Witness.

No obstante, la muerte de Cáceres, galardona en 2015 con el Premio Goldman de Medio Ambiente, el considerado Nobel Verde, marcará un “antes y después”, no solo en Honduras, sino en toda la región: “Nos asusta lo que pueda pasar con el resto de personas del movimiento social”, advirtió Zúñiga. Para ella, el asesinato de su madre es un “mensaje de intimidación”, un intento de desarticular el Copinh y frenar así la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

La familia de Cáceres desconfía del proceso de investigación oficial, “la institucionalidad hondureña que ahora pretende realizar la investigación es la misma que la persiguió”, por lo que han pedido al Gobierno que acepte que una comisión independiente internacional liderada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompañe la investigación sobre este crimen. “No nos fiamos. Es un Gobierno corrupto”, resume Zúñiga Cáceres.

Con un 80% de los crímenes impunes en Honduras, según los datos de la CIDH, la confianza de que el caso de la activista sea resuelto es mínima. “No es un nuestro interés primordial encontrar a los actores materiales, sino a los que están detrás del asesinato de mi madre”, remarco la joven.
Los asesinos, en libertad
Las autoridades hondureñas no han dado todavía con los responsables del asesinato, aunque en un allanamiento a las oficinas de una empresa extranjera, a cuyos proyectos se oponía Cáceres, decomisaron “armas” y “documentos”.

La hija de la activista lamentó la “actitud insultante” de las empresas extranjeras con intereses en los territorios indígenas, a las que responsabiliza de haber aguardado a que “pasase algo de esta magnitud” para suspender temporalmente sus inversiones: “Es lo mínimo que pueden hacer”, lamentó. Expresó además su preocupación por la situación del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de Cáceres, quien finalmente ha podido regresar a su país tras varias semanas confinado en Honduras.

Pese al dolor por la pérdida de su progenitora, Zúñiga Cáceres insistió en que el único camino que le queda a la sociedad hondureña es seguir movilizándose, peleando por sus derechos en “la calle”.

LibreRed | EFE