Caracas, 30 abr (PL) Llamados al pueblo venezolano del jefe de Estado, Nicolás Maduro, a repudiar planes violentos de la oposición con respaldo de Estados Unidos, signaron la semana noticiosa que concluye hoy aquí.
En diversos actos para impulsar programas de desarrollo económico, en los sectores alimenticio, turístico y petroquímico, el mandatario convocó a la sociedad a rechazar el caos, así como a detener y enjuiciar a los promotores de la cruzada desestabilizadora.
Maduro condenó que en los últimos siete días, en el estado de Zulia, grupos extremistas quemaran un autobús y atentaran contra el metro de la ciudad capital Maracaibo, en una acción paramilitar tipo el colombiano Álvaro Uribe, acotó.
Al respecto, señaló que fueron detenidas varias personas, que se encuentran dando información a las cuerpos policiales de quiénes los contrataron y cuánto les pagaron.
En ese sentido, aseguró que la derecha y sus dirigentes aplauden y apoyan los exabruptos, con focos aislados que se han presentado en el país y que dañan al pueblo.
De igual manera indicó crear una comisión de las fuerzas patrióticas que fiscalice el proceso organizado por la oposición para la recolección de firmas (197 mil 978, o sea el uno por ciento del padrón) exigido por el Consejo Nacional Electoral para activar un referendo revocatorio contra el dignatario.
Otros líderes de la Revolución bolivariana como el diputado Diosdado Cabello, han revelado evidencias del golpe suave que se intenta aplicar en Venezuela, luego que la ultraderecha solicitara la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.
Cabello presentó además nuevas pruebas sobre un plan golpista organizado desde Estados Unidos para derrocar a Maduro.
Según datos ofrecidos por el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ese ataque es financiado por el exministro de Alimentación Hebert García Plaza, quien enfrenta cargos por corrupción en el país suramericano.
Los informes de inteligencia indican que García Plaza entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y al Pentágono, información precisa sobre armamento venezolano y colocó como fecha el 15 de mayo para ejecutar esa maniobra.
Los complotados cuentan con la colaboración del analista político Martin Rodil y los periodistas Rafael Poleo y Antonio de la Cruz, vinculados a sectores de la derecha, agregó.
La ofensiva prevé el desabastecimiento de medicamentos, de alimentos y la puesta en marcha de actos violentos en todo el país, como preludio del golpe real.
En la semana que cierra, también el Ejecutivo condenó el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que decidió extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a Caracas.
Según el texto, la decisión constituye una violación flagrante al Derecho Internacional y a los principios y propósitos de la Organización de las Naciones Unidas, pues el Senado no tiene jurisdicción fuera de Estados Unidos.
La orden ejecutiva del presidente Barack Obama, que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidense, está amparada en esta legislación ilícita e ilegítima, agrega el documento.
Por su parte, el Gobierno dejó sin efecto mediante decreto, mientras dure la emergencia económica, cualquier medida que tome la Asamblea Nacional (AN).
En este aspecto, Maduro orientó al vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, revisar la norma correspondiente, y que la medida incluya a instituciones estatales u organismos del poder popular.
Acerca del voto de censura aprobado por la mayoría opositora en la AN contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco, el mandatario señaló que se trata de una decisión nula, y aseguró que a ese titular de cartera no lo remueve nadie.
Luego invitó a toda la población a estar alerta y a cada golpe que intenten responder con un contragolpe revolucionario, y recordó que el Parlamento no ha contribuido en nada para combatir la difícil situación económica que enfrenta el país.
En la semana, el Ejecutivo aplicó nuevas medidas para el ahorro de energía eléctrica, tras el azote de la sequía, consecuencia del fenómeno climatológico de El Niño.
Entre esas iniciativas sobresale la administración de cargas en varias entidades fiscales, con el objetivo además de preservar el nivel del embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), en el estado de Bolívar.
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