Suleiman Abdallah Salim pasó cinco años bajo tortura en la Base Naval que sostiene Estados Unidos en Guantánamo, Cuba. Foto: Bryan Denton / The New York Times
En un editorial con el título “La tortura y sus secuelas psicológicas”, el diario estadounidense The New York Times se pregunta si alguien en el gobierno de Estados Unidos dará cuenta por los daños causados a los prisioneros de guerra torturados, fundamentalmente en la Base Naval que ilegalmente ocupa ese país en Guantánamo, Cuba.
A continuación, detalles del Editorial:
La tortura en sí es bastante horrible. Palizas, colgaduras, privación del sueño,waterboarding (submarino), simulacros de ejecución, forman parte de una letanía de abusos autorizados por el gobierno de los Estados Unidos contra los sospechosos de terrorismo detenidos a raíz de los ataques del 11 de septiembre, de los cuales nadie en una posición de poder ha podido justificar alguna vez.
El diario comenzó este mes una serie de trabajos en los que se detallan las cicatrices psicológicas y emocionales que rondan a los hombres, potencialmente cientos, que sufrieron a manos de los interrogadores de C.I.A., en “sitios negros” de todo el mundo y, en particular, en el campo de detención militar en Guantánamo, Cuba.
Un número sumamente elevado de estos hombres eran inocentes o eran combatientes de bajo nivel que no representaban una amenaza real y que finalmente fueron liberados sin cargos. Sin embargo, pese a las garantías de los abogados del Departamento de Justicia de que las “técnicas de interrogatorio mejoradas” no tenían efectos negativos a largo plazo, The Times encontró que muchos de estos hombres todavía sufren de paranoia, psicosis, depresión y trastorno de estrés postraumático relacionados con el abuso. Tienen escenas retrospectivas, pesadillas y ataques de pánico debilitantes. Algunos no pueden trabajar, salir a la calle o hablar con sus familias acerca de lo que pasaron.
Un médico comparó los trastornos psiquiátricos que vio entre los ex detenidos con lo que los médicos militares observaron en los ex prisioneros de guerra estadounidenses, después de la guerra en Vietnam, Corea y la Segunda Guerra Mundial.
Suleiman Abdallah Salim, uno de los hombres a cuyo perfil tuvo acceso The Times, era un trabajador de Tanzania itinerante cuyo único crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pasó cinco años en custodia de Estados Unidos, durante los cuales fue colgado de cadenas durante días, lo estrellaron contra una pared, fue sometido al submarino en agua con hielo, lo colocaron en una caja en forma de ataúd – todo para extraer la información que él nunca tuvo.
“Siempre las mismas preguntas”, comentó. “Yo decía, ‘No sé’. Repetían: ‘Sabes’. La misma pregunta, la misma respuesta, y dos individuos que me ganarían, y la misma pregunta, y ellos ganaron.”
No es de extrañar que este tipo de tratamiento – que utiliza eufemismos para ocultar su verdadera naturaleza – dé lugar a tales daños a largo plazo.
La pregunta ahora es si alguien dará cuentas por los daños causados en uno de los períodos más depravados de la historia de Estados Unidos. Durante años, el gobierno frustró con éxito demandas en las que reclama el privilegio del secreto estatal. Pero después de que el Senado emitió su informe de 2014 sobre el uso que hizo la CIA de la tortura, que confirmó que muchos de los más brutales hechos denunciados realmente ocurrieron, el Sr. Salim, junto con otro ex detenido y la familia de un tercero, presentó una demanda contra dos psicólogos, James Mitchell y Bruce Jessen, que fueron contratados por la CIA para desarrollar y ejecutar los programas de interrogatorio.
En abril, un juez federal en el estado de Washington admitió la demanda y permitió a los demandantes procesar a funcionarios de la C.I.A.que ocupaban cargos de alto rango cuando se llevó a el programa de “interrogatorio mejorado”. Este caso podría proporcionar la primera oportunidad para el sistema de justicia de parar el legado brutal de las políticas de tortura del gobierno.
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