El 3 de marzo de 2016, justo hace un año, un grupo de hombres armados asesinó a la líder social y activista medioambiental, Berta Cáceres. El hecho causó una conmoción que desbordó Honduras y se ha vuelto tema de alcance internacional. Numerosos grupos en toda la orbe lo repudiaron.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exhortó el pasado jueves a las autoridades de Honduras a continuar con la investigación y el proceso judicial, hasta la captura de los autores intelectuales.
“Desde Cejil alertamos de las deficiencias que ha experimentado el proceso de investigación, hasta ahora, en respuesta a su asesinato”, afirmó la organización regional. Señalan que, si bien han conseguido la captura de ocho personas hasta la fecha, aún queda por aclarar el papel que cada imputado jugó en el suceso.
El organismo calificó como “preocupante e inexplicable” el hecho de que, a pesar de los indicios de la relación entre el proyecto de Agua Zarca y el crimen, siga intacta la concesión a la empresa DESA, sin que el Estado impulse acciones para revocarla.
Empresas alemanas “corresponsables” del crimen
Por otra parte, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Oxfam Alemania y GegenStrömung (“Contracorriente”) apuntan que la empresa alemana Voith Hydro y la multinacional Siemens tienen corresponsabilidad en la muerte de Berta Cáceres.
El homicidio de Cáceres, motivado por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, se produjo en contexto de que, luego de fuertes presiones tanto de la víctima como de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, diversos entes financieros suspendieron sus desembolsos y el proyecto no fue concretado. Entre ellos están los bancos de desarrollo FMO (Holanda), Finnfund (Finlandia) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Del mismo modo, luego de la muerte de la activista la empresa alemana Voith Hydro detuvo también el suministro de turbinas destinadas al proyecto de Agua Zarca. “Queremos que Voith Hydro se retire del proyecto de forma definida”, declaró Marita Wiggerthale, miembro de Oxfam Alemania.
En un estudio, ambas ONG acusan a las dos empresas alemanas de violar los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos, así como de no realizar un análisis de riesgos sobre la situación de los derechos humanos antes de iniciar el proyecto.
Berta Cáceres
La activista, días antes de su asesinato, denunció que empleados de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) e integrantes del Partido Nacional de Honduras hostigaron y detuvieron ilegalmente a participantes de una caminata pacífica en defensa del río Gualcarque, afectado por la iniciativa empresarial.
Durante más de dos décadas la líder indígena se dedicó a defender a los pueblos originarios de su país y luchó por causas sociales en favor de las mujeres hondureñas.
Otra destacada lucha que encabezó fue en 2013, ocasión en la que el Gobierno de Estados Unidos planeaba instalar la base militar más grande de toda América Latina en Honduras. La iniciativa fue señalada por Cáceres como “un proyecto de dominación y colonización con el propósito de saquear los recursos de los bienes comunes de la naturaleza en la nación centroamericana”.
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