Un mes después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara el ataque contra la base aérea siria de Shayrat, una organización de supervisión gubernamental ha demando a la administración Trump, acusándola de haber violado las leyes estadounidenses al llevar a cabo el bombardeo sin autorización alguna.
El pasado 7 de abril el Ejército norteamericano lanzó varias decenas de misiles de crucero contra las instalaciones militares ubicadas en la provincia siria de Homs, como castigo a un ataque químico supuestamente perpetrado por las fuerzas del Gobierno sirio contra la población civil, aunque hasta el momento no se han comprobado esas acusaciones.
Sin embargo la organización Protect Democracy, dirigida por abogados que trabajaban para el gobierno de Barack Obama, exige ahora que la Casa Blanca revele los argumentos de la autoridad legal en los que se basó para llevar a cabo ese bombardeo.
En una carta dirigida al Congreso, Trump afirmó que sus poderes constitucionales como comandante en jefe le daban base suficiente para lanzar unilateralmente el ataque para promover los intereses de EE.UU.
Pero según el diario The New York Times, el ataque perpetrado por Washington no tenía argumentos de autodefensa, no fue autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, ni tampoco por el Congreso estadounidense.
La Carta de Naciones Unidas solo reconoce dos formas legales para que un país utilice la fuerza en el extranjero: si el Consejo de Seguridad ha autorizado un ataque o en legítima defensa.
En este sentido, según los denunciantes, los argumentos presentados por Trump son políticos y no son legales.
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