Después del triunfo de Cambiemos El triunfo en las elecciones de medio término y el inminente cumplimiento de los primeros dos años de gobierno de Cambiemos constituyen una ocasión propicia para avanzar en la caracterización del gobierno, en el análisis de los modos y herramientas para oponerse a sus políticas, y en los caminos aptos […]
Después del triunfo de Cambiemos
El triunfo en las elecciones de medio término y el inminente cumplimiento de los primeros dos años de gobierno de Cambiemos constituyen una ocasión propicia para avanzar en la caracterización del gobierno, en el análisis de los modos y herramientas para oponerse a sus políticas, y en los caminos aptos para proyectar esa oposición hacia una perspectiva emancipadora, de transformación radical de nuestra sociedad.
Diciembre de 2015 marcó el inicio del primer gobierno constitucional liderado por un partido de derecha, con fuertes puntos de identificación con las fuerzas sociales, políticas y culturales que hasta el pasado reciente tuvieron a los golpes de Estado como única vía de ascenso al poder. Eso se trasluce en una reducción de las mediaciones entre poder económico y poder político. No se trata de que en otros gobiernos no hubiera períodos de estrecha identificación entre gobierno y gran capital, sino de que ahora se trata de un vínculo orgánico. Se da una suerte de traspolación del personal de dirección y los métodos de organización y funcionamiento de las grandes empresas, al campo estatal. Ser un alto ejecutivo de una gran empresa local o trasnacional, o un directivo de una ONG de orientación empresarial, son las mejores credenciales para acceder a altos cargos de gobierno.
Esa nueva “elite” tiene una coincidencia de intereses e ideológica fundamental: Incrementar sus niveles de ganancia y aumentar el poder del gran capital, a costa de los salarios y las condiciones de vida y trabajo y la capacidad organizativa y de lucha de las clases explotadas. También reformular la acción del aparato estatal, reduciendo impuestos y restricciones para las grandes empresas; incrementando tarifas, suprimiendo empleos.
Las políticas económicas y sociales del gobierno de Cambiemos llevan de modo ineludible a la persistencia y/o al aumento de la pobreza y la indigencia y, al mismo tiempo, conduce a una agudización de las diferentes desigualdades: política, económica, social, cultural, educativa. En este marco, cabe preguntarnos sobre las estrategias que utilizará el gobierno para “gobernar” y “controlar” al volumen significativo de personas y grupos que se hallan sin el acceso a los bienes básicos para poder sobrevivir. La reciente expansión del crédito en variadas formas, las obras públicas “de cercanía”, incluso el incremento de planes y asignaciones ya están en su repertorio de acciones, como se vio en vísperas de las elecciones de este año.
En el plano internacional, el gobierno Macri estuvo desde el primer día orientado a lo que sus miembros sintetizan como “volver al mundo”, lo que se entiende como integrarse a los grandes centros del poder económico mundial; las grandes corporaciones, los organismos financieros internacionales, los gobiernos del “primer mundo” identificados con las grandes empresas capitalistas. Los resultados son conocidos: Un ritmo desenfrenado de endeudamiento externo, no acompañado por inversiones productivas, y todo tipo de facilidades para las inversiones extranjeras, dispuestas hasta ahora más a la especulación que a arriesgar capitales.
En el área latinoamericana “volver al mundo” significó en primer lugar derribar los puentes establecidos con los gobiernos del arco “bolivariano”, abandonar o minimizar la participación e instancias de integración como UNASUR o CELAC, expulsar a Venezuela del Mercosur. Al mismo tiempo se proyecta estrechar lazos con el reaccionario gobierno de Brasil, acatar de nuevo el liderazgo norteamericano sobre la región, con sus prioridades económicas y de “seguridad” y acercarse o incluso integrarse a la Alianza del Pacífico, formada por los países que son contracara de la experiencia bolivariana.
Este gobierno tan identificado con el gran capital ganó sin embargo las elecciones de octubre en un comicio en el que jugó el rol de única fuerza con representación en todo el territorio nacional.
Lo hizo arrostrando condiciones en principio difíciles para afrontar una consulta electoral: Niveles muy bajos de crecimiento económico después de una prolongada recesión, que afectó sobre todo a las ramas vinculadas al consumo popular, inflación que se mantuvo en cotas elevadas, incrementos muy acentuados de las tarifas de luz, gas y otros servicios públicos, endeudamiento acelerado, tipo de cambio sobrevaluado que facilitó el ingreso de bienes y servicios importados y dificultó las exportaciones, por ende fuerte déficit de la balanza comercial.
En parte superó todo eso con un afiatado manejo de las expectativas, buscando que se confíe en un futuro de crecimiento y mejoras, para lo cual hay que soportar un presente de sacrificios, que se vuelven imperiosos por culpa de lo que se presenta como un funesto pasado encarnado en el gobierno anterior. En ello jugó un gran papel la elaboración discursiva del gobierno, acompañada casi sin fisuras por los grandes medios de comunicación.
La alianza Cambiemos salió muy fortalecida de las elecciones. Ya no es la coalición que debió esperar a la segunda vuelta para superar por escaso margen al candidato del FPV en 2015, sino una fuerza política que logró ganar su segunda elección consecutiva.
Con esa legitimación renovada, ha decidido avanzar rápido y sobre varios frentes. A pocos días de las elecciones, inició el impulso de una serie de cambios, en general por vía legislativa, acordes con el programa de máxima del gran capital. Inauguró esta nueva etapa anunciando que el momento marcaba un “ahora o nunca” y que debía avanzarse en un “reformismo permanente”. A partir de allí los funcionarios de las áreas respectivas anunciaron las grandes reformas para el futuro inmediato: Reforma tributaria, nuevo pacto fiscal, reforma previsional y reforma laboral, esta última la más importante en orden a la satisfacción directa de los intereses del gran capital.
En materia laboral presentó un proyecto que incluyó fuertes cambios en la ley de contratos de trabajo, casi todos en sentido de debilitar la protección del trabajador y aumentar el grado de libertad de las empresas para establecer las reglas sobre el desempeño de sus trabajadores. A ese proyecto lo acompaña un propósito particular de disminuir el salario, forzar la firma de convenios a la baja, suprimir o reducir derechos sectoriales estigmatizados como “injustos privilegios”.
El anuncio de avances por la vía legislativa fue luego matizado para buscar un acuerdo con la dirigencia de la CGT. De todos modos, subsisten el “blanqueo laboral” muy ventajoso para los empresarios, las restricciones a las indemnizaciones por despido; la “renunciabilidad” de ciertos derechos, así como la disposición a imponer por convenio clásulas perjudiciales para los trabajadores.
El proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno está inspirado en un ataque brutal para los jubilados. Con un incremento de haberes con la inflación como base casi exclusiva, la mayoría que cobra la mínima, hoy ya muy baja, queda condenada a vivir al borde de la indigencia. Por añadidura, vía disminución o supresión de aportes patronales, puede abrise un camino de pérdida de recursos de la Anses que termine en una nueva ronda de privatización total o parcial del sistema jubilatorio.
También se habla de reforma del Estado, basada en buena parte en el supuesto “exceso de personal”. A partir de esa toma de posición, herramientas conocidas: Retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y lo más grave, despidos. El gobierno hizo un prolongado estudio de “dotaciones óptimas”, para dar un aspecto de solvencia técnica a su plan de reducción de personal.
Con contornos por ahora menos definidos, o bien a cargo de los gobiernos locales, se anuncian reformas en el terreno educativo y de la salud, orientadas a disminuir la presencia pública en ambos ámbitos, con el consiguiente favorecimiento de las empresas capitalistas que actúan en esos sectores.
Un tinte autoritario aparece en la aspiración de “limpiar las calles” de piquetes y otras acciones de protesta. Prodigar prisiones preventivas tiene un aire de castigo arbitrario, más allá de los actos reales de corrupción del gobierno anterior. Dar “luz verde” a las fuerzas “de seguridad” para utilizar la fuerza, con balas de plomo incluidas, va en el mismo sentido. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son el claro testimonio de ese accionar represivo, inspirado en las directrices norteamericanas sobre las “nuevas amenazas”.
Estas reformas van más allá de sus propios enunciados. Se dirigen a instaurar el muy mentado “cambio cultural”, de un sentido individualista, por el que los trabajadores confíen sólo en su propio esfuerzo, abandonen hasta el menor atisbo de cuestionamiento al orden capitalista y de autoorganización, y dejen de centrar esperanzas en la mejora colectiva. El gobierno actual, y el gran capital en su conjunto, quieren entenderse con individuos más que con colectivos.
Resistencia en las calles y la necesidad de una alternativa popular y de izquierda
Resistencia en las calles y la necesidad de una alternativa popular y de izquierda
Pocos días después de cumplir dos años de gobierno, se comprobó que el principal obstáculo que se opone el avance del macrismo es la conciencia popular organizada y la capacidad de autoconvocarse por parte de nuestro pueblo. Una gigantesca movilización en Plaza Congreso fue dispersada con una feroz represión, pero el gobierno no pudo evitar que la resistencia se prolongara en cacerolazos en distintas calles de Buenos Aires y concentraciones y protestas en las principales ciudades del país. El macrismo aprobando a sangre y fuego la Reforma Previsional ha dilapidado una parte de su consenso político y queda enfrentado a un escenario complicado para afrontar las próximas reformas propuestas. Al desnudarse su carácter antipopular, todo su andamiaje represivo y comunicacional parece insuficiente. El forjamiento de nuevos espacios de unidad en la acción, con un fuerte peso de los trabajadores, que se expresaron en que la consigna más coreada fue “Unidad de los Trabajadores, y al que no le guste, se jode, se jode”, quita al gobierno espacios para el chantaje y la negociación.
Como quedó demostrado en la batalla contra la reforma previsional, en la lucha contra las reformas proeempresariales y de ajuste sobre los trabajadores y el conjunto de la población, se necesita la más amplia unidad de acción de los trabajadores y todos “los de abajo”, más allá de diferencias o incluso antagonismos en los planteos más generales. Enfrente se tendrá al gobierno nacional, y a buena parte de los que apuestan a un peronismo “renovado”, además de los gremialistas de eterno oficialismo, siempre dispuestos al trueque de derechos de los trabajadores por prebendas para sus organizaciones, salvo que sus bases le impongan otra cosa.
En algún momento puede sobrevenir una ofensiva general sobre las organizaciones sindicales. Aún con sus enormes rasgos negativos, el movimiento obrero argentino, con niveles de afiliación relativamente elevados, sindicatos poderosos, y vida gremial intensa en el nivel de las bases, constituye un límite a la hora de implantar un control empresario más amplio en la vida de los lugares de trabajo, en imponer la productividad y la “competitividad” en el hilo conductor de todo el proceso laboral.
Las dos CTA, las comisiones internas y delegados opuestos a las conducciones burocráticas, sectores combativos de la CGT, la CTEP, los movimientos de base territorial que nuclean a pobres y desocupados, el movimiento estudiantil y toda la variadísima gama de organizaciones populares que por fortuna existen en nuestro país, deben ser el eje fundamental de la resistencia frente al “reformismo permanente” del gobierno.
Esa amplia unidad de acción con todos los sectores dispuestos a combatir las políticas antipopulares y su ataque a una vasta gama de derechos, es indispensable, pero no suficiente. Nuestra sociedad tiene un déficit respecto a la conformación de una alternativa política popular, anticapitalista, orientada a la democracia directa, de vocación latinoamericana. Y una manifiesta necesidad de construir modos de organización y acción más plurales y horizontales, que aúnen el plano social y el político, ligados al día a día del movimiento social real, que construyan modos de convivencia que prefiguren una sociedad igualitaria y justa.
Partimos de considerar que la articulación que estamos construyendo, puede y debe nuclear a compañeros de diferentes militancias y tradiciones; el kirchnerismo, el peronismo en general, las diversas izquierdas. Necesitamos desarrollar modos de trabajo con los distintos sectores y con los grupos hasta ahora independientes que están en la búsqueda de una expresión política semejante a la que procuramos construir.
Sin duda los sujetos políticos han cambiado mucho en las últimas décadas. Un imaginario basado en la clase obrera industrial como sujeto prioritario de cualquier lucha emancipatoria necesita ser, al menos, matizado. Los debates en torno a la preeminencia de los movimientos sociales por sobre la clase trabajadora organizada, o las propuestas que, por el contrario, privilegian el rol protagónico que asumirán las organizaciones sindicales, deberán ser parte de nuestro trabajo político e intelectual como organizaciones del campo popular.
En el plano latinoamericano; Cuba, Venezuela y Bolivia, cada cual a su modo, constituyen referencias a la hora de pensar un proyecto de sociedad distinta a las basadas en la explotación y la alienación, de vocación cuestionadora frente al capitalismo y el imperialismo. Las nuevas síntesis a construir en nuestro país requieren promover una identidad de alcance latinoamericano, que incorpore una lectura histórica de los procesos de lucha y rebelión que llevan siglos, junto con una mirada de futuro de construcción continental.
Esa alternativa no puede constituirse en base a la fantasía del retorno al “pasado venturoso” de los doce años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esa experiencia no sólo nunca apuntó a superar el capitalismo ni los estrechos límites de la “democracia representativa”, sino que está ahora privada de las condiciones que permitieron sus políticas redistributivas, como lo fueron los altos precios de alimentos y materias primas exportables. La “demonización” de los gobiernos anteriores encuentra eco social, no solamente por la labor propagandística del gobierno, sino por la huella impresa por sus muchas falencias, corrupción incluida. Decididamente no hay “edad dorada” a la cual regresar, existe un futuro diferente a construir.
El FIT, más allá de sus propósitos revolucionarios y la indudable importancia de su presencia electoral y en las lucha cotidianas, tampoco constituye una alternativa. Su proclamado rol de vanguardia y su política ajena a la unidad de acción del conjunto de las fuerzas populares así lo muestran. Van en la misma dirección sus posicionamientos contrarios a los procesos latinoamericanos que pelean por la emancipación de sus pueblos. Son todos factores que lo alejan de la construcción de una verdadera fuerza alternativa y le establecen por tanto un techo relacionado con posiciones electoralistas.
Nuestra sociedad necesita una propuesta política nueva, dispuesta a desenvolverse en todos los terrenos de lucha, sin desdeñar el electoral; que despliegue un modo de organización y debate horizontal y plural, y una práctica cotidiana que prefigure la vocación de igualdad y libertad que es inseparable del ideal socialista. Que incorpore diversas tradiciones políticas; diferentes culturas militantes, múltiples y distintas prácticas cotidianas. Y adopte una perspectiva de mediano y largo plazo que apunte contra todos los modos de explotación y alienación, y las relaciones jerárquicas en cualquiera de sus formas y en todos los campos. Se necesita partir de las identidades anteriores hacia una nueva síntesis, que abarque tanto el ámbito social como el político. No puede separarse la construcción social de la que se da en el campo institucional, incluido el político-electoral. Es imprescindible tomar nota de los vastos cambios que ha experimentado el sujeto social en las últimas décadas; modificar a fondo la estructura de los sindicatos y las demás organizaciones populares, de modo de ponerlas en línea con propósitos de transformación social de largo alcance. El cuestionamiento de la propiedad privada de los medios de producción, de las relaciones laborales alienantes, del régimen del patriarcado en la relación entre los géneros, son marcas de identidad, distintivos de una verdadera perspectiva de izquierda anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal.
Sólo un proyecto de tales características puede apuntar a una transformación económica, social, política y cultural de nuestra sociedad, que se vuelva totalmente incompatible con la explotación y la alienación, que recupere las mejores tradiciones de acción colectiva y rebelión popular de nuestro país. Únicamente desde esa base se podrá aspirar con posibilidades de éxito a producir una derrota estratégica del gran capital, cuya realización y consolidación requerirá rebasar los límites de nuestro país, para situarse de modo perenne en una perspectiva latinoamericana.
La acción cotidiana y los grandes objetivos necesitan iluminarse mutuamente, en una articulación que ponga en consonancia el desenvolvimiento diario y la perspectiva estratégica
Primeras firmas (en orden alfabético)
Coordinadora Resistir y Luchar
Corriente Politica de Izquierda
Corriente Surcos
El Transformador
Emancipacion Sur ( CABA)
Izquierda Latinoamericana Socialista
FPDS
FPDS-CN
MULCS
MOI
RED Riosal
Varones Inconvenientes de Oeste
Norberto Bacher
Mauro Berengam
Daniel Campione
Aldo Casas
Nora Ciapponi
Julio Gambina
Miguel Mazzeo
Sergio Nicanoff
Beatriz Rajland
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