La violencia y la brutalidad de la policía hondureña se incrementaron en las últimas semanas de conflicto postelectoral, superando incluso a la que se vivió tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya (2006-2009), dijo a Sputnik este jueves el defensor de los derechos humanos Ariel Díaz.
“En el golpe de Estado no vimos un patrón de allanamientos ilegales tan marcado, este conflicto poselectoral no solo se caracteriza por un patrón de violencia estructural, sino también por una persecución selectiva a líderes sociales y de la oposición, donde hasta el mismo expresidente (Zelaya) ha sido víctima de violencia por parte de agentes”, dijo Díaz, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh).
A partir de 2009 se crearon nuevos cuerpos de seguridad “a los que se ha dotado de armas de alto alcance”, lo que en parte explica el incrementado del nivel de violencia, pues también ha habido “campañas de desprestigio contra líderes sociales y periodistas en las que miembros del partido gobernante les han señalado como traidores a la patria y otras difamaciones”, añadió.
El activista ve con preocupación que “la comunidad internacional se mantenga al margen y no haga un llamado directo al Estado” para que cese la violencia que estalló luego de los polémicos comicios del pasado 26 de noviembre, en los que la Alianza de Oposición denunció fraude.
Solo el 17 de diciembre y tras un escrutinio especial, el Tribunal Supremo Electoral proclamó ganador al actual presidente Juan Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional.
Las protestas por los resultados electorales no han cesado y en ese escenario asumirá el nuevo Gobierno este sábado.
“Lamentamos que la comunidad internacional no tenga una posición clara respecto al conflicto” postelectoral, insistió Díaz, quien criticó específicamente que “la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos que funcionan dentro del sistema interamericano no han tenido un papel protagónico”.
Dos informes preliminares de la misión electoral de la OEA que observó los comicios en Honduras dieron cuenta de múltiples irregularidades y establecieron que, en virtud de ellas, era imposible determinar quién había ganado las elecciones.
Acto seguido, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recomendó que se repitieran las elecciones.
Sin embargo, el informe final de la misión electoral, publicado a finales de diciembre, indica que el trabajo de auditoría efectuado “no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de los resultados, no obstante ello, concluye que el sistema (Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación) tal como se operó no era lo suficientemente robusto para impedirlo”.
El informe final de la OEA no hizo mención a la necesidad de convocar a nuevas elecciones, como había sugerido Almagro.
Tampoco hubo propuestas de los países miembros de convocar al Consejo Permanente de la OEA para discutir la crisis y las denuncias de fraude.
El lunes, Almagro expresó en un comunicado su disposición a trabajar con las autoridades hondureñas electas.
Para Díaz, la OEA debería manifestarse de forma más explícita, “y eso no lo hemos visto, no están cumpliendo con su rol”, insistió.
VIOLACIONES DE DDHH
El Ciprodeh pudo “constatar graves violaciones a los derechos humanos” cometidas el pasado fin de semana en el norte del país por parte de las fuerzas del Estado, además de un asesinato, según el activista.
“Una persona fue asesinada por fuerzas policiales, según las denuncias que recibimos por parte del ciudadanía, y el homicidio no ha sido investigado, ni se ha pronunciado ninguna institución al respecto”, dijo Díaz.
Además, añadió, “hemos recibido información sobre casos de tortura por parte de agentes de la Policía Militar de Orden Público y de detenciones arbitrarias de manifestantes”.
La Policía Militar de Orden Público fue creada 2013 con el objetivo de combatir la criminalidad en un país con cifras récord de homicidios.
Pero para Díaz se trata de “un brazo armado que está al mando del presidente y que ha tenido un protagonismo elevado en este conflicto postelectoral junto a las Fuerzas Armadas”.
En las protestas por las elecciones han muerto ya más de 30 personas.
“El uso de la fuerza ha sido desproporcionado, ilegal e innecesario”, dijo Díaz.
También es preocupante el involucramiento de la Fuerza Nacional Antiextorsión, ya que “cuando ejercen acciones de mantenimiento del orden público se presentan con armas de grueso calibre y alto alcance”, observó.
Esa institución “ha participado en la represión y ha implantado supuestas evidencias a detenidos de manera arbitraria, con el propósito de poder acusarlos por el delito de terrorismo”, denunció.
Este jueves se inauguró la legislatura 2018-2021 en el Congreso Nacional y al acto protocolario faltaron varios congresistas opositores del total de 128 diputados, informó el diario local El Heraldo.
Para este sábado, día de la investidura presidencial, están convocadas nuevas manifestaciones de protesta.
Sputnik
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