Los actos de terrorismo y crimen organizado perpetrados en varias ciudades nicaragüenses por grupos delincuenciales, según la policía, marcaron el ritmo noticioso en la semana que concluye hoy.
Individuos encapuchados, con armas de fuego, morteros y bombas molotov, alteraron el orden público, paz y tranquilidad de las familias, de acuerdo con las fuerzas del orden.
La víspera un grupo de sujetos irrumpió en las oficinas de la emisora Radio Nicaragua, ubicada en la capital, y saquearon e incendiaron las instalaciones, tras intimidar y sacar con violencia al guarda de seguridad y al locutor, según la fuente.
Conforme a medios periodísticos locales, el hecho fue ejecutado por vándalos que operan en el sector de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua, tomada en el contexto de la ola de violencia que persiste en este país desde el 18 de abril.
En tanto, en Masaya incendiaron instituciones públicas y saquearon negocios, además, atemorizaron a pacientes y trabajadores del hospital Humberto Alvarado, con el pretexto de buscar policías antimotines, según denuncias del Ministerio de Salud.
Asimismo en Granada, sitio turístico por excelencia, quemaron la Alcaldía municipal y vandalizaron edificaciones y comercios de la ciudad, patrimonio histórico y cultural de la nación.
En los últimos siete días también fue noticia el secuestro de una ambulancia que transportaba a una embarazada de parto hacia el hospital regional de León, en un bloqueo de vías.
Según reportó la policía, individuos encapuchados cobran peajes en los cierres de carreteras, dañan la infraestructura vial, vehículos privados y estatales, y violan el derecho constitucional al trabajo y la libre circulación en el territorio nacional.
El gobierno denunció que la situación de violencia delincuencial es generada por grupos políticos de oposición con agendas específicas, lo cual constituye una conspiración que viola la Constitución.
Por otra parte, las expectativas sobre el futuro del diálogo nacional entre el Ejecutivo y sectores opositores crecen en el país, mientras el pueblo espera el pronunciamiento del presidente Daniel Ortega sobre propuestas presentadas por la Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del proceso.
La ola de violencia estalló el 18 de abril en medio de protestas contra reformas del gobierno al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz contabilizó hasta el 29 de mayo un total de 85 muertos y 997 heridos, todos sujetos a investigación y verificación, según aclaró.
PL
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