IRINA SANTESTEBAN / La Arena – En las principales ciudades de Canadá, Argentina, Alemania, Ecuador, Paraguay, Brasil, Perú, Japón, Filipinas, y en el propio territorio de los Estados Unidos, se desarrollaron marchas para protestar contra la empresa Monsanto. La más importante se celebró en la sede principal de esta multinacional, en Sant Louis, estado de Missouri, donde fue fundada en 1901 por John Francis Queeny, comenzando con la distribución de sacarina y luego con el negocio de plásticos y resinas. En la década del ´70, Monsanto se dedicó a la fabricación de herbicidas, actividad que constituye hoy su principal negocio, junto a la producción de semillas genéticamente modificadas, como la soja transgénica.
En los años ´60, junto a Dow Chemical y otras empresas, Monsanto fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para producir el “agente naranja”, poderoso herbicida que fue utilizado en la guerra de Vietnam produciendo la devastación de la selva vietnamita y las cosechas, con un doble objetivo: privar a los vietnamitas de alimento y, como estrategia militar, destruir la vegetación selvática, que era un refugio seguro para los combatientes del Vietcong (el ejército de los vietnamitas que luchaban contra la ocupación norteamericana).
Esta poderosa arma biológica causó aproximadamente 400.000 muertes y pérdidas de miles de hectáreas de regiones selváticas, más unos 500.000 nacimientos de niños con malformaciones, además de las bajas y la contaminación en los soldados del propio ejército estadounidense.
No sólo en Vietnam ha dejado su marca letal la empresa Monsanto, en la ciudad de Bhopal, India, en 1984, un escape de gas tóxico de una fábrica de pesticidas perteneciente a esta compañía, y posteriormente adquirida por Dow Chemical, dejó miles de muertos y damnificados.
Decenas de juicios
En el propio territorio estadounidense, así como en Francia y otros países, Monsanto ha debido afrontar decenas de juicios, por las consecuencias en la salud y la vida de las personas que viven cerca de sus fábricas, ya sea por contaminación de las aguas (Anniston, Alabama) o por la utilización de herbicidas (Lyon, Francia).
Más recientemente, Monsanto ha debido enfrentar en Brasil una millonaria demanda por el cobro indebido de patentes por el uso de sus semillas transgénicas y sus herbicidas. En este caso, los accionantes no protestan por las consecuencias en el medioambiente o en la salud de las personas, sino porque durante varios años debieron pagar un 2 por ciento de su producción a Monsanto, hasta que un juez de primera instancia de Río Grande do Sul y la propia Suprema Corte de Justicia de Brasil dictaminó que esa patente había vencido y por ello se le reclama que no cobre más las patentes, y que devuelva los montos percibidos indebidamente.
Jornada de protesta
La jornada del 17 de septiembre fue convocada desde hace varias semanas, principalmente a través de las redes sociales, pero también por otros medios más tradicionales (afiches, campañas, difusión de organizaciones de campesinos y ambientalistas, etc.), con la consigna principal de rechazar la proliferación de semillas transgénicas, organismos genéticamente modificados (OGM) y agrotóxicos.
La marcha principal tuvo lugar en Saint Louis, la principal sede de Monsanto, y fue convocada hace tres semanas bajo el nombre de Occupy Monsanto, en una clara referencia al movimiento Occupy Wall Street, surgido hace un año para protestar por el accionar de los bancos y el sector financiero en los Estados Unidos y que hace algunos días sufrió nuevos arrestos por parte de la policía norteamericana.
Fuerte derrota
En América Latina, las movilizaciones más importantes se hicieron en Paraguay y Argentina. En tierra guaraní, la convocatoria coincidió con la llamada “Semana de la Semilla”, organizada por movimientos campesinos en defensa del uso de semillas nativas y criollas, frente al accionar de las multinacionales agrícolas. Es que luego del golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Lugo, el presidente de facto, Federico Franco, liberó la comercialización de semillas genéticamente modificadas que antes estaban prohibidas.
Así, hace algunos días, la Comisión Nacional de Bioseguridad (Combio), permitió el uso de las variedades de maíz transgénico VT Triple Pro, NK 603, MON810, que pertenecen a Monsanto, el BT11 de Syngenta y el TC1507 de Dow AgroSciences. De esta forma, se abre el camino para que se siembren un millón de hectáreas paraguayas con maíz transgénico, en un país donde el 2% de la población más rica posee el 80% de la propiedad de la tierra, y que luego del golpe de Estado contra Lugo, esta relación se está modificando a favor de los terratenientes más poderosos.
La liberación de estas semillas transgénicas representa una fuerte derrota para los movimientos campesinos, porque se incrementan las tierras cultivadas con semillas modificadas por su resistencia a terrenos inhóspitos. En la “Semana de la Semilla”, las organizaciones sociales y campesinas intentan oponerse al modelo de los agronegocios, proponiendo “construir mecanismos de socialización de la diversidad productiva, tanto campesina como indígena”.
Veneno
En Argentina, las marchas ocuparon las calles de ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Tucumán, Carlos Paz, entre otras, denunciando el accionar de Monsanto, en particular frente a la inminente instalación de una nueva planta de esta empresa en la localidad de Malvinas Argentinas, a 60 kilómetros de la capital cordobesa.
Argentina, junto con India, es uno de los países cuyo modelo de producción agrícola, se ha adecuado mejor a las exigencias de multinacionales como Monsanto, promoviendo una legislación que permite el uso de los OGM, que están prohibidos en muchos países del mundo. De esta forma, es el propio Estado el que colabora para desarrollar tecnología en conjunto con la multinacional, y la provincia de Córdoba, con la instalación de esta planta de Monsanto, comercializará la semilla Intacta, que es una variedad de semilla de maíz transgénico resistente a herbicidas de alta toxicidad. Según denuncian los vecinos de Malvinas Argentina, esas semillas segregan un veneno que terminaría con especies de insectos, como mariposas y “vaquitas de San Antonio”.
Esta población es un ejemplo de resistencia al modelo de producción agrícola que se viene imponiendo en nuestro país, que antepone el negocio y la maximización de la producción a cualquier costo, aún del ambiente y de la salud de los pobladores que viven cerca de estas plantas. El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, ha justificado la instalación de Monsanto, minimizando las consecuencias y afirmando que no habrá contaminación y sí generación de empleo. El gobierno de Córdoba ya ha autorizado la instalación de la planta y han comenzado los trabajos para su efectiva radicación.
Caso cordobés
El médico Medardo Avila Vázquez, integrante de la agrupación “Médicos de Pueblos Fumigados”, una de las organizaciones que convocaron a la marcha en Córdoba, España, afirma que en esta nueva planta de Monsanto habrá ocho silos donde se acopiarán semillas transgénicas, y que para esa manipulación se utilizarán agrotóxicos que contaminarán el agua de la zona, con consecuencias riesgosas para la salud de los pobladores.
Avila Vázquez sabe de qué habla. Fue querellante en la causa donde se juzgó por primera vez en la Argentina, a tres productores agropecuarios por fumigaciones aéreas en campos cercanos a Barrio Ituzaingó Anexo, en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba. Hace menos de un mes, la Cámara Primera del Crimen condenó a dos de los tres productores por esas fumigaciones, sentando jurisprudencia acerca de esta práctica, que padecen decenas de pueblos fumigados en todo el territorio nacional.
Más de siete mil personas marcharon ayer por las calles de Córdoba, al frente de las cuales se ubicaron unos 80 vecinos de Malvinas Argentinas, dando cuenta de la conciencia que ha adquirido en los vecinos de las poblaciones afectadas, la defensa del medioambiente, frente a un modelo de producción agrícola que pone la ganancia por encima de la vida y la naturaleza.
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