Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Fernando Lugo y Manuel Zelaya tienen algo en común: además de carrera en la presidencia de sus países e ideología de izquierdas, todos han sido enjuiciados por la derecha de manera injusta, sectaria y parcializada, acusados de ilícitos para sacarlos o acorralarlos en el juego político. La intención detrás: neutralizar a los dirigentes de izquierda judicializando la política.
El retroceso de América Latina en los últimos años ha sido inminente luego del golpe contra Lugo y Rousseff, la derrota electoral de la izquierda en Argentina y el giro ideológico del actual gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno.
En este sentido, la lucha anticorrupción ha servido de estrategia para tergiversar y crear caos, dada su rentabilidad política. “Quien llama a otro corrupto, lo convierte en el honesto y eso se expande”, advirtió Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, recientemente, razonando sobre el peligro que se ha instalado en la región. La complicidad de los medios de comunicación, muchos de ellos en manos de grandes grupos económicos, ha sido clave y crucial en este desenlace.
En Brasil, Dilma Rousseff fue acusada de cometer crímenes de responsabilidad, de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el parlamento y por usar préstamos de bancos públicos para ocultar déficit en el presupuesto y cubrir programas sociales, o lo que los medios decidieron señalar como “violación de normas fiscales para maquillar las finanzas del país”.
Aunque lo negó categóricamente fue destituida y el abogado Michel Temer ocupó la presidencia interina, llevando a cabo un gobierno salpicado por denuncias de corrupción y tráfico de influencia (de las que ha salido airoso por sus pactos). Un mandato que verá su fin tras las presidenciales de octubre, si los militares no se imponen pues amenazan con dar un golpe de Estado si no se encarcela al también ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
A Dilma se le achacó una práctica prohibida por la Ley de Responsabilidad Fiscal, obviando en anteriores ocasiones a gobiernos que han hecho lo mismo con impunidad. Tanto fue el ensañamiento, que se le juzgó por supuestos delitos cometidos en sus dos períodos de gobierno, acción considerada por ésta como un golpe de Estado impulsado por la derecha.
Su defensa negó que Rousseff firmara varios de los puntos de cuenta por los que era señalada y alegó que el presidente de Diputados, Eduardo Cunha -ahora suspendido por el Supremo Tribunal de Justicia al enfrentar varias denuncias de corrupción, incluido el cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior-, actuó por “venganza”.
Por otro lado, la expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, también ha sido blanco de una derecha empeñada en desacreditarla. Se le ha acusado de asociación ilícita y lavado de dinero, manejo de fondos intervenidos y cobro de dos jubilaciones (la de ella y la de su esposo), traición a la patria, administración fraudulenta y, más recientemente, por negociaciones incompatibles con la función pública, luego de que Aerolíneas Argentinas (controlada por el Estado) contratara 26 mil noches en el Hotel Alto Calafate, propiedad de la ex presidenta, sin seguir los mecanismos de compra previstos por la ley. Muchos de estos procesos están aún abiertos sin pruebas que determinen la culpabilidad definitiva de la líder.
Fernando Lugo, en Paraguay, es otro de los ejemplos de este orden. Destituido el 22 de junio de 2012, se le acusó de ejecutar un mal desempeño de sus funciones, tras un golpe parlamentario del Senado. Para garantizar su salida definitiva se le responsabilizó de los enfrentamientos en la provincia de Curuguaty, en los que murieron 11 campesinos y 6 policías, durante el desalojo de los trabajadores rurales que ocupaban un territorio en protesta por la escasez de tierras para el cultivo. La policía y fuerzas militares que procedieron a ejecutar dicho desalojo, lo llevaron a cabo de manera ilegal, abusando de su fuerza, y generaron un revuelta que valdría la salida de Lugo. La derecha hizo fiesta y se impuso en un nuevo gobierno con complicidad del parlamento.
Otro caso resonado en el que un mandatario de izquierda fue destituido, desprestigiado y acusado de ilícitos, ocurrió en Honduras con Manuel Zelaya Rosales, luego de que la Procuraduría General de la República solicitara un embargo precautorio a su casa en Tegucigalpa.
MANUEL ZELAYA
La medida se tomó luego de que Zelaya separara a la entonces presidenta del Banco Central, Gabriela Nuñez, de su cargo por negociar, presuntamente, la devaluación de la moneda con el Fondo Monetario Internacional.
La madrugada del 28 de junio del 2009 obligaron a Zelaya a abandonar su casa y lo enviaron al exilio a Costa Rica, tras un golpe militar avalado por orden del Congreso. Ocurrió justo en el momento en el que éste pretendía reformar la Constitución en favor de las clases más desfavorecidas.
Todos estos casos han sido calculados por la derecha para acorralar a los líderes políticos de izquierda en Latinoamérica, sacarlos del terreno de la lucha y de posibles reelecciones presidenciales con juicios totalmente viciados, apoyados por los emporios comunicacionales que han realizado una excesiva campaña de desprestigio internacional.
