El pasado domingo, 10 de diciembre de 2017, Puerto Rico recibió la visita del Dr. Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas para Asuntos de Extrema Pobreza y Derechos Humanos, quien celebró una vista pública en el teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad InterAmericana. En la misma Marcia Rivera hizo la presentación que publicamos a continuación, en representación del equipo de trabajo del Primer Informe sobre Desarrollo Humano de Puerto Rico.
Muy buenas tardes, Dr. Philip Alston, Relator de las Naciones Unidas para Asuntos de Extrema Pobreza y Derechos Humanos, distinguidos expertos que lo acompañan, representantes de organizaciones sociales que se encuentran en este cónclave; colegas, amigos y amigas. Soy Marcia Rivera Hernández, economista y socióloga, y hablo en representación del equipo que elaboró el Primer Informe sobre Desarrollo Humano en Puerto Rico; un equipo multidisciplinario de expertos que en forma voluntaria y solidaria nos dimos a la tarea de sentar una base de análisis para comprender dónde está Puerto Rico en cuanto a desarrollo humano; cuáles son sus urgencias y sus desafíos. Hemos analizado a fondo en el primer informe los temas de pobreza, desigualdad, trabajo, salud, educación y cultura; estábamos listos para presentar la versión final cuando se nos instaló la debacle más grande de nuestra historia.
En septiembre de 2017 dos huracanes de máxima magnitud, Irma y María, devastaron el archipiélago de Puerto Rico y develaron con claridad meridiana el conjunto de vulnerabilidades acumuladas durante muchos años. No atender a tiempo los diversos escenarios de fragilidad, que ya eran evidentes, ha llevado a una catástrofe en términos de desarrollo humano. Los datos incluidos en el Primer Informe reflejan la situación del país antes de la debacle. Pero el análisis, así como sus conclusiones, ayudan a captar el alcance de la vulnerabilidad que ya existía en diferentes ámbitos y permiten comprender el porqué de la tragedia, así como calibrar mejor los daños verificados.
Desde mediados de la década de 1970, numerosos estudios habían advertido sobre los nuevos problemas que estaban generando las estrategias económicas que se seguían en Puerto Rico, elaboradas con la anuencia del Congreso de los Estados Unidos, que tiene el poder ulterior sobre todo lo que acontece en este territorio no incorporado de los Estados Unidos. La mayoría de las situaciones no se atendieron en su debido momento y fueron convirtiéndose en limitaciones serias, en problemas estructurales difíciles de superar, llegando a conformar un denso tejido de vulnerabilidad general para la economía y la sociedad puertorriqueña. Generaron una verdadera crisis multidimensional; fue el sustrato de la trágica catástrofe desatada tras las vientos huracanados de María.
La crisis fiscal creada por la enorme deuda pública, es uno de los problemas más complejos del país porque alcanza unos 72,000 millones de dólares, su crecimiento exponencial fue el resultado de la aplicación de las políticas de los Estados Unidos hacia sus territorios y gobiernos locales. Por tanto, la misma no es exclusivamente responsabilidad del gobierno o del pueblo de Puerto Rico. Desde 1975 el Informe Tobin ya advertía del peligro del crecimiento de la deuda pública y recomendaba prudencia. En el crecimiento de la deuda jugaron muchos factores, incluyendo un mercado financiero e instituciones estadounidenses que indujeron a gobernantes de Puerto Rico a tomar préstamos; la disponibilidad de fondos federales a los que Puerto Rico desde los años ochenta pudo acceder con relativa facilidad si conseguía pareo; y normativa federal en todos los ámbitos de gestión, que obligó a Puerto Rico a crear nuevos programas para cumplir con determinaciones sobre las cuales nunca fuimos consultados. Sin duda, no desconocemos que también hubo cuestionables procesos éticos y responsabilidad de los gobernantes que tuvimos, acá en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Por todo ello, desde la ciudadanía se ha reclamado con insistencia que esa deuda se audite para determinar la procedencia y legalidad de la misma. La deuda tiene que reestructurarse, cancelando una suma importante, sino toda, dado los intereses usureros que su pago requiere y la forma en que fue generada. El pueblo de Puerto Rico claramente no está en condiciones de asumirla.
Además de la deuda pública, muchos otros problemas siguieron creciendo y complicándose hasta hacerse verdaderamente críticos. Vale destacar, por ejemplo, que las estrategias de hacer pivotar la economía de Puerto Rico en la manufactura para exportación -instrumentadas con algunas variaciones durante más de 50 años- y el comercio fueron incapaces de generar suficientes puestos de trabajo en el sector privado. Esto llevó a tasas de desempleo altas y persistentes (11.7% antes de los huracanes), a una muy baja tasa de participación en el mercado laboral (apenas un 40% en agosto 2017), a que una tercera parte del total de empleados sólo gane un salario mínimo, y a la percepción generalizada de que el sector público padecía de “gigantismo” (en comparación con el privado) y había que achicarlo, como de hecho se fue haciendo. La progresiva reducción de personal gubernamental fue parte de una política pública neoliberal, que nunca buscó cortar los salarios, beneficios, incentivos a quienes más ingresos generan, sino recortar puestos de trabajo en las escalas menores de la jerarquía gubernamental. Su resultado era previsible: una estructura gubernamental endeble, insuficiente, incapaz de ofrecer servicios imprescindibles, de llevar adelante controles que deben hacer los gobiernos, y de dar el mantenimiento necesario a la infraestructura del país. El azote de los vientos de septiembre, y la secuela de adversidad que siguió, pusieron de relieve la precaria capacidad de respuesta del menguado aparato gubernamental de Puerto Rico y contribuyeron a profundizar la multidimensional crisis que ya el país enfrentaba.
En el primer huracán Irma, del 6 de septiembre de 2017, la electricidad falló en muchos sectores del país, pero el 20 de septiembre, con María, el sistema eléctrico colapsó y dejó huérfana de ese servicio a toda la población, en muchos casos durante varios meses, así como a industrias y negocios, escuelas, hospitales, y a las propias instancias gubernamentales y municipales. También cayeron casi la totalidad de las torres de telecomunicaciones y durante semanas la población estuvo sin radio, televisión, celulares y acceso a Internet. Ello significó una enorme pérdida económica, con un monto total estimado entre sesenta y noventa mil millones de dólares. No hay una cifra final todavía porque no tenemos certeza del número de abonados que aún siguen sin electricidad – que son miles- ni un desglose de cuántos son abonados comerciales y cuántos residenciales. En todo caso, el costo de la recuperación parece rondar o superar el de la deuda pública de Puerto Rico. Ambas cosas, sumadas al estancamiento en el crecimiento económico que se verificaba desde hace una década y que se proyecta al futuro inmediato, hacen pensar que el Puerto Rico que conocimos no volverá a ser igual. El impacto de esta catástrofe sobre el desarrollo humano ha sido de tal envergadura que obliga a repensar totalmente la dirección de las políticas públicas, la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos y las estrategias para una imprescindible refundación del país.
La ausencia de electricidad y de telecomunicaciones trajo consigo pérdida de empleos y de ingresos. Entre los meses de septiembre y octubre 2017, desaparecieron unos 31,600 empleos asalariados no agrícolas, según los datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Los sectores más castigados por la pérdida de empleos en el sector privado fueron turismo (15,800), comercio, transportación y utilidades (7,700), servicios educativos y de salud (3,400), servicios profesionales (2,300) y manufactura (1,200). Pero esta cifra pudiera ser mucho mayor, dado que al 31 de octubre, más de 175 mil trabajadores se mantenían a la espera de notificaciones patronales para retornar a sus puestos, pero la prolongación del período sin electricidad en los negocios y las dificultades con las telecomunicaciones que persisten seguramente significará una reducción en los llamados a retomar sus empleos.
El colapso energético también supuso mayores gastos para familias con cierta capacidad adquisitiva, al tener que comprar comida hecha fuera del hogar, adquirir agua potable, pagar por limpieza de sus hogares y costosas reparaciones, y conseguir fuentes alternas de energía (como lámparas solares, linternas, plantas generadora y pagar el alto costo de gasolina o diesel para hacerlas funcionar. Pero las familias pobres quedaron totalmente desprovistas. La combinación de incremento en gastos cotidianos de las familias con disminución o desaparición de ingresos incrementó significativamente el nivel de pobreza en Puerto Rico en los pasados dos meses. El Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey estimó que el nivel de pobreza en la Isla aumentó de un 44%, antes de los huracanes, a un 52% tras ellos. Es altamente probable que muchas más personas crucen el umbral y caigan bajo el nivel de pobreza si el proceso de recuperación sigue tan lento como hasta ahora. El CIC afirma que es posible que las 254,905 personas que tenían un ingreso entre 25 y 50% superior al umbral de la pobreza antes de los huracanes también caigan bajo el nivel de pobreza, elevando la tasa potencialmente hasta 59.8%.
Vale resaltar que la población infantil puertorriqueña presenta una grave situación de vulnerabilidad. Cuando se analiza la pobreza por grupos de edad se verifica que antes de la catástrofe actual, los niveles de pobreza de los menores de 17 años era del 57%, encontrándose grandes disparidades regionales y municipios con 70 y 80 por ciento de niños, niñas y adolescentes bajo el umbral de pobreza. Hoy, con toda seguridad, esa proporción es mayor, lo que nos plantea un desafío al que debe asignársele primera prioridad en el proceso de reconstrucción del país.
La ferocidad de los vientos huracanados destruyó 70,000 viviendas y otras 250,000 sufrieron daños significativos, según los datos ofrecidos por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. Hubo pérdidas muy grandes también en edificios públicos, carreteras, caminos, puentes, represas, bosques, parques, cuya recuperación supondrá un esfuerzo gigantesco para las familias y para el gobierno. Hasta ahora no se cuenta con un análisis pormenorizado de costos que conllevará reparar o rehacer viviendas y la infraestructura vial, recreativa y medioambiental. Tampoco se ha elaborado un plan de reconstrucción integral, con participación de expertos y de los cientos de miles de afectados. Ni siquiera tenemos un compromiso concreto de ayuda del Congreso de los Estados Unidos para la recuperación. Hasta ahora la ayuda brindada por los Estados Unidos se ha centrado en la limpieza, el restablecimiento de la red energética y la distribución de alimentos a familias necesitadas. Pero será imprescindible poner al país en condiciones de iniciar una ruta de recuperación del crecimiento económico, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo integral, coherente y sustentada en la visión de desarrollo humano sostenible. Lamentablemente, respecto a eso, sólo organizaciones de la sociedad civil están hablando y actuando.
La merma en actividad económica tras el paso de los huracanes supondrá una reducción de al menos $1,300 millones de dólares en los recaudos del Fondo General del gobierno para el año fiscal 2017-2018, según ha expresado recientemente el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, Raúl Maldonado. Ello quiere decir menos recursos disponibles del presupuesto de Puerto Rico para el funcionamiento del gobierno, lo que seguramente llevará a más restricción del gasto en nómina, reduciendo el ya magro personal que hay, y a contar con muy escasos recursos para la urgente fase de revitalización. Lo dramático de la situación es que Estados Unidos no ha comprometido ayuda relevante, pero tampoco permite que el sistema de Naciones Unidas movilice a sus agencias y a la cooperación internacional para el desarrollo, a fin de que ayuden a Puerto Rico en esta crisis multidimensional de grandes proporciones.
La catástrofe generó numerosos impactos más allá de los económicos. Profesionales de la salud han constatado que este proceso provocó, y sigue generando, altos niveles de angustia personal y colectiva, que se suman a una situación de salud mental colectiva precaria antes de los huracanes. También se han verificado incrementos en afecciones respiratorias debido a la contaminación del aire con partículas patógenas y alérgenos; aumento en enfermedades gastrointestinales por la contaminación de aguas; incremento en suicidios, entre otras patologías generadas o acentuadas por la debacle que estamos viviendo. Todo ello en un marco de un sistema de salud quebrado, asentado en la noción neoliberal de que la salud es un negocio, y que deja a buena parte de la población sin acceso real a este imprescindible derecho humano.
También hubo mayor pérdida de vidas que lo que inicialmente se estimó. Estas ocurrieron en salas hospitalarias neonatales, de diálisis y de operaciones por falta de electricidad, en números que se han ocultado. En el espacio doméstico se confirmaron muertes por infarto y accidentes cerebro vasculares; también por accidentes en los procesos de preparar las viviendas para el huracán y en el uso de plantas de energía, así como por fuegos, deslizamiento de terrenos e inundaciones, entre otras. Otras muertes correspondieron al ámbito laboral, mayormente producto de accidentes en tareas de restauración del sistema de energía eléctrica. El proceso de certificar las muertes y sus causas ha sido fuertemente criticado por la sociedad y no tenemos aún una cifra certera y confiable; pero los estimados del total de muertes relacionadas al paso de los huracanes se acercan al doble del promedio de muertes en un septiembre u octubre “normal” en Puerto Rico. Nuestro cálculo coincide con investigaciones hechas por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, la cadena CNN de TV y un estudio realizado en la Universidad de Pennsylvania, por el demógrafo Alexis Santos y el epidemiólogo Jeffrey Howard, que ubican la cifra en más de mil muertos, cuando para el gobierno no llegan a 100.
Los desafíos que estamos enfrentando en este momento son enormes y complejos, dada la precariedad económica del país y la imposibilidad de conseguir la ayuda exterior que necesitamos. La incertidumbre y la desesperanza se han instalado en la mayoría de la población y las opciones de quedarse en tierra boricua les resultan escasas. La fragmentación de familias es evidente; muchas debieron enviar a sus adultos mayores, a sus enfermos, y a menores de edad con necesidades especiales, a lugares fuera de Puerto Rico donde hay electricidad. Es difícil encontrar hoy a una familia en Puerto Rico que no haya sufrido el dolor de ver a uno de sus miembros partir con rumbo incierto hacia los Estados Unidos en busca de mejores perspectivas de vida.
Los datos más emblemáticos del impacto humano de los huracanes Irma y María se revelan al analizar la emigración. Según una proyección reciente del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College, entre 114,000 y 213,000 residentes de Puerto Rico dejarán la isla anualmente después del huracán María. Se estimó que entre 2017 a 2019, Puerto Rico puede perder hasta 470,335 residentes, o el 14% de su población previo a septiembre 2017. Algunos de quienes salieron tal vez volverán cuando haya regresado la electricidad y mejoren las condiciones laborales, pero seguramente la mayoría sentará nuevas bases fuera de Puerto Rico. Vale señalar que en el proceso de emigrar podemos encontrar dos variables fuertes: i) las condiciones que efectivamente hay en Puerto Rico, que impulsan a salir; y ii) las ofertas de atracción que están haciendo algunos estados como Florida, o Nueva York, relacionadas con cambiar el balance de poder electoral en esos estados y con atraer más recursos federales a sus arcas. En esa lógica, Puerto Rico quedaría irremediable y fatalmente atrapado al convertirse en balón político de la pugna entre republicanos y demócratas por el control electoral de ciertos en los Estados Unidos donde las votaciones son cerradas.
El primer Informe sobre Desarrollo Humano en Puerto Rico da cuenta de que ya antes de los huracanes el país estaba inmerso en enormes contradicciones, paradojas, contrastes y desafíos y presentaba diversos frentes de vulnerabilidad. Ello era evidente en el acceso y distribución de recursos, en la alta proporción de desempleo en el país, las falencias en infraestructura eléctrica y de aguas, el bajo nivel de seguridad alimentaria, así como en la alta proporción de viviendas construidas en zonas de riesgo y sin seguir los códigos requeridos. El azote de los dos fenómenos naturales nos ha hecho retroceder varias décadas y la hoja de ruta para una salida digna requiere de una inversión masiva de recursos, de mucha capacidad de gestión, de frenar las coordenadas de corrupción que abundan, y de repensar colectivamente el qué somos, a dónde queremos ir, y el cómo lo haremos.
No se trata, pues, de poner parchos a la estructura de lo que fue Puerto Rico, de levantar al país como estaba, de negociar la deuda, o de “echar pa’lante”; no. Hoy se requiere un cambio radical; una mudanza conceptual hacia una estrategia distinta, que sea coherente, integral, sinérgica; que establezca decididamente como prioridad el reducir significativamente la pobreza y la desigualdad social, que desde hace años viene limitando el desarrollo humano en Puerto Rico. Tenemos que fijarnos metas concretas y crear un proceso de verificación permanente de su cumplimiento. Tenemos que aprender a hacerlo, como lo hacen más de 190 países que pertenecen a las Naciones Unidas y participan de intercambios, acuerdos, talleres que convoca la Organización para asegurar políticas sustentadas en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Como bien es sabido, las medias de austeridad que implementan los Estados Unidos, y que se exigen a Puerto Rico, están creando una sociedad donde el 1% de la población tiene acceso ilimitado a todo y la gran mayoría de la población apenas sobrevive. No es esa la sociedad a la que aspiramos las y los puertorriqueños.
Queremos que la búsqueda de la equidad en todas sus dimensiones, junto con la solidaridad, sean el anclaje de la estrategia para lograr una reconstrucción verdaderamente transformadora. Puerto Rico tiene que refundarse – y puede hacerlo- buscando un desarrollo centrado en las personas y asegurando que sea sostenible en el tiempo. Tiene que encaminarse hacia políticas económicas y sociales basadas en la erradicación de la corrupción y el logro de transparencia; en la democracia participativa, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de condiciones y oportunidades y la reconceptualización de nuestra relación con la naturaleza. Poner en marcha una estrategia de desarrollo humano sostenible, integral y diversificada, requerirá mucho diálogo entre actores sociales clave y llevar adelante un proceso formal de concertación social. Quienes conformamos el equipo que generó el Primer Informe sobre Desarrollo Humano en Puerto Rico estamos profundamente comprometidos con ello y lo haremos, ojalá que con su ayuda, señor Relator.
Precisamos, de entrada, que usted pueda comunicar en su informe la necesidad de lograr una cancelación o reestructuración con quitas muy grandes de la deuda pública de 72,000 millones de dólares que arrastra el país. No podemos pagarla, ni es justo que se nos exija hacerlo porque su generación fue mayormente inducida, porque no ha sido auditada, porque en muchas transacciones medió corrupción, porque sus intereses son usureros, y sobre todo, porque se hizo a espaldas de la población, sin verificación ciudadana y sin posibilidad de revertirla.
Le solicitamos también que su informe acoja el planteo de la urgencia que reviste desarrollar una estrategia integral, dirigida a corregir los desequilibrios que existen en la economía de Puerto Rico, donde hay un dominio y control casi total de empresas transnacionales estadounidenses, cuya competencia ha reducido la capacidad productiva de las medianas, pequeñas y microempresas locales y han dificultado el desarrollo de un sector de economía comunitaria y de economía social solidaria. También hay desequilibrios muy importantes entre sectores de producción y de tipos de incentivos que se ofrecen a los empresarios, e inexistencia de cadenas de valor que permitan articular el proyecto económico en su conjunto. Es evidente que se ha pagado un precio demasiado alto por esos desequilibrios y que para alcanzar un desarrollo humano sostenible, integrado y bien distribuido, se precisa generar una nueva ecuación.
Para avanzar en el objetivo de refundar a Puerto Rico sobre bases sólidas y sustentables, se necesitará también atender los reclamos de descolonización y de libre determinación que ha hecho la población puertorriqueña, a fin de llegar a un acuerdo final sobre cuál será la relación con los Estados Unidos y definir cómo se daría una transición a partir de esta coyuntura. Desde hace más de cuarenta años, el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas ha aprobado sendas resoluciones llamando a la Asamblea General a tratar el caso colonial de Puerto Rico, sin que ello haya ocurrido. Estados Unidos siempre ha logrado detener la consideración del caso de Puerto Rico por parte de la Asamblea General de la ONU, aduciendo que eso quedó resuelto en 1952 cuando se creó el Estado Libre Asociado y Estados Unidos quedó eximido de someter informes anuales sobre Puerto Rico. Pero desde entonces el control federal sobre una enorme diversidad de asuntos en Puerto Rico se ha expandido y afirmado consistentemente. Y lo sigue haciendo, como evidencian la aprobación de una Junta de Control Fiscal bajo la ley PROMESA para atender el asunto de la deuda pública en Puerto Rico y el propio manejo de la emergencia tras el huracán María desde septiembre. El poder ulterior sobre Puerto Rico como un territorio no incorporado se ha reafirmado también a través de decisiones recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, hecho que limita seriamente la capacidad de tomar acciones autónomas sobre el futuro que se desea construir.
De hecho, como evidencia de ese proceder, tan reciente como la semana pasada, el Senado de Estados Unidos aprobó una reforma contributiva que va a reconfigurar la relación económica entre Puerto Rico y los Estados Unidos y afecta muy negativamente a nuestro país. Lo hizo sin la más mínima consulta y sin consideración de las necesidades de Puerto Rico. Los análisis preliminares que hemos hecho apuntan a que las políticas que han promovido la actividad económica en Puerto Rico en el pasado, quedarán totalmente sepultadas, al punto que los productos que se envíen a los Estados Unidos tendrán que pagar, por primera vez, una cuota de importación de 20%. Puerto Rico, como usted bien sabe distinguido Relator, no tiene un foro al cual acudir para presentar un reclamo sobre esta arbitrariedad. No lo tiene porque somos un “territorio no incorporado” de los Estados Unidos, y la Organización de Naciones Unidas se ha hecho de la vista larga de la dura realidad de que seguimos siendo una colonia del país que, precisamente, más resiste a la ONU.
Quiero reiterar que las condiciones de vulnerabilidad general previas al huracán plantearon una seria amenaza básicamente por dos razones: i) la falta de poderes que tiene Puerto Rico para construir una estructura económica guiada por principios de desarrollo humano sostenible; y ii) las severas medidas de austeridad neoliberal tomadas desde 2009, que redujeron las posibilidades reales de bienestar de la gran mayoría de la población y dejaron una estructura de gobierno sumamente débil, incapaz de dar el mantenimiento adecuado a la infraestructura del país. Ambos factores llevaron a que la vulnerabilidad general del país se convirtiera en situación de altísimo riesgo frente a un desastre natural y a que la catástrofe se instalara cuando los vientos comenzaron.
Finalmente, señor Relator, como equipo insistimos en que no podrá haber un proyecto exitoso de desarrollo humano sostenible si Puerto Rico no corrige sus vulnerabilidades económicas y sociales, si no logra regenerar su quehacer político y poner en marcha un proceso de descolonización serio, monitoreado por las Naciones Unidas. Puerto Rico no podrá dejar de violar derechos humanos si no repiensa su estructura institucional y su sistema de partidos. Pero también, si no resiste con fuerza el flagelo de la corrupción en la administración pública, que se verifica en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Queremos fundamentar el renacer de este país en la ética, la equidad y la solidaridad.
La catástrofe de septiembre de 2017 demostró que el mayor activo de Puerto Rico es su gente. En medio de la devastación y sin comunicaciones, ni posibles contactos con el mundo más allá del perímetro familiar o del vecindario, la gente salió a la calle a enfrentar la nueva adversidad, abriendo caminos, sacando escombros, con la autogestión y el intercambio solidario como únicos instrumentos para comenzar a labrar otro futuro. Los puertorriqueños hemos aprendido a ser fuertes a fuerza de palos que nos ha dado la historia; tenemos capacidad y condiciones de reinventarnos – lo ha debido hacer muchas veces. Pero la comunidad internacional tiene que estar informada de la situación que estamos viviendo y la Organización de Naciones Unidas debe comenzar a actuar sobre el caso de Puerto Rico. Es sumamente injusto que el Congreso de los Estados Unidos de América, en el marco de sus obligaciones de poder ulterior, no haya adoptado a esta fecha las medidas necesarias e impostergables para apuntalar los esfuerzos que, contra viento y marea, estamos desplegando en Puerto Rico para construir un futuro más digno, equitativo y humano para, por y con nuestra gente. Su informe, distinguido Relator, avalando estos reclamos sería muy importante para nosotros. Muchas gracias.
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