COSTA RICA : El derecho a la rebelión

Ha llegado, pues, el momento de la rebelión. Ha llegado el momento de exigir cuentas y expulsar del templo a latigazos a los mercaderes...

Alfonso J. Palacios Echeverría 

COSTA RICA: El derecho a la rebelión.

Alfonso J. Palacios Echeverría

Vivimos un momento de nuestra historia como país en el que se ha logrado insumir en la mentalidad colectiva que solamente el poder económico concede suficiente “poder” para cambiar o mantener la enorme gama de injusticias que se manifiestan cotidianamente. Nos es que antes no se pensara de la misma forma, sino que la creencia en ideologías políticas un poco más humanistas contrarrestaba un poco el materialismo inmerso en esta forma de pensar.

En otras palabras, se cree actualmente que, como la enorme mayoría de los ciudadanos somos pobres no tenemos ”poder”, ése que nos permitiría organizar y llevar a cabo una insurrección ciudadana orientada hacia corregir fenómenos como, por ejemplo: la concentración del poder político en manos de ciertas cúpulas de los partidos políticos y totalmente alejadas de las realidades de los ciudadanos todos; o la concentración del poder económico en pequeñísimos grupos que manipulan a su antojo cosas tan importantes como las exenciones de impuestos, justificándolo con la teoría de que es una forma de estimular el crecimiento económico y generar empleo, mientras cargan el financiamiento del Estado en cargas impositivas sobre los niveles más pobres y los asalariados; o el delegar en unos autodenominados “iluminados” líderes de pacotilla el destino de toda la nación, cuando en realidad lo que han creado es una inmensa red de corrupción que solamente favorece a esos pequeños grupos.

Vivimos un momento de nuestra historia como país en el que la ciudadanía, a través de una prensa en cierta forma (y sólo en cierta forma) se considera independiente o que al menos adversa a las cúpulas políticas, se entera de las tramáfulas de los políticos, sus actos ilegales, en algunos casos delictivos, y al menos perversos, y por ello de una forma o de otra se han incoando procesos judiciales en contra de personajes de partidos políticos que en su momento aprovecharon su ubicación en los centros de poder e influencia para delinquir abiertamente. ¡Y eso que todavía falta que empiecen a aparecer los escándalos del pasado gobierno! Aunque ya se inicia el proceso de tomar nota de al menos el “tráfico de influencias”, según las últimas noticias que son motivo de reseñas y comentarios en los medios de prensa.

¡El derecho a la rebelión! Allí está la única esperanza para frenar el deterioro del que somos víctimas, pero es algo tan alejado de la forma de ser del costarricense, que hizo expresar a Pierre Thomas Claudet, ya por el año 1992, que “la sociedad costarricense no ha sido la excepción a las influencias negativas de un mundo donde el desarrollo material es sinónimo de prosperidad para muchos hombres…. que formamos parte de una civilización caracterizada por un preocupante vacío existencial y con ausencia de sentido de la vida, a pesar de que la sociedad de consumo está dedicada a crear necesidades, para luego satisfacerlas…. el hombre de hoy emprende todos sus esfuerzos en la búsqueda de la posición social, en el afán desmedido por el poder, el placer y el dinero…. despersonalizado, carente de metas, masificado y fundamentalmente formado para lo material, pero no para la vida. Y es seguramente por ello que en este país se han enraizado poderosos enemigos que tiene doblegado al pueblo, y que son en cierta forma los culpables de que la corrupción, la criminalidad, los vicios y la comercialización de los valores sea la tónica común ¡No ha existido alguna forma de rebelión en contra de quienes impulsan a la decadencia para satisfacer sus ansias de poder y riqueza!

A quienes nos atrevemos a exponer estas verdades, por lo general, se nos acusa de tergiversar los hechos, y somos objetos de una franca descalificación por parte de quienes manejan los medios de comunicación masiva (incluso nos cierran las puertas localmente), ya que no nos adherimos incondicionalmente a la tesis prevaleciente sobre la interpretación del comportamiento social, sino que nos atrevemos a proponer una posición conceptual contraria a la avalada oficialmente.

Por otro lado, cuando surge la insinuación de que el derecho a la rebelión es inherente al pueblo, se acusa a quienes nos atrevemos a exponerlo de “terroristas”, por el hecho de que causamos terror pánico en quienes vienen manipulando a los ciudadanos desde hace más o menos unos treinta años, montados sobre las concepciones capitalistas neoliberales, que progresivamente atentan contra el estado de derecho, de formas sutiles y a veces no tanto. Por ejemplo, tratan de debilitar el Estado mediante su lenta e inexorable desmantelamiento, por un lado, y con el fomento de la corrupción burocrática, por el otro, que es una manera de debilitarlo ante los ojos de los ciudadanos, para justificar la solución “privada” del manejo de las obras y los servicios públicos. Pero, al menos en nuestro país, la entrega de estas actividades en manos privadas ha resultado en nefastos fracasos -salvo raras y muy contadas excepciones- como lo demuestran las concesiones privadas de obras de infraestructura, como la construcción de carreteras, o de servicios, como la televisión por cable, que está en manos de un cuasi monopolio virtual, y que modifica lo contratado a su capricho, sin el menor respeto al cliente.

En todas las sociedades se manifiesta una tensión inevitable entre los dirigentes políticos y los demás sectores de la población. Aun en sociedades como la nuestra- que proclaman en origen popular del poder y de la autoridad-  no es un ente abstracto quien ejerce estas prerrogativas sino una elite oficial que goza de cierta autonomía y libertad de acción, de hecho y de derecho. De allí que se den los abusos de poder de los que hemos sido testigos desde hace ya al menos unos cinco períodos de gobierno.

Teóricamente se puede decir que algunas órdenes emanadas del poder carecen de valor y que los ciudadanos no tienen que someterse a ellas, pero… ¿quién decide sobre esto? ¿Tienen derecho los pueblos, los grupos organizados, los individuos, a juzgar por su propia cuenta los actos de las autoridades y resistirse a ellas? Casi ningún gobierno del mundo permitirá la desobediencia o, peor aún, la resistencia activa, y normalmente tratará a los involucrados como delincuentes.

Debemos reconocer que el respeto a los derechos ciudadanos no constituye siempre el principio que mueve la acción de los gobiernos, ni es necesariamente el objetivo de los movimientos de oposición. No se puede pecar de ingenuos. Porque una oposición ilimitada conduce a la anarquía del mismo modo que la persecución ciega llevada a cabo por algunos gobiernos lleva a la barbarie. Tratamos, en consecuencia, de hacer una separación entre autoridad y poder: desde el momento en que el poder se ejerce de forma incompatible con el respeto de los derechos ciudadanos pierde la legítima autoridad, generando de este modo una resistencia justificada. Pero la resistencia a su vez ejerce un poder y debe respetar los límites y exigencias del sistema de esos mismos derechos. Y cuando hablamos de derechos ciudadanos lo hacemos en toda la amplitud de los mismos, no solamente los más elementales, que son los que nos vienen a la mente cuando se menciona el término.

Si, como se acepta desde el siglo XVIII, los fundamentos de la soberanía y, por lo tanto, de la autoridad, residen en la voluntad del pueblo (traduciéndose finalmente en el Contrato Social de Rousseau, Hobbes y Locke), postulando que la sociedad política (el Estado) se establece sobre las bases de un contrato negociado entre los ciudadanos que se expresa en la Constitución Política, el debate sobre el derecho a la rebelión resultó en la primera división entre la corriente democrática y la dictatorial. Que trasladado a las realidades actuales, cuando las dictaduras políticas son repudiadas universalmente, se deberían identificar en aquellas “mafiosas” que percibimos regularmente en los países no desarrollados como el nuestro.

Queda, pues, planteada la interrogante principal. ¿Tiene derecho el pueblo a rebelarse contra las cúpulas mafiosas de los partidos políticos gobernantes, en un momento dado, cuando las decisiones políticas son abiertamente lesivas de los derechos y beneficios de los más pobres y beneficiosas abiertamente de ese mínimo porcentaje de plutócratas? ¿Tiene derecho también a rebelarse cuando los escándalos de corrupción son cotidianos, dejando en claro que quienes gobiernan –a pesar de haber sido elegidos democráticamente- en realidad son delincuentes de cuello blanco? A nuestro parecer: si. Y no es solamente un derecho, es una obligación.

Hace ya algún tiempo, en un artículo anterior, mencionamos que el “buen gobierno” impulsa las interacciones para coordinar a los múltiples agentes sociales. Se basa más en la concertación y la negociación que en la jerarquía y la imposición, se trata más de un proceso que de una estructura. Pero nuestra realidad nos enseña que estamos en el lado contrario del concepto.

Cuando la suma del poder se encuentra en la base, nos hallamos frente a una organización pública electiva cuyas deformaciones básicas estarían dadas por la “ley de hierro de la oligarquía” enunciada por R. Mitchels: la cúspide jerárquica trata de perpetuarse y enajena el poder de las bases en su propio beneficio y desvía los objetivos del estado hacia los fines individuales o sectoriales de de esas mismas jerarquías, en perjuicio del bien común y del bien institucional, lo cual resta o anula la legitimidad a los dirigentes y por lo general conduce hacia la ilegalidad.

¿Les parece conocido este fenómeno? Porque soñar con el ideal de una estructura de poder “oligopólica”, que se da cuando todos los miembros del Estado poseen alguna cuota de poder, neutralizándose los unos a los otros, que es lo que nos enseñan desde pequeños haciéndonos creer que lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial se contraponen para crear un balance, es solamente un ideal. Formalmente así parece, pero en la realidad, como se acaba de demostrar, las elites políticas manipulan todos los poderes en beneficio propio, a espaldas de los ciudadanos, en actos absolutamente inmorales y hasta delictivos.

Ha llegado, pues, el momento de la rebelión. Ha llegado el momento de exigir cuentas y expulsar del templo a latigazos a los mercaderes…