Los shuar son víctimas por defender la vida y la “Madre Tierra” y oponerse a la Ley Minera del 30 de septiembre del 2009, impuesta, afirman, por el presidente Rafael Correa.
Genaro Bautista | AIPIN
Una condena unánime de la comunidad internacional recibe el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, por el arresto de los dirigentes José (Pepe) Acacho, ex Presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar (FISCH), Pedro Mashiant, presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago y Fidel Kaniras miembro de la Fisch, acusados por el gobierno de sabotaje y terrorismo.
El arresto realizado alrededor de las 11 de la mañana del 1 de febrero en el sector Río Blanco de la jurisdicción del Cantón Morona, ha provocado la protesta masiva de organismos nacionales e internacionales contra el ejecutivo ecuatoriano.
Saúl Vicente Vázquez, del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, criticó la acción del gobierno de Ecuador y pidió la inmediata liberación de los detenidos, tomando en cuenta que se percibe como un acto de venganza y de criminalización de los pueblos indígenas en particular de los Shuar.
Vicente Vázquez, adelantó, que en la próxima sesión del Foro Permanente que tendrá lugar en el mes de mayo en Nueva York, exigirán a Ecuador frenar la agresión y la sistemática violación de los derechos de los indígenas ecuatorianos.
En el mismo sentido, los mexicanos Margarito Ruiz, Abundio Marcos, Máximo Chávez, Francisco Bolaños, Marcos Matías, Antonieta Hernández Carmona, del Movimiento Indígena Nacional (MIN), demandan la inmediata liberación de Acacho, Mashiant y Kaniras.
La coincidencia es generalizada, los shuar son víctimas por defender la vida y la “Madre Tierra” y oponerse a la Ley Minera del 30 de septiembre del 2009, impuesta, afirman, por el presidente Rafael Correa.
Para la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la detención es parte de una sistemática política de agresión a los derechos de los pueblos indígenas, generada desde los mismos salones del Palacio Presidencial.
Miguel Palacín, Coordinador General de la CAOI, organización que agrupa a indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, expresa que está política contra los pueblos indios, vulnera la Constitución ecuatoriana por “un gobierno que se identifica más con grupos de poder que defienden abiertamente el neoliberalismo y criminaliza a quienes exigen el pleno ejercicio de sus derechos”.
Los detenidos son implicados con la muerte del profesor Bosco Wisuma, en septiembre del 2009, cuando el movimiento indígena del Ecuador, realizó una de las movilizaciones en defensa del agua, la educación intercultural bilingüe.
En aquella protesta, los indígenas marcaban su oposición a la explotación minera a gran escala, exigían el respeto a los derechos colectivos de sus nacionalidades y pueblos, y enfatizaban su férrea defensa de la pachamama y el sumak kawsay.
Las manifestaciones fueron reprimidas por los cuerpos policíacos, dejando como saldo unos cuarenta heridos entre uniformados e indígenas. Ahí es donde cayó asesinado Bosco Wisuma.
El presidente Correa se apresuró a señalar culpables y acusó a los mismos Shuar de ser quienes dieron muerte a Wisuma, pero además les sumó la acusación de terrorismo y sabotaje.
El presidente de la Confederación de la Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Santi, entrevistado por Teleamazonas, manifestó que el Gobierno no ha demostrado que los indígenas hayan cometido sabotaje ni terrorismo en sus protestas.
Marlon Santí, señala que incluso los peritajes no indican que Pepe Acacho, y dos dirigentes más, que se encuentran detenidos, sean los autores materiales de la muerte del profesor shuar Bosco Wisuma, en octubre de 2009.
El dirigente de la Conaie, dice que buscarán reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su próxima visita a Ecuador para exponerle las constantes violaciones de los derechos de los indígenas.
Según el titular de la Conaie, en el país hay 189 dirigentes sociales más, un importante número de ellos indígenas, que son tratados como terroristas.
En su momento, la jefa del bloque Pachakutik, en el parlamento ecuatoriano, Magali Orellana, calificó la detención del dirigente Shuar Pepe Acacho de ilegal arbitraria e inconstitucional.
La parlamentaria Orellana, aseveró que “se ha violentado el proceso y el legítimo derecho a la defensa”.
Al momento de la detención de los indígenas, esta se ejecutó sin la orden de aprehensión.
Los acusados son importantes defensores de la madre tierra y opositores a la explotación minera y de sus recursos naturales, señalan organizaciones indígenas.
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, cuestiona la acción gubernamental.
Afirma que “llama la atención que un gobierno que se dice progresista y que pretende aparecer ante todo el mundo como un aliado de las justas demandas de los pueblos, haya iniciado una sistemática persecución judicial contra quienes democráticamente defienden sus derechos como pueblos indígenas”.
Esta nueva agresión, dicen, evidencia, “posturas neoliberales en defensa de un modelo extractivista y que persigue a quienes defienden los derechos de los pueblos”.
Como parte de sus acciones de defensa, la Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, en conjunto con sus tres regionales, el Congreso de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE), resolvieron demandar ante el Parlamento Nacional la Amnistía de los detenidos y de los más de 189 acusados, procesados y sentenciados por defender la vida y Pachamama, enrolados en la lista del presidente Correa.
Los indígenas ecuatorianos, determinaron además, demandar a Ecuador, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Americana la ilegal detención y criminalización, de los Shuar.
El gobierno del Ecuador, quebranta la Constitución y las normas internacionales, aseguran.
“La detención arbitraria de los compañeros Shuar solo demuestra el ambiente represivo con que se mueven las autoridades del Estado, tanto el gobierno como la administración de justicia ordinaria”, subrayan.
La acusación contra los detenidos, se aplica en general para el pueblo Shuar, al igual que los demás pueblos del Ecuador que se oponen a la implementación de megaproyectos de minería a cielo abierto en su territorio, y la explotación petrolera que traería contaminación a sus territorios, manifiestan.
El abogado de Acacho, Julio César Sarango, informó que pedirá su liberación apelando al derecho de la jurisdicción indígena incluido en la Constitución.
"Ellos son indígenas, las supuestas infracciones se cometieron en territorio indígena y la Constitución establece que cuando se trata de indígenas y en territorio indígena serán juzgados por sus jueces que tienen por competencia y jurisdicción", remarcó el abogado.
La detención y persecución de dirigentes del movimiento indígena, alertó a las organizaciones quienes se encuentran en asamblea permanente.
La Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo se declara en estado de movilización nacional y demanda la inmediata liberación de las Autoridades Indígenas apresadas y sometidas a la violencia social, cultural, física y sicológica en el Penal García Moreno en condiciones infrahumanas y violentando los derechos humanos del pueblo indígena.
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