regalarle 12 millones de hectáreas a las multinacionales de la minería para su explotación con las funestas consecuencias en el ámbito social, económico y de medio ambiente que ello acarrea.
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presidente Santos, el gran amigo de multinacionalesSe abre paso la “mineropolítica” en Colombia
En Colombia la mal llamada política de confianza inversionista impulsada por el mandato de Álvaro Uribe Vélez y continuada al pie de la letra por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha servido no sólo para entregarle toda clase de gabelas tributarias al capital especulativo internacional, sino para “regalarle” 12 millones de hectáreas a las multinacionales de la minería para su explotación con las funestas consecuencias en el ámbito social, económico y de medio ambiente que ello acarrea.
Esa fue una de las conclusiones del conversatorio Geopolítica e impactos de la megaminería que organizó el pasado 12 de marzo en el Hotel Dann, la Fundación para la Recopilación y la Divulgación del Conocimiento (FUNDOC) que dirige el investigador social Rafael Ángel Rivera.
Para uno de los expositores, el ingeniero forestal Luis Carlos Hernández, una de las graves consecuencias que tendrá para el país la explotación de oro a cielo abierto es que se abre paso “la mineropolítica” muy similar al fenómeno de la “parapolítica”.
En efecto, las transnacionales de la minería interesadas en que el gobierno nacional les expida en forma expedita las licencias de explotación en zonas estratégicas del país como el páramo de Santurbán en Santander y La Colosa, en el municipio tolimense de Cajamarca, no sólo comprarán dirigentes políticos y sociales sino que lograrán infiltrar a amplios sectores del Estado para obtener mediante millonarias coimas, todas las garantías y gabelas que requieran. Es decir pondrán al Estado a su servicio.
Pero es más, aprovecharán que este año es electoral para financiar candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas con el fin de tener a buen parte de la dirigencia política colombianas de diversas regiones del país de su lado.
Si en el municipio de Cajamarca, la transnacional Anglo Gold Ashanti invirtió sólo en 2008 la suma de 330 mil millones de pesos en lo que en el lenguaje neoliberal se denomina “gobernanza”, que no es otra cosa que comprar medios de comunicación, dirigentes políticos y sociales para alinearlos a sus intereses, y tratar de mostrar como de gran importancia la “inversión extranjera” en beneficio del desarrollo de la región, es evidente que habrá ríos de dinero por parte de estas empresas mineras en este año que para ellas es estratégico para cooptar y obtener apoyos políticos.
Los impactos en La Colosa
Durante el foro de FUNDOC se hizo una pormenorizada exposición sobre los impactos negativos que tendrá para el municipio de Cajamarca la explotación de la mina de oro de la Colosa por parte de la Anglo Gold Ashanti.
El ingeniero Luis Carlos Hernández y el coordinador general de la Fundación Ecotierra, Evelio Campos, explicaron cómo este complejo minero hace parte de una estrategia para copar una gran extensión del sector central de la geografía colombiana con miras a explotar recursos naturales que enlaza con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), proyecto espoliador impulsado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En efecto, los corredores del IIRSA y del Plan Puebla-Panamá (ahora rebautizado como Plan Mesoamérica), del cual también hace parte Colombia, desde el primer gobierno de Álvaro Uribe, son exactamente eso: inversión del gran capital transnacional para el despojo, que se hace destruyendo ecosistemas y desplazando pueblos.
Para ello, los gobiernos comprometidos en proteger los intereses del gran capital financiero especulativo en el ámbito internacional, como es el caso colombiano, utilizan escuadrones militares o paramilitares, para hacer “limpieza social” en las zonas objeto de los planes extractivistas.
En el caso de la mina de La Colosa, ese trabajo de “limpieza” del territorio se hizo entre 2002 y 2008, lapso en el cual se reportaron 103 violaciones de derechos humanos en el municipio de Cajamarca, según reportes del CINEP.
Igualmente, el activista social y catedrático de la Universidad del Tolima, Renzo García señaló que la explotación en esa mina tendrá un impacto directo en la disminución notable de la producción agropecuaria de la región.
No es posible que de la noche a la mañana se quiera cambiar la vocación agrícola de la región que es factor fundamental en la seguridad alimentaria, para darle paso a la explotación minera que va a traer como consecuencia desplazamiento humano, depredación ecológica y afectación económica y laboral, señaló García.
Igualmente, el representante de Pax Christi para Colombia, Rodrigo Rojas Orozco, hizo énfasis en los riegos de seguridad que representa para la comunidad de Cajamarca la presencia de Anglo Gold Ashanti, puesto que la explotación minera de esta compañía es proclive para atizar fenómenos de violencia como atentados, secuestros, lavado de dinero, tráfico de drogas, robos, prostitución, etc.
Más aún, señaló Rojas Orozco, cuando en esta zona hay total ausencia de un entorno amigable para las operaciones de esta transnacional y lo que impera es un clima de polarización en el municipio.
En el ámbito ecológico, explicaron los activistas sociales, el oro que Anglo Gold Ashanti planea sacar de La Colosa es microscópico, no es de veta, y en consecuencia hay que utilizar una serie de químicos como el cianuro y hacer grandes excavaciones de tierra, produciendo una catástrofe ecológica monumental.
Neoliberalismo por las malas
Por su parte, Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional (RECLAME), señaló que la minería de cielo abierto es una necesidad de las potencias por controlar el suelo, el subsuelo, el agua y el aire de países como los de América Latina.
Y el caso de Colombia en el que gobiernos de la catadura entregusita de Uribe Vélez y Santos Calderón se inscriben dentro del esquema de mantener e impulsar un modelo neoliberal por las buenas o por las malas, impuesto además por organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Se trata, puntualizó Valencia de imponer la globalización capitalista con un arma en la sien.
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