Permanece golpeada en una celda policial en Tela, Atlántida. Se teme por su seguridad, debido a que desde el golpe de Estado los garífunas han sido objeto de serías violaciones a sus derechos humanos.
çDefensores en linea
En otro desalojo violento contra manifestaciones pacíficas, la policía golpeó y detuvo a la dirigenta garífuna Miriam Miranda, a quien la identificaron “como cabecilla”, a eso de las ocho de la mañana de este lunes 28 de marzo.
Miriam Miranda permanece golpeada en una celda policial en Tela, Atlántida. Se teme por su seguridad, debido a que desde el golpe de Estado los y las garífunas han sido objeto de serías violaciones a sus derechos humanos.
La población garífuna se encontraba en una manifestación en contra de la represión que el régimen mantiene contra el magisterio y el pueblo hondureño, la cual se ha agudizado en los últimos días, al extremo de que producto de los desalojos violentos de la policía y el ejército con bombas lacrimógenas, fue muerta la maestra Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, el pasado 18 de marzo, a inmediaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA.
De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por defensoresenlinea.com a eso de las ocho de la mañana la policía de Tela, Atlántida, llegó al lugar conocido como El Boquete, en el desvío de Triunfo de la Cruz, donde se encontraban los y las manifestantes que reclamaban cese a la represión y respeto a sus territorios ancestrales que están siendo violentados por autoridades municipales que mantienen en constante zozobra a la comunidad de Triunfo de la Cruz, la cual es beneficiaria de medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Miranda es también beneficiaria de dichas medidas y el Estado de Honduras tiene la obligación de proteger su vida e integridad física. La criminalización de la protesta social y de los y las defensores de derechos humanos mantiene una situación muy precaria de los derechos humanos en Honduras.El magisterio es uno de los gremios contra el cual el régimen ha enfocado la represión, al extremo de enviar a la cárcel a 20 de sus miembros, 15 maestros están en la Penitenciaría Nacional y cinco profesoras en la Cárcel de Mujeres, en Támara, con la intención de doblegar a la demanda por la no privatización de la educación pública y el respeto a los derechos de los y las docentes. Estas personas permanecen como presas y presos políticos. Este martes 29 de marzo se llevará a cabo la audiencia inicial donde el Juez, quien ha sido denunciado de parcializarse con el régimen, deberá tomar la decisión de dejarlos en libertad ó continuar con la ilegalidad en este caso.
En otro juicio político, Juez dicta Detención Judicial para maestros y maestras
Maestros y maestros fueron enviados a prisión por los delitos de participación en manifestaciones ilícitas, por el Juez que conoció del caso quien ya tenía línea desde arriba para mandarlos a la cárcel, a eso de las siete y minutos de esta noche del 25 de marzo.
El día jueves 24 de marzo la policía y ejército capturaron a Wendy Yamileth Méndez Campos, Nuria Evelin Verduzco Bendaña, Linda Merlina Guillén, Ingrid Lizeth Sierra, María Auxiliadora Espinoza¸Andrés Adalid Romero, Elvis Rolando Guillén, Edgard Cobos, Donaldo Molina, José Martín Suazo Sandoval, Leavin Amaya, José Rolando Servellón, José Erasmo Chinchilla, Alfredo Gutiérrez, Demnis Nuñez Bojorque, Walter Urbina Mencía, José Alex Martínez Ponce, Marco Antonio Melgar, José Francisco Zelaya Ramos y Héctor Núñez, quien no es maestro.
El togado Ernesto Rodríguez a cargo del caso ni siquiera abrió los sobres que contenían la información documental sobre los arraigos de los y las imputadas, sino que se limitó a dar por cierto lo que la policía y la fiscalía señalaron como delitos Asociación Ilícita, Daños a la Propiedad, Sedición, sin tener pruebas contundentes.La defensa solicitó un recurso de reposición y no fue aceptado por el Juez en mención, lo que denotó la parcialidad en la audiencia y que solo seguía órdenes. En la noche del jueves altos oficiales de policía desfilaron por las oficinas de los fiscales, según denuncia se trataba de manipular desde el principio para que se procesara a los detenidos en un juicio político más, de los que se han llevado a cabo desde el golpe de Estado militar de junio de 2009.
Edwin Oliva, presidente del Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras, COLPROSUMAH, colegio magisterial del cual son miembros la mayoría de los enjuiciados, dijo que fueron enviados a Támara los profesores y a la cárcel de mujeres CEFAS, a las maestras.
Agregó que desafortunadamente se ha actuado de manera incorrecta , “el juez no hizo caso de las pruebas que documentaban el arraigo”. Eso nos indica que es un juez que no tiene experiencia, “tenía tanto nervio que no pudo atender bien el caso, pues la defensa fue contundente, el requerimiento de la Fiscalía tiene grandes debilidades que se señalaron desde el principio”.
El dirigente magisterial denunció que al COLPROSUMAH le han amenazado con suspenderle la personería jurídica como parte de la represión y persecusión contra el magisterio. "Seguimos actuando frente a un régimen que reprime, antes la cara era Micheletti ahora es Pepe Lobo, esto se suma a la retención de las cuotas del magisterio".
Benedicto Santos, que forma parte de la defensa señaló que “nos da vergüenza que el juez ni siquiera abrió los sobres de los arraigos, se trata de una persecución política y establecer una forma de amedrentar al magisterio”.
Este nuevo acto de represión judicial donde se juntan los operadores de justicia deja bien claro que se criminaliza la defensa de los derechos en Honduras, según información proporcionada por personas que asistieron a la audiencia de Imputado que se realizó este día, una fiscal señaló que los maestros no deben andar en las calles.
La siguiente audiencia se llevará a cabo el próximo martes 29 de marzo, donde el Juez decidirá si les dicta auto de prisión o sobreseimiento definitivo.Según el abogado Rodolfo Zamora, de los abogados en resistencia, dijo que tal que se dan las cosas es muy probable que el Juez dicte auto de prisión para la mitad de los imputados para parecer justo.
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