Presos políticos de la democracia paraguaya

Es así que los acusados y acusadas llevan más de un año privados de su libertad, sin que hasta el momento la fiscalía presente pruebas contundentes.

Abel Irala y Cristina Coronel 

Sindulfo Aguero y sus compañeros en huelga de hambre en la penintenciaria de Tacumbu

"Estas personas deberán probar su inocencia" afirmaba un agente policial en enero del 2010 en una rueda de prensa, refiriéndose a un grupo de 14 personas que fueron detenidas porque supuestamente son el equipo logístico del Ejercito Paraguayo del Pueblo y se los involucra además en el secuestro de un ganadero en el año 2008, desde entonces estas personas se encuentran recluidas en las cárceles de Tacumbu y Buen Pastor de Asunción, se los acusa de secuestro y asociación criminal.

El Ministerio Público con soporte de varios medios masivos de comunicación, se ha encargado de etiquetar mediáticamente a estas personas como peligrosas, como culpables, y porque no, como: terroristas enemigos de la democracia. Es así que los acusados y acusadas llevan más de un año privados de su libertad, sin que hasta el momento la fiscalía presente pruebas contundentes en donde demuestren la participación de estas personas en un hecho delictivo que se les acusa.

En una de las salas del llamado: "Palacio de Justicia" se inició el martes 8 de marzo la audiencia preliminar para que un señor Juez defina si llevará o no a estas personas a juicio oral. Los fiscales han presentado una lista aproximada de 250 pruebas en contra de los detenidos; muchas de ellas rayando lo absurdo como películas de Jhon Travolta y Bruce Willis; sin embargo al inicio de la Audiencia decidieron desistir de 100 de esas pruebas, solicitaron la desestimación pero sin la debida fundamentación como lo exige la Ley, y durante el desarrollo de la Audiencia uno de los fiscales califica a la misma como "una pérdida de tiempo", cuando en la misma lo que se está tratando es la libertad, la dignidad y el honor de 14 ciudadanos y ciudadanas paraguayas. La Audiencia durará varios días, no se sabe cuál será el resultado, pero a la luz de este hecho podemos plantear algunas reflexiones.

a)          Estas 14 personas acusadas por el Ministerio Público, provienen del departamento de Concepción, un departamento marcado por el alto grado de criminalización a los movimientos sociales, y que concentra desde hace unos años varios operativos policiales y militares asesorados por la policía de Colombia y la Embajada de los Estados Unidos. Varias de las personas encarceladas son militantes de la Organización Campesina del Norte (OCN).

b)          Algunos de los hoy presos en la cárcel de Tacumbú están en Huelga de Hambre exigiendo su libertad, como el caso de Don Sindulfo Agüero, un hombre de 69 años, con alta trayectoria de militancia gremial y que ha desafiado a la dictadura Stronista con su lucha por la libertad a través de las Ligas Agrarias Cristianas, lo que le costó estar preso en ocho ocasiones y perder un ojo a raíz de las torturas recibidas. Pero al parecer, la práctica organizativa de Don Sindulfo y otras muchas personas de la OCN, que ponen en marcha prácticas de cultivo de autoconsumo, que buscan profundizar la democracia y mantener la autonomía de su organización, dejan en jaque los intereses de la democracia de libre mercado, de un modelo neo liberal de extracción de recursos naturales, que hoy, le cuesta nuevamente la cárcel.

c)          Este proceso de persecución ideológica, de criminalización de las luchas sociales, en las que se mezclan varias acciones como los allanamientos violentos, desalojos, imputación de dirigentes y activistas, represiones a manifestaciones populares, estigmatización de organizaciones sociales como delictivas, recompensas a informantes y más, impulsados por el aparato judicial del Estado, el Ministerio del Interior y de Defensa, los medios de comunicación, están logrando de que la unidad de las organizaciones sociales y populares sea cada vez más difícil, se ha logrado introducir el miedo y la desconfianza, se están frenando procesos de articulación para encarar luchas populares contra el sistema, la criminalización se seguirá profundizando y encarcelando a dirigentes mientras no exista una activa solidaridad y defensa mutua entre las organizaciones populares.

d)        Reiterando, no sabemos lo que acontecerá a lo largo de la Audiencia, no sabemos de qué seguridad judicial tenemos con fiscales que presentan un trabajo poco objetivo y desprolijo, que no respeta el debido proceso ni los derechos humanos, no sabemos qué pasará con Sindulfo Agüero y su huelga de hambre a los 69 años, pero si sabemos que este luchador social es un preso político del Estado paraguayo, y que la unidad y la movilización de los sectores sociales, que la fuerza de las personas en las calles podría torcer esta historia y muchas otras más.