José Luis Rodríguez tenía 89 años. Falleció carbonizado, producto de la represión policial que vivió su aldea, a consecuencia de la lucha por tener un pedazo de tierra donde producir sus alimentos.
Sandra Marybel Sánchez
José Luis Rodríguez tenía 89 años y vivía junto a su familia en la Comunidad Agraria 28 de Mayo, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Ayer falleció carbonizado, producto de la represión policial que vivió su aldea, a consecuencia de la lucha que libran sus pobladores desde hace unos siete años, por tener un pedazo de tierra donde producir sus alimentos.
Su avanzada edad y la disminución natural de su capacidad de reaccionar rápidamente frente al peligro, le impidieron sobrevivir a la irracionalidad que con que actúan en el Valle del Aguán, los jueces, fiscales, policías y militares, bajo el patrocinio de empresarios voraces, insaciables e inhumanos, para quienes las y los campesinos muertos, son sólo una cifra incómoda.
Esa muerte que nunca debió producirse, ocurrió la tarde de ayer durante el desalojo violento de la 28 de Mayo; acción en la cual participaron unos 40 policías, quienes a se trasladaron al lugar en cuatro patrullas y para asegurar el “éxito” de la operación y neutralizar la reacción de los campesinos, quemaron sus casas, lanzaron bombas de gases lacrimógenos y dispararon en contra de las familias, que huían aterrorizadas hacia los montes vecinos.
"Yo les gritaba a los policías que no le metieran fuego a las casas, porque allí estaba un anciano que no podía salir corriendo, pero ellos me tumbaron a pechadas y a culatazos y no pude hacer nada”, relató muy apesarado , José Aníbal Ordoñez, Presidente del patronato de la comunidad, integrante de la coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Se conoció que el desalojo en contra de las 150 familias que viven en la comunidad, fue ordenado por un juez seccional de Trujillo a solicitud la familia Crespo Dilet, de origen cubano; bajo el alegato de que son poseedores de una concesión otorgada desde el año 1901, por el gobierno de Manuel Bonilla.
La población agredida, es colindante con la emblemática comunidad Guadalupe Carney, reconocida por su larga y sostenida resistencia frente la violencia desatada en la zona, por los grupos de sicarios fuertemente armados, al servicio de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales.
Fue precisamente allí, donde la mañana del pasado 9 de mayo, hombres encapuchados que se trasladaban en un vehículo con los vidrios polarizados, asesinaron de seis disparos de arma pesada, al campesino Pablo Lemus, perteneciente al de la Movimiento Campesino del Aguan, (MCA) , mientras se desplazaba a trabajar a su propiedad ubicada a pocos kilómetros.
De acuerdo a Wilfredo Paz, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), lo sucedido la tarde de hoy, sólo es una evidencia de la profundización de la crisis agraria que desde hace mucho tiempo vive en la región.
El pasado domingo 5 de junio, los campesinos José Recinos, Genaro Cuestas y Joel Santamaría, fueron asesinados en la Finca San Isidro, por miembros de la policía, militares y sicarios al servicio de los empresarios antes mencionados.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos que han visitado la región desde inicios del año pasado, han constatado una campaña de descrédito en contra del movimiento campesino de la zona del Aguan, a quienes acusan de ser un movimiento subversivo, armado; aunque hasta la fecha han sido incapaces de mostrar a la prensa, las armas que aseguran haber decomisado.
Hasta esta madrugada, las familias desalojadas, incluyendo los niños y niñas, se encuentran en casas amigas que les han acogido solidariamente, porque los policías aún se mantienen en el lugar, y no les han dejado sacar absolutamente nada de sus casas
Ayer, Facussé comunicó al gobierno de Porfirio Lobo, su disposición a aceptar la oferta económica de unos 268 millones de lempiras por la venta de varias fincas que serían entregadas a los grupos campesinos; pero advirtió a la vez sobre la tenencia a futuro de la tierra, que su decisión “no puede interpretarse como una renuncia a los derechos que nos asisten, ni tampoco se debe interpretar como un
reconocimiento de que dichas propiedades pertenecen a los campesinos, lo cual solicitamos sea incluido en el arreglo a firmar".
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