La revelación de nuevos cables diplomáticos generados por la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa dejan al descubierto, una vez más, la farsa montada por los defensores del golpe de Estado militar contra Manuel Zelaya Rosales.
En las comunicaciones diplomáticas filtradas por WikiLeaks, aparecen varios políticos, empresarios y funcionarios de justicia ligados al golpe de Estado, citados por el embajador Hugo Llorens, confesando la ilegalidad de la acción promovida contra Zelaya y contradiciendo el relato oficial de la "sucesión constitucional".
Aunque la teoría esgrimida por los militares para sacar a Zelaya del país la madrugada del 28 de junio de 2009 se sustentó en una supuesta orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, en los cables se cita tanto al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilez, como al titular del Ministerio Público, Luis Alberto Rubí y miembros del Congreso Nacional, quienes negaron ante el embajador haber emitido tal orden, “tanto el Fiscal General (Rubí) como miembros individuales del Congreso con los que hemos hablado dicen que ellos sólo han ordenado la confiscación del material electoral y no han pedido el arresto de Zelaya”, cita un cable enviado el mismo día del golpe.
Con respecto a la sucesión constitucional, según uno de los cables el titular de la CSJ se mostró sumamente preocupado por la acción que se promovería desde el Congreso Nacional, quienes se acercaron a Rivera Avilez para hablar de los planes de destituir al Presidente, “el Congreso no tiene el poder de impugnar al Presidente desde que se derogó esa ley en 2005”, señaló Avilez, quien además puntualizó ese día que la única forma de destituir al Presidente de la República de su cargo era que el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia llevarán adelante un caso criminal en su contra.
En cables filtrados anteriormente se había dado a conocer un completo análisis sobre los hechos que desencadenaron en el golpe de Estado contra Zelaya, en los que Llorens puso de manifiesto que "nunca hubo una exposición pública y formal de la evidencia en su contra (contra Zelaya), ni nada parecido a un debido proceso”. En el cable sostiene Llorens que la supuesta orden de captura, permitía el arresto y entrega de Zelaya a las autoridades correspondientes "pero nunca su expulsión del país” lo que está prohibido en la ya violentada Constitución del país.
0 comentarios:
Publicar un comentario