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Durante las últimas semanas me ha surgido una pregunta. ¿Por qué en Europa se acumulan las manifestaciones de “indignados” y en México, donde las condiciones son similares o peores, no hay ni sombra de un movimiento parecido?
Pensemos en los indignados originales, los españoles de Puerta del Sol. Su movilización no fue para tumbar ningún partido en concreto, sino para protestar contra la clase política en general (“no nos representan”) y contra las condiciones económicas en las que se ve obligada a desarrollarse la nueva generación de adultos.
Las demandas consensuadas, en una colectividad con ideologías variopintas, fueron tres: proporcionalidad absoluta en elecciones, para que cada voto cuente igual que el otro, prohibición de candidaturas de personas imputadas en juicios penales (se trata, sobre todo, de casos de corrupción) y que el gobierno tenga un mayor control sobre el sistema financiero. Junto con ellas, otras exigencias más genéricas, en contra de los privilegios a políticos y poderosos y a favor de salarios y empleos dignos.
Es la queja de quienes, tras terminar sus estudios, con dificultades consiguen un trabajo precario, sin acceso a seguro social o a un crédito hipotecario. El grito de frustración ante un sistema de bienestar —prometido por los políticos de todos los partidos— que ya no existe.
En nuestro país existe una separación tan tajante entre la clase política y “los otros” como en España o en Italia. Esa separación también se da, y de manera muy notable, entre las preocupaciones de la clase política —casi exclusivamente preelectorales— y las de la población, que tienen mucho que ver con la supervivencia —económica y de la otra—. También somos parte de un sistema financiero global, que ha sido reacio a que le pongan cualquier límite, y que en México obtiene ganancias superiores a la media gracias a una política rapaz (nada más ver los diferenciales en las tasas de interés activas y pasivas, o la feria de las comisiones), que tiene poco en cuenta al cliente y mucho a la cartera.
Se ha querido manejar, por parte del gobierno, que, a diferencia de otras naciones de la OCDE, en México la tasa de desempleo abierto es muy baja. Con ello se pretende esconder una dura realidad: 12.6 por ciento de la Población Económicamente Activa está formada por ocupados que están buscando otro trabajo, 11 por ciento se declara disponible para trabajar, aunque no esté buscando empleo, 7.2 por ciento está subempleada, 11.8 por ciento trabaja menos de 35 horas semanales o gana menos del salario mínimo y 27 por ciento se encuentra empleada en el sector informal (sin seguridad social, derechos laborales o acceso a créditos).
Encima de todo eso, México padece una situación anómala de inseguridad, causada por el crimen organizado y de campañas políticas en donde lo que prevalece no es el programa y las propuestas, sino el intento de los partidos por demostrar que los adversarios son peligrosos y de poco confiar.
Con todos esos ingredientes, ¿qué explica la ausencia de una protesta apartidista minimamente vertebrada? Me niego a suponer que se trata de un asunto de la psicología del mexicano. Hay elementos político-sociales que lo explican.
Veamos. La primera demanda de los españoles es la proporcionalidad absoluta de las representaciones. Si uno imaginara a los indignados mexicanos, sería un punto sin consenso, ya que en México los partidos pequeños son vistos con todavía más reticencia que los grandes. La mayor parte de la población los considera no como proyectos alternos de país, sino como proyectos de negocio de sus líderes, normalmente aliados o rémoras de alguno de los partidos grandes. Hay excepciones, pero la mula no era arisca…
Se trata, entonces, de un apartidismo duro que, además y paradójicamente, desconfía del apartidismo. Otra de las razones detrás de la falta de un movimiento alternativo es el temor a que grupos radicales organizados —que pueden o no ser adláteres del PRD o hasta del PRI— tomen la iniciativa y, al final, el control del movimiento. A que haya un “apartidismo” teñido por el SME, por los Atencos, por Antorcha, por los 400 Pueblos. A que se repita, con otra clave, el desastre de la huelga en la UNAM en 1999-2000.
Otro tema de difícil digestión es el económico. La situación está mal, por más que se la quiera pintar de rosa. Pero, a diferencia de lo que sucede en distintos países europeos, en donde banqueros, Unión Europea y gobiernos que hacen recortes son claramente los inculpados, aquí hay una notable falta de claridad social sobre los causantes de la actual crisis. Y las demandas —a diferencia de lo que sucede del otro lado del Atlántico— suelen ser ilógicas: del tipo “más gasto social, menos impuestos”, como si el problema del país fueran los altos impuestos y no los diferentes raseros con los que se trata a los contribuyentes.
También, hay que señalarlo, hay un elemento histórico: los mercados informales llevan al menos dos décadas creciendo a ritmos exponenciales, y se ha constituido en un colchón efectivo a las incapacidades estructurales de la economía. La promesa de seguridad social y empleo digno generalizado nunca se ha cumplido. Y es diferente la crispación cuando se pierde algo, a cuando jamás se ha tenido. ¿Habría que agregar que hay zonas del país en las que la incorporación al crimen organizado es la opción perversa —y también un débil colchón político— ante la falta de oportunidades?
En fin, tenemos un país en el que la calidad del empleo se ha deteriorado visiblemente, en el que se percibe un divorcio entre las necesidades de la gente y las intenciones (y los privilegios) de la clase política y en el que las oportunidades se adelgazan. Pero un país en el que no se dan, por ahora, las condiciones políticas para una protesta masiva en contra del status quo, al estilo de las europeas.
Las preguntas a hacerse no son sobre si se dará esta protesta masiva, porque indignación hay, sino cuándo será y qué forma tendrá, si podrá ser canalizada o si se convertirá en un estallido sin sentido ni propósito.
Los políticos, en tanto, siguen muy atentos al calendario electoral.
Pensemos en los indignados originales, los españoles de Puerta del Sol. Su movilización no fue para tumbar ningún partido en concreto, sino para protestar contra la clase política en general (“no nos representan”) y contra las condiciones económicas en las que se ve obligada a desarrollarse la nueva generación de adultos.
Las demandas consensuadas, en una colectividad con ideologías variopintas, fueron tres: proporcionalidad absoluta en elecciones, para que cada voto cuente igual que el otro, prohibición de candidaturas de personas imputadas en juicios penales (se trata, sobre todo, de casos de corrupción) y que el gobierno tenga un mayor control sobre el sistema financiero. Junto con ellas, otras exigencias más genéricas, en contra de los privilegios a políticos y poderosos y a favor de salarios y empleos dignos.
Es la queja de quienes, tras terminar sus estudios, con dificultades consiguen un trabajo precario, sin acceso a seguro social o a un crédito hipotecario. El grito de frustración ante un sistema de bienestar —prometido por los políticos de todos los partidos— que ya no existe.
En nuestro país existe una separación tan tajante entre la clase política y “los otros” como en España o en Italia. Esa separación también se da, y de manera muy notable, entre las preocupaciones de la clase política —casi exclusivamente preelectorales— y las de la población, que tienen mucho que ver con la supervivencia —económica y de la otra—. También somos parte de un sistema financiero global, que ha sido reacio a que le pongan cualquier límite, y que en México obtiene ganancias superiores a la media gracias a una política rapaz (nada más ver los diferenciales en las tasas de interés activas y pasivas, o la feria de las comisiones), que tiene poco en cuenta al cliente y mucho a la cartera.
Se ha querido manejar, por parte del gobierno, que, a diferencia de otras naciones de la OCDE, en México la tasa de desempleo abierto es muy baja. Con ello se pretende esconder una dura realidad: 12.6 por ciento de la Población Económicamente Activa está formada por ocupados que están buscando otro trabajo, 11 por ciento se declara disponible para trabajar, aunque no esté buscando empleo, 7.2 por ciento está subempleada, 11.8 por ciento trabaja menos de 35 horas semanales o gana menos del salario mínimo y 27 por ciento se encuentra empleada en el sector informal (sin seguridad social, derechos laborales o acceso a créditos).
Encima de todo eso, México padece una situación anómala de inseguridad, causada por el crimen organizado y de campañas políticas en donde lo que prevalece no es el programa y las propuestas, sino el intento de los partidos por demostrar que los adversarios son peligrosos y de poco confiar.
Con todos esos ingredientes, ¿qué explica la ausencia de una protesta apartidista minimamente vertebrada? Me niego a suponer que se trata de un asunto de la psicología del mexicano. Hay elementos político-sociales que lo explican.
Veamos. La primera demanda de los españoles es la proporcionalidad absoluta de las representaciones. Si uno imaginara a los indignados mexicanos, sería un punto sin consenso, ya que en México los partidos pequeños son vistos con todavía más reticencia que los grandes. La mayor parte de la población los considera no como proyectos alternos de país, sino como proyectos de negocio de sus líderes, normalmente aliados o rémoras de alguno de los partidos grandes. Hay excepciones, pero la mula no era arisca…
Se trata, entonces, de un apartidismo duro que, además y paradójicamente, desconfía del apartidismo. Otra de las razones detrás de la falta de un movimiento alternativo es el temor a que grupos radicales organizados —que pueden o no ser adláteres del PRD o hasta del PRI— tomen la iniciativa y, al final, el control del movimiento. A que haya un “apartidismo” teñido por el SME, por los Atencos, por Antorcha, por los 400 Pueblos. A que se repita, con otra clave, el desastre de la huelga en la UNAM en 1999-2000.
Otro tema de difícil digestión es el económico. La situación está mal, por más que se la quiera pintar de rosa. Pero, a diferencia de lo que sucede en distintos países europeos, en donde banqueros, Unión Europea y gobiernos que hacen recortes son claramente los inculpados, aquí hay una notable falta de claridad social sobre los causantes de la actual crisis. Y las demandas —a diferencia de lo que sucede del otro lado del Atlántico— suelen ser ilógicas: del tipo “más gasto social, menos impuestos”, como si el problema del país fueran los altos impuestos y no los diferentes raseros con los que se trata a los contribuyentes.
También, hay que señalarlo, hay un elemento histórico: los mercados informales llevan al menos dos décadas creciendo a ritmos exponenciales, y se ha constituido en un colchón efectivo a las incapacidades estructurales de la economía. La promesa de seguridad social y empleo digno generalizado nunca se ha cumplido. Y es diferente la crispación cuando se pierde algo, a cuando jamás se ha tenido. ¿Habría que agregar que hay zonas del país en las que la incorporación al crimen organizado es la opción perversa —y también un débil colchón político— ante la falta de oportunidades?
En fin, tenemos un país en el que la calidad del empleo se ha deteriorado visiblemente, en el que se percibe un divorcio entre las necesidades de la gente y las intenciones (y los privilegios) de la clase política y en el que las oportunidades se adelgazan. Pero un país en el que no se dan, por ahora, las condiciones políticas para una protesta masiva en contra del status quo, al estilo de las europeas.
Las preguntas a hacerse no son sobre si se dará esta protesta masiva, porque indignación hay, sino cuándo será y qué forma tendrá, si podrá ser canalizada o si se convertirá en un estallido sin sentido ni propósito.
Los políticos, en tanto, siguen muy atentos al calendario electoral.
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