La controvertida ley convierte en delito civil la petición de un boicot económico, cultural o académico contra el pueblo o las instituciones de Israel o los Territorios Palestinos Ocupados.
Amnistía Internacional ha manifestado que la ley aprobada por el Parlamento (Knesset) israelí que convierte en delito la petición de boicot contra el Estado de Israel o sus asentamientos en Cisjordania tendrá un escalofriante efecto sobre la libertad de expresión en Israel.
La controvertida ley, aprobada el lunes por la noche, convierte en delito civil la petición de un boicot económico, cultural o académico por motivos políticos contra el pueblo o las instituciones de Israel o los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Quien realice una petición de este tipo puede enfrentarse a una querella y a penas económicas.
Los promotores del proyecto de ley, propuesto originalmente en julio de 2010 por Ze’ev Elkin, parlamentario y presidente de la coalición, han dejado claro que uno de sus objetivos principales es castigar a quienes piden un boicot para hacer campaña contra los asentamientos ilegales israelíes en los TPO o para destacar las violaciones constantes de los derechos de la población palestina causadas por los asentamientos.
“Pese a que los promotores afirman lo contrario, esta ley es un intento flagrante de acallar la disidencia pacífica y hacer campaña mediante el ataque contra el derecho a la libertad de expresión, un derecho que todos los gobiernos deben respetar y defender”, ha manifestado Philip Luther, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La amplia definición de boicot podría aplicarse a cualquier persona que trate de utilizar estos medios de disidencia no violenta para criticar a cualquier persona o institución implicada en violaciones de derechos humanos o violaciones del derecho internacional cometidas en Israel o los Territorios Ocupados Palestinos.”
La ley, promovida y respaldada por el gobierno de Netanyanhu, fue aprobada por 47 votos contra 36, pese a que tanto los asesores judiciales expertos del Parlamento como el fiscal general de Israel dijeron que estaba “en el límite de lo ilegal”. Varias ONG de derechos humanos israelíes han manifestado su intención de impugnarla en el Tribunal Superior de Justicia de Israel.
Quienes presenten querellas no tendrán que demostrar que la petición de boicot ha causado daños reales, ya que los tribunales podrán condenar a las personas u organizaciones que pidan un boicot a pagar una indemnización independientemente de los daños causados.
La ley permite también al ministro de Economía revocar la condición de exentas de impuestos de las ONG que pidan un boicot, lo cual amenaza la financiación de la que dependen muchas ONG de derechos humanos israelíes. Asimismo, las empresas u organizaciones que participen en un boicot pueden perder el derecho a optar a contratos gubernamentales.
Esta es sólo una de las numerosas leyes aprobadas recientemente o que están siendo estudiadas por el Parlamento que han sido criticadas por las ONG israelíes de derechos humanos por restringir la libertad de expresión, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil israelí, o los derechos de la ciudadanía palestina y sus representantes políticos.
La política israelí de establecer asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, viola el Convenio IV de Ginebra, y se considera un crimen de guerra de acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades israelíes que pongan fin a la construcción de asentamientos como primer paso para eliminar por completo los asentamientos israelíes ilegítimos de los Territorios Palestinos Ocupados.
Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre los boicots en ningún lugar del mundo, pero teme que esta ley conduzca a violaciones del derecho a la libertad de expresión de quienes piden boicots.
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