Unas 100.000 personas marcharon el día 18 por el centro de la capital chilena de forma pacífica, en medio de la lluvia, la nieve y un intenso frío, en apoyo a las demandas de estudiantes chilenos por una reforma educativa. En otras ciudades también se realizaron manifestaciones sin mayores incidentes. Mientras miles de estudiantes marchaban este jueves para cambiar el modelo educativo, el presidente chileno Sebastián Piñera, de derecha, advirtió que la violencia lleva al quiebre de la democracia, como ocurrió en el país hace 38 años. Los jóvenes llevan más de tres meses protestando para exigir que se amplíe la educación pública, se termine el lucro de universidades y centros docentes, finalice la administración municipal de las escuelas y liceos, y haya una educación de calidad. "El camino para hacer de Chile un país más libre, más justo, más próspero, más solidario, no es el camino de las piedras, de la violencia ni de las bombas molotov (incendiarias)", dijo Piñera, en alusión a acciones de encapuchados que se produjeron en anteriores manifestaciones. Sin embargo, unas 100.000 personas marcharon hoy por el centro de Santiago de forma pacífica, en medio de la lluvia, nieve y un intenso frío, y en otras ciudades también hubo manifestaciones sin apenas incidentes. Estas protestas son apoyadas por 80 por ciento de los chilenos, según las encuestas, que también han recogido las quejas de familias pobres y de clase media por el alto costo de la educación de sus hijos, quienes tras graduarse deben pasar hasta 15 años para pagar su carrera. Piñera reiteró su llamado a los chilenos "a sacar lo mejor de nosotros mismos, a privilegiar la unidad por sobre la división, el diálogo por sobre la intransigencia y los acuerdos por sobre el enfrentamiento". Los estudiantes y profesores han rechazado el paquete de medidas propuestas por el gobierno para el sector educativo, considerando que son insuficientes porque no incluyen la eliminación del lucro y la educación gratuita. Más de 200 centros siguen ocupados por los jóvenes. Ante la posibilidad de que decenas de miles de jóvenes corran el riesgo de perder el año escolar y presiones para que negocien, los jóvenes resolvieron mantener las protestas con el apoyo de los profesores, lo cual ha elevado la tensión del conflicto. Cinco jóvenes que comenzaron una huelga de hambre hace un mes, tuvieron que recibir asistencia médica. Incluso, los universitarios desecharon una invitación conjunta del Senado y la Cámara de Diputados para dialogar y anunciaron nuevas movilizaciones, mientras los secundarios se abrieron a esta posibilidad, si se abordan sus peticiones, aunque insisten en mantener las protestas. Las leyes chilenas no permiten que este movimiento ciudadano pueda lograr sus objetivos si el gobierno no accede a cambiarlas. La posición de las autoridades es no negociar con los estudiantes y ha remitido su propuesta al parlamento, donde los trámites legislativos son muy lentos. Estas masivas protestas han provocado la caída de la popularidad del presidente y su gobierno en las encuestas, al igual que la opositora Concertación, de centro-izquierda, a la que señala por no haber cambiado antes el modelo, lo que demuestra la desconfianza hacia la clase política. Para destrabar el conflicto, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, anunció el miércoles la ampliación de la propuesta oficial, incluido rebajar la tasa de interés de los créditos, que ahora es de 5,6 por ciento, y reprogramar el pago de las deudas de los universitarios. También planteó becas en educación superior a 40 por ciento de los estudiantes económicamente más vulnerables, para establecer además un sistema combinado de becas y créditos que cubrirá a 60 por ciento de la población. Frente al tema del lucro, Bulnes dijo que la ley "establece con toda claridad que las universidades son sin fines de lucro, y eso significa que todas las utilidades, todos los excedentes los tienen que reinvertir en calidad". El funcionario dijo que ha llegado el momento de salir de una educación municipalizada y crear una nueva forma en que el Estado preste la educación pública, la cual estaría a cargo de organismos públicos, formados con funcionarios locales y el Ministerio de Educación. De igual forma, se propuso la creación de la Superintendencia de Educación Superior, encargada de "fiscalizar con especial rigor el uso de los recursos públicos para que en ninguna universidad se burle la ley que tiene que cumplirse". "Vamos a impulsar durante la próxima semana una reforma constitucional que va a establecer claramente que el derecho a una educación de calidad está garantizado por nuestra Constitución", aseguró el ministro. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, dijo que los estudiantes pusieron sobre la mesa una serie de preguntas porque existen muchos vacíos, sobre todo en el tema del lucro, la desmunicipalización y en cómo se define la calidad. Por su parte, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) rechazó la propuesta, al señalar que "se promete hacer cumplir la ley que prohíbe el lucro sólo en la educación superior, mientras se consolida y avala el lucro en la educación básica y secundaria". La educación fue privatizada en Chile durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tras lo cual se convirtió en un jugoso negocio como parte del modelo económico neoliberal. Durante el gobierno militar, el número de estudiantes universitarios era de unos 200.000, pero en la actualidad esa cifra llega a un millón 100.000.(Xinhua) 19/08/2011 |
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