La ley de consulta había sido aprobada por el anterior Congreso pero no contó con el visto bueno del ex presidente Alan García, quien argumentó que la norma iba más allá al otorgar el derecho a veto a los proyectos.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, promulgó este martes la ley de consulta previa sobre el desarrollo de los pueblos indígenas desde la localidad selvática de Bagua (norte), donde en 2009 se produjo la muerte de decenas de personas tras la represión de la Policía a una protesta por la derogación de un paquete de leyes que los nativos consideraban lesivas a sus derechos.
La normativa que beneficia a 78 comunidades indígenas en todo el país busca reducir las diferencias sociales en el país, al darle más voz a los pueblos indígenas frente al desarrollo de proyectos mineros y energéticos.
La medida que reconoce los derechos de las etnias en esa nación, busca que el Estado llegue a un acuerdo con los nativos que serán consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
"Los procesos que se den de inversiones necesariamente van a tener que ser consultados con la población (...). Lo más importante es que se recobra la voz de participación de la ciudadanía", dijo Humala.
Empresarios del sector minero y energético apoyaron la promulgación de la ley de consulta, que persigue aplicar parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El presidente del mayor gremio empresarial minero y energético de Perú (Snmpe), Pedro Martínez, manifestó “que hay muchas inversiones que han enfrentado conflictos sociales por desinformación”.
La ley de consulta había sido aprobada por el anterior Congreso pero no contó con el visto bueno del ex presidente Alan García, quien argumentó que la norma iba más allá al otorgar el derecho a veto a los proyectos.
La medida que reconoce los derechos de las etnias en esa nación, busca que el Estado llegue a un acuerdo con los nativos que serán consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
"Los procesos que se den de inversiones necesariamente van a tener que ser consultados con la población (...). Lo más importante es que se recobra la voz de participación de la ciudadanía", dijo Humala.
Empresarios del sector minero y energético apoyaron la promulgación de la ley de consulta, que persigue aplicar parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El presidente del mayor gremio empresarial minero y energético de Perú (Snmpe), Pedro Martínez, manifestó “que hay muchas inversiones que han enfrentado conflictos sociales por desinformación”.
La ley de consulta había sido aprobada por el anterior Congreso pero no contó con el visto bueno del ex presidente Alan García, quien argumentó que la norma iba más allá al otorgar el derecho a veto a los proyectos.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, hasta julio de este año en el Perú existen 214 conflictos sociales, 135 de ellos en actividad.
Perú tiene proyectos por unos 50 mil millones de dólares en la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.
Perú tiene proyectos por unos 50 mil millones de dólares en la próxima década, dinero que podría encontrar otros destinos si persiste el rechazo de pobladores irritados por no sentir los frutos de la bonanza económica y temerosos de que afecten su medio ambiente.
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