Sarayaku no acepta que su autoridad sea dominada, ni ser privada de su libertad. Es nuestra tierra, nuestro territorio, y queremos aquí nuestra organización, nuestro sistema de vida.
José Gualinga | Ojarasca
Pesca en el río Bobonaza. foto: COLOMBE CHAPPEY
El gobierno de Tayjasaruta, que significa “Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku”, está constituido en cinco comunidades: Shiwacocha, Cali Cali, Chontayaku, Sarayakillo y Centro. Cada comunidad tiene una autoridad, los kuracas, con su bastón de mando, y constituyen el consejo de gobierno. Somos una institución consolidada pero en crecimiento. Tenemos un equipo de apoyo y un consejo de ancianos que está integrado dentro. También hay comisiones responsables de salud, educación, jóvenes. El consejo de gobierno se reúne cada viernes, y el congreso, la máxima autoridad, se celebra cada dos años. La asamblea, dependiendo las circunstancias, es convocada, en casos de urgencia, de amenazas a nuestro territorio.
Sarayaku consiste en varias conformaciones de familias, de ayllus, entre el pensamiento de los hijos del jaguar, del puma, ligado a toda una vida con la selva. Están ahí los seres como la masanga, el sacharuna, y todo es parte de este pueblo.
La defensa del territorio surge por la dignidad. Sarayaku no acepta que su autoridad sea dominada, ni ser privada de su libertad. Es nuestra tierra, nuestro territorio, y queremos aquí nuestra organización, nuestro sistema de vida. No aceptamos que los espacios tan vivientes puedan ser destruidos. Son conceptos muy básicos, filosóficos, que mantenemos. No aceptamos la intromisión de otros agentes que quieren dominar y destruir la naturaleza y nuestra identidad. Nuestras formas de vivir son humanas y lógicas. Y si eso no está en ti, por qué aceptar que nos vengan a decir “tienen que vivir de esta forma”. Éste ha sido nuestro principio de resistencia.
Son siglos. No el mismo nivel que ahora estamos, las condiciones no eran iguales, pero nuestros ancestros siempre resistieron. Hace 90 años un cuartel militar fue incendiado aquí por los kuracas. Estaban abusando de la sociedad, de las mujeres. Intentaron prohibir las relaciones que se mantenían entonces con Perú, por la cuestión de las banderas. Cuando un sarayaku llevaba un sombrero peruano, los ecuatorianos no estaban de acuerdo y ése era el conflicto.
Hace 30 años se organizó un sistema nuevo, tipo sindicalista. El Centro ALAMA Sarayaku (CAS) llevó el proceso de defensa territorial, aunque como siempre en desiguales condiciones, porque jurídicamente el Estado tenía todo sometido y la personería legal y jurídica no permitía los alcances que este pueblo demandaba. Tuvimos que usar nuestro derecho propio a la defensa, movilizaciones y presiones. En 1989 es primera vez que se expulsa una petrolera americana de este territorio y se firman los Acuerdos de Sarayaku.
El Estado debía titular, reconocer estos territorios legalmente, pues había una ley de colonización y reforma agraria que declaraba las tierras baldías, no estaba habitada y tenía que ser colonizada. Los acuerdos abolían esa ley de colonización, y exigían los títulos como territorios, no reservas ni parques naturales. El acuerdo fue firmado, y muy conocido. Después, el gobierno nunca lo aceptó, porque decía que fue firmado a base de presión.
En 1992, a través de la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza, en ese tiempo muy reconocida por su capacidad de organización, desde aquí y otros pueblos se planea una marcha que en mayo logra llegar hasta Quito y obtiene los títulos de propiedad colectiva, no solamente para los pueblos kichwas, sino para varias nacionalidades y pueblos que estuvimos bajo esta ley de colonización y reforma agraria. No logramos el reconocimiento del subsuelo, porque según el Estado es propiedad suya. En 1996 otorga nuevas concesiones petroleras a la compañía argentina CGC, inconsultamente. A finales de 2002 ésta logra ingresar. Tras una serie de conflictos, Sarayaku expulsa a la compañía, y en 2004 se reforma el estatuto y se organiza un nuevo sistema de gobierno.
Formamos un sistema mixto, entre el occidental y el propio. El consejo de gobierno, constituido por varios pueblos, es presidido por el Tayjasaruta, donde se llega a los acuerdos de manera consultiva y participativa. Por debajo de su autoridad están la tenencia política (el representante del gobierno) y el sistema de jurisdicción de asuntos parroquiales. Pero la autoridad es el Tayjasaruta. Hemos equilibrado un funcionamiento, tanto el Estado como Sarayaku. Conociendo la historia de otros pueblos, la dominación la imponen las autoridades de tenencia de política, que se sobreponen a la autoridad indígena. Aquí es distinto, somos nosotros las autoridades, tomamos las decisiones y ellos tiene que acatarlas, así sean representantes del gobierno.
Nuestro territorio reconocido es de 240 mil hectáreas de territorio primario; casi el 95 por ciento es selva. Usufructuamos una parte para vivir, cazar, pescar. Al sur está otro pueblo, el shuar. Ellos tienen igual. Hay un lindero simbólico, hasta dónde es nuestro, para cultivos, todo eso. De ahí para allá ellos tienen su usufructo de vida. Nosotros, está normado, no podemos pasar allá para cazar, ni ellos acá.
En el conflicto sobre la extracción de recursos como el petróleo siempre hemos mantenido nuestra oposición por los impactos sociales, ambientales y económicos que ha causado a los pueblos indígenas y nacionalidades. Con proyectos sin consulta, han sometido a los pueblos violando sus derechos, aprovechando su desconocimiento de las normas jurídicas. El Estado nunca trata de dialogar. Aquí no aceptamos este sometimiento. Ofrecen dinero a cambio de las tierras, a cambio de la vida. No aceptamos porque significaría destruir nuestra historia, nuestra vida y dignidad. CGC ingresó de manera inconsulta y tuvimos que expulsarla. El gobierno la indemnizó con 20 millones de dólares y el bloque petrolero 23 ya no existe. En sentido contrario, el actual presidente amplió el bloque 10, igual de manera inconsulta, a los pueblos de Canelos, Pacayacu y Sarayaku, y también de los shuar. Todos, en Pastaza.
Rafael Correa hace esta ampliación con una nueva estrategia, y convoca a otra ronda de licitación petrolera que afecta a los pueblos de nacionalidad sapara, shuar y sarayaku. Esa ronda ha sido convocada de manera ilegal, sin consulta. Éstos son territorios indígenas. Pero resulta que hay un montón de créditos que el gobierno ha recibido del gobierno chino, a cambio de explotación de recursos naturales, y eso afecta nuestro territorio.
A raíz del conflicto con CGC presentamos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a los derechos de Sarayaku. El proceso sigue. En la audiencia final presentamos alegatos, testimonios. Ahora esperamos que la Corte adopte su fallo, y dé una sentencia que permita la justicia, más que todo sobre la consulta previa y el libre consentimiento. Si la Corte adopta una sentencia favorable, todas las concesiones ilegales del gobierno y la ampliación del bloque 10 serían inconstitucionales.
Otros problema importante es el retiro de los explosivos, a unos 20 kilómetros de aquí, enterrados cada cien metros. Como minas. Servían para detectar la sísmica y el petróleo. Esas detonaciones afectan el proceso de vida de la Pachamama. Impiden las movilizaciones de las especies de fauna, y más que todo la esencia de los seres como la masanga, que son los amos, los que cuidan este equilibrio de la naturaleza. Exigimos en la Corte que se retiren los explosivos. Que ninguna empresa petrolera o minera pueda destruir el subsuelo y la tierra. Si se diera esta disposición, significaría otro triunfo importante, las transnacionales deben tener cuidado.
A pesar de que la CIDH dictó el retiro de los explosivos, la policía especializada no ha logrado sacarlos. Están a 20 metros de profundidad, humana y tecnológicamente es complicadísimo. Ellos han propuesto hacerlos explotar, o cimentar, poner químicos, sal. No hemos aceptado. Más bien propusimos la siembra de árboles que florecen. Hacer un cerco de árboles sagrados para que esa parte quede visible y se sepa que está ahí, y al mismo tiempo esos árboles permitirían la recuperación en unos 30 años, para el regreso de los seres que se fueron.
En julio pasado acudimos a una audiencia con la Comisión, en Costa Rica. Para nosotros, 18 delegados, fue una experiencia estar frente a los jueces y enfrentar un litigio con abogados del Estado. Ellos con mucha experiencia jurídica. Presentamos los testimonios de violación de los derechos del pueblo de Sarayaku, y el Estado presentó sus alegatos siempre de manera minimizadora, como para decir “nosotros mandamos aquí y Sarayaku es una comunidad que no puede mandar a los 14 millones de ecuatorianos; el desarrollo de los ecuatorianos no puede ser afectado por un pueblo pequeñito de ‘mil almas’”. En la audiencia, el Estado otra vez quiso burlarse de nuestra dignidad como pueblo. Esperamos que los jueces adopten medidas claras y positivas. Pero como presidente, como Tayjasaruta y Tayagapu, me he dado cuenta de que en el siglo XXI el sistema colonizador y colonialista no ha cambiado en absoluto. Hay un disfraz de democracia y derechos humanos.
Siguen discutiendo si el indio tiene alma o no, como pasó entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Después de la Conquista, Las Casas era el defensor de los pueblos indígenas, y Sepúlveda tenía que probar que éramos animales. El mismo sentimiento tuvimos en la Corte; el Estado trataba de probar que Sarayaku no tenía derecho; antropológicamente querían ver a este pueblo como que fuéramos animales. Con nuestros abogados buscábamos probar que tenemos derechos. Es algo chocante de ver que en la modernidad, cuando se supone que hay democracia, la jurisprudencia no entiende quiénes somos como pueblos y seres humanos, y ni piensan en discutir este derecho. El debate era muy interesante, pero seguíamos alegando sobre el posible derecho de un pueblo indígena, como en la Colonia, si tiene alma o no. Confiamos que la Corte adoptará medidas, aunque no cien por ciento favorable. La batalla sigue.
Como pueblo tenemos dos objetivos: la lucha nacional de tipo social, y la que damos por los derechos propios de los pueblos. La Confederación de Nacio na - lidades Indígenas de Ecuador (Conaie), de la que siempre somos parte, ha tenido que llevar la bandera de los pueblos, y también de los movimientos sociales. Ha sido muy importante. Además, en los pueblos reivindicamos objetivos específicos, precisos. Si los movimientos sociales e indígenas luchan contra el TLC, el capitalismo, el liberalismo, directamente contra un sistema que quiere dominar, para nosotros, ya en el terreno, significa la expulsión de las petroleras.
Estas posiciones siempre han alimentado a la Conaie y los movimientos sociales. Estamos atrincherados en nuestros territorios, luchando. El movimiento indígena ha hecho grandes esfuerzos para cambiar el sistema actual. Hemos confiado en varios gobiernos, pero han traicionado una visión más larga de una integración social, política, plurinacional. La confrontación actual es porque salen nuevas élites que critican a la derecha, al capitalismo, pero aparecen en un nuevo sistema que no se diferencia del otro, y para lograr sus objetivos tiene que saquear los recursos, vender territorios indígenas.
La Conaie propone el respeto a los pueblos originarios, a los recursos naturales, una nueva política económica. Sarayaku está también en el camino de una nueva política económica desde las propias economías sociales pequeñas que hacen vivir a la gente, y no las extractivistas que producen grandes capitales, pero aquí sólo nos dejan la destrucción de la naturaleza. El gobierno de Rafael Correa ha mostrado buenas intenciones al invertir en obras, mejorar la calidad de vida, haciendo una “revolución urbana” para muchos sectores que viven este tipo de economía, pero no armoniza con la realidad de los pueblos indígenas. Mientras más licitación petrolera o minera hace, más choca con los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Y eso no lo quiere entender el presidente. Sarayaku no está contra Rafael Correa, pero demanda condiciones iguales, un diálogo político y de respeto. Si quiere imponer, no estamos de acuerdo. A veces el gobierno se confunde y piensa que estamos contra él. Estamos contra el sistema, como ellos dicen estar, mientras a sus alrededores se atenta contra los derechos de los pueblos que estamos aquí.
Después de que la compañía petrolera nos dejó divididos, tenemos una propuesta de unidad con toda la cuenca del río Bobonaza, desde Boberas a Teresa Mama, Sarayaku, Pacayaku, Canelos. El 16 de septiembre hubo cerca de Puyo un encuentro de hermandad y convivencia, para retomar nuestra paz, que fue quebrantada. Estamos proponiendo una declaratoria de las selvas vivientes, un proyecto que todavía no está bien cogido, pero es una propuesta para que la selva sea declarada territorio sagrado.
¿Qué es “selva viviente”? Kawsak Sacha en kichwa. Un espacio de los seres donde los pueblos elevamos nuestras emociones físicas, psicológicas y psíquicas. Por ejemplo, en agosto la mayor parte de la gente está movilizada selva adentro, ya no en una comunidad, sino en la selva, en una casita lejos. Ahí los niños, las mujeres, todos, recrean, cogen su vida, se van a ver la masanga, los misterios. Esto te fortalece y hace la hermandad, la unidad y el respeto a la naturaleza. Ése es el territorio sagrado, no hay que destruirlo. La selva viviente también es el espacio donde los chamanes y los mayores transmiten su conocimiento, la ciencia de la selva, cómo conocer los árboles, las plantas, los peces, los animales, orientarse, soñar, tener visiones. Ésa es nuestra ciencia, la relación con este mundo. Un lenguaje de comunicación con los animales.
La propuesta la estamos desarrollando todas las nacionalidades del centro-sur de la Amazonía. La frontera es el territorio kichwa y va al territorio achuar y shuar. Son cinco millones de hectáreas el territorio indígena. El nororiente de la selva (Sucumbíos, Orellana) ya está afectado, pero acá sigue bien protegido. Y como el gobierno amplía los bloques petroleros, proponemos declarar a la selva viviente territorio sagrado de los seres, donde nuestra vida se constituye. Proponemos planes de vida: administrar los recursos naturales de acuerdo a nuestra visión con bases de tierra fértil, aplicar el conocimiento de lo pueblos, el Sumaj Kawsay, y el comportamiento social que hacen el Sumaj Kawsay.
Y dentro de eso vamos a usar los recursos naturales con educación, salud y economía propias. La plataforma, el gran horizonte, es mantener el Sumaj Kawsay, donde la naturaleza no esté contaminada sino libre. Queremos convocar a una sola propuesta, que sería esta Declaración de la Selva Viviente.
José Gualinga es el actual presidente del consejo de gobierno en Sarayaku, y anteriormente ha ocupado diversas responsabilidades en representación de su pueblo.
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