PL) Pobladores de La Mosquitia hondureña exigen hoy la salida inmediata de los agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) de la zona, donde causaron la muerte de cuatro personas durante un operativo junto a policías locales.
El hecho, ocurrido el 11 de mayo, reforzó el rechazo de los lugareños a las fuerzas norteamericanas que actúan en el territorio bajo el supuesto de la lucha contra el narcotráfico y son acusadas de perpetrar estas y otras violaciones de los derechos humanos, según el diario El Heraldo.
Este jueves los habitantes de La Mosquitia, poblada en su mayor parte por indígenas, quemaron varias oficinas gubernamentales del área en protesta por el ataque a la canoa que atravesaba el río Patuca.
En un comunicado, los manifestantes reclamaron que los agentes de la DEA salgan de una vez del territorio, para acabar con el fuego cruzado bajo el cual están esas comunidades hace años por los choques entre narcotraficantes y agentes del estado, con apoyo de la fuerza extranjera.
Los líderes de las comunidades indígenas masta, diunat, rayaka, batiasta y bamiasta, afirmaron que quienes iban en la canoa eran pescadores, no narcotraficantes.
Por siglos hemos sido un pueblo pacífico que vive en armonía con la naturaleza, pero hoy declaramos no grata la presencia en nuestro territorio de esos norteamericanos, agregó el texto.
Respecto a lo acontecido el 11 de mayo, el alcalde del poblado costero de Ahuás, Lucio Vaquedano, confirmó que los pobladores inocentes y ajenos al problema de las drogas se transportaban en una lancha en sus actividades cotidianas de pesca y los ametrallaron desde el aire.
Cuatro perecieron, entre ellos dos embarazadas, y otros cuatro terminaron hospitalizados en la ciudad de La Ceiba por las lesiones recibidas debido a los disparos de ametralladoras esgrimidas por los uniformados desde un helicóptero, de acuerdo con la autoridad.
La DEA reconoció que sus agentes trabajaban con la Policía hondureña a bordo de la nave. “Estábamos allí en un papel de apoyo, trabajando con nuestros homólogos”, expresó Dawn Dearden, portavoz de la agencia en Washington.
El jefe nacional de la Policía de Honduras, comisionado Ricardo Ramírez, admitió también que el operativo se realizó con el respaldo de la DEA, pero alegó que los ocupantes del bote transportaban drogas y que le dispararon al helicóptero.
Comunidades y organizaciones civiles condenaron tales pronunciamientos porque tratan de ocultar la verdad acerca de la actuación de la DEA, con oficinas en este país centroamericano y respaldadas por tres bases de operaciones forward o de avanzada construidas en este año en Honduras con fondos del Departamento de Estado.
Matan población civil como si estuvieran en Irak, Afganistán o Libia
www.defensoresenlinea.com – Aún cuando no hemos leído la reacción oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre las trágicas actuaciones militares de la Agencia Antidrogas en perjuicio de la población civil del municipio de Ahuás, en La Mosquitia, podemos sacar tres conclusiones preliminares.
La primera es que el operativo nocturno lanzado contra supuestos blancos narcotraficantes la madrugada del viernes anterior fue protagonizado por militares estadounidenses uniformados como agentes de la DEA.
El alcalde Baquedano, de Ahuas, así lo confirmó y el comisionado Ramírez del Cid, antiguo enlace entre Casamata y la legación gringa, lo admitió.
La segunda conclusión es, entonces, que un ejército extranjero amparado en el nuevo concepto hegemónico de “guerra contra el narcotráfico”, legalizado en reformas al Tratado Militar de 1954, viola la soberanía territorial y mata población civil como si estuviera en Irak, Afganistán, Libia o Siria.
Dos mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos murieron por los disparos hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su comunidad. Eran trabajadores de la industria artesanal del buceo.
Y la tercera conclusión, derivada de la anterior, es que el “estado fracasado” de Honduras le dio paso ya a la ocupación militar extranjera en el guión de la llamada “guerra contra los carteles de la doga”, similar a lo ocurrido en los últimos ocho años en México, Colombia y Guatemala.
Y esta realidad desde la perspectiva de una organización de derechos humanos es inadmisible, y reprochable.
En un país ocupado militarmente, como ocurrió entre 1979 y 1990, en el marco de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad a las insurgencias armadas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, las principales víctimas fueron las poblaciones.
Las llamadas autoridades hondureñas están en el deber ético y político de exigir al Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación, luego una disculpa pública y sanción a los responsables de la masacre de Ahuás.
Mantener un hecho de terror amparado en la confusión mediática fue siempre una estrategia de la guerra psicológica, capítulo especial del terrorismo estatal.
No debemos admitirlo. Exijamos un pronunciamiento oficial de inmediato!
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