El exdirector de una sucursal de Caixa dels Enginyers ha reconocido este lunes en su declaración ante el juez de la Audiencia de Barcelona que estafó más de cinco millones de euros a ocho ancianos --algunos de ellos ya fallecidos--, que eran sus clientes prioritarios porque tenían "importantes saldos" en la entidad, ganándose su confianza y manipulando sus firmas entre 1999 y 2002. |
El principal acusado, Jordi B., que se enfrenta a seis años de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida, ha iniciado su declaración titubeando, afirmando que había hechos que recordaba y otros que no, si bien después ha reconocido que se apropió del dinero de los ancianos.Según el médico que ha comparecido en la sala de vistas, el encausado sufre un "trastorno amnésico", es decir que tiene una memoria imprecisa, lo que ha dificultado el entendimiento de su versión de los hechos, que ha sido algo confusa.
El resto de acusados, la que fue su secretaria en la entidad y también prometida, Mireia L. y su exesposa Elisabet Cristina V., han arrojado luz a la narración: ambas han explicado que recibieron dinero por parte de Jordi B. a raíz de la relación que mantuvieron con él.
La Fiscalía acusa a Mireia L., licenciada en Dirección y Administración de Empresas, de colaborar con el director del banco por presuntamente custodiar y encargar documentos --cheques pólizas de crédito o préstamo-- e incluso visitar a alguno de los "clientes VIP" para que los firmaran, extremos que ésta ha desmentido inculpando al que estuvo a punto de ser su marido.
Ha detallado que sólo visitó a un cliente en una ocasión porque se lo ordenaron, que no decidía el contenido de los documentos, sino que tan sólo los redactaba e incluso que llegó a preguntar si esos productos financieros fraudulentos se podían vender.
Sin embargo, ha reconocido que viajó a Mónaco con su prometido y abrió una cuenta a su nombre donde depositaron 14 millones de pesetas en metálico fruto del "esfuerzo" de Jordi B., que los había ahorrado para casarse con ella.
El encausado también benefició económicamente a la que fue su esposa anteriormente --entre 1999 y 2000-- a quien proporcionó supuestamente 200 millones de pesetas, cuya cantidad destinaron en parte a comprar una vivienda en Esplugues de Llobregat (Barcelona) a través de sociedades.
Elisabet Cristina V., para quien el fiscal pide dos años de prisión, ha explicado que desconocía el origen ilícito del dinero, obras de arte y joyas que le regalaba, ya que su marido le había dicho que correspondía a una herencia de una de sus tías.
Supuestamente, tras la separación y conocedora del proceso judicial, la mujer intentó ceder el crédito de la hipoteca del domicilio matrimonial a una de las sociedades que controlaba, por lo que se le acusa de un delito de alzamiento de bienes.
Tras ser preguntada por el dinero que manejaba, la acusada ha admitido que aunque no trabajaba en ese momento, había acumulado ingresos "a costa de relaciones sentimentales" y de algún amigo que se los había prestado.
En la primera sesión del juicio, el juez ha dispuesto la absolución de un cuarto acusado, el director general de la entidad, Hilario L., porque la Fiscalía ha retirado los cargos contra él después de que lo haya hecho la acusación de una de las víctimas fallecida.
La entidad ha sido demandada como responsable civil subsidiaria, dado que según el fiscal, "no realizó ninguna actuación de auditoria interna", lo que facilitó las cosas al principal encausado.
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