En la mina de platino de Marikana en Sudáfrica no se vislumbra la calma: numerosos mineros volvieron a congregarse para una marcha de protesta por la violencia policial.
La protesta se llevó a cabo contra la violencia con que las fuerzas del orden dispersaron el sábado a otros manifestantes, hiriendo a viandantes y habitantes de la zona. El gobierno decidió el sábado enviar a mil soldados a la mina para apoyar a la policía. Las fuerzas de seguridad expulsaron a un grupo de manifestantes empleando balas de goma e hiriendo a personas ajenas a la protesta.
Sin embargo, la manifestación de este domingo transcurrió hasta el momento de forma pacífica. Los mineros están en su mayoría desarmados, y cuando la policía llegó con lanzadores de agua, emprendieron la retirada. La mina de Marikana es el lugar en que comenzó la huelga que desembocó en enfrentamientos con la policía en los que murieron 44 personas, el pasado agosto. El personal de la mina se encuentra en huelga desde hace un mes, exigiendo una subida salarial, y la producción se ha paralizado por completo. Además, las huelgas se han extendido a otras partes del país y también los disturbios.
Durante una protesta de los mineros en agosto de 2012 la policía abrió el fuego.
Zuma exige solución al conflicto
El presidente sudafricano, Jacob Zuma, se defendió de las críticas de la oposición, que exigió una explicación de la operación militar. "El gobierno no puede permitir que la gente vaya por la calle con armas peligrosas. No podemos permitir que intimiden a otros o los inciten a la violencia, porque tenemos que proteger también los derechos de esos otros que no quieren formar parte de las protestas".
Sin embargo exigió a la empresa de la mina y a los sindicatos que hallen una solución al conflicto. "Sigue habiendo residencias para los mineros en los que 166 personas comparten cuatro baños y eso es inaceptable", destacó el presidente. El obispo Jo Seoka, del Consejo Eclesiástico Sudafricano, mediador en el conflicto, criticó también la actuación de la policía, alegando que los trabajadores se manifestaron de forma pacífica y no hirieron a nadie. "La policía les exigió que dejaran las armas. Lo hicieron y entonces dispararon contra ellos, lo que supone una grave violación de los derechos humanos", explicó.
La policía también realizó detenciones sin justificación, alegando una reunión no permitida. Antes, en una redada en una residencia en la que viven 600 mineros la policía se incautó de porras y machetes. La situación podría además agravarse porque tribunal laboral local reconoció a la empresa minera británica Lonmin el derecho de despedir a los huelguistas si no vuelven al trabajo, informó el sábado el diario "Saturday Star".
Fuente: DPA
Editora: Cristina Papaleo
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