Foto: Chema Moya.
Las duras cargas policiales contra los manifestantes el pasado 25 septiembre en la capital española han sido defendidas por el Gobierno, y para muchas de las víctimas resulta una tarea casi imposible identificar a sus agresores para demandarlos.
A última hora de la noche del 25S un grupo antidisturbios irrumpió en la estación de trenes de Atocha en Madrid. Una semana después se ha ordenado una investigación interna sobre el incidente.
“Esa intervención nunca debiera haberse producido, hemos pedido una investigación a quien ordenó esa entrada en ese lugar cerrado, desde luego desaconsejado en todos los manuales, que una unidad antidisturbios entre en un lugar cerrado, porque puede causar el caos, hay gente que no tiene nada que ver con los alborotadores a los que se perseguía. Podrían haber entrado otro tipo de policías, policías de paisano, que no causen el desasosiego y el miedo entre las personas que estaban simplemente esperando un tren o el metro”, afirma José María Benito, portavoz del sindicato Unificado de la Policía.
Es la única intervención que la Policía considera inadecuada. El resto, según aseguran, queda amparado por la ley, justificado por las agresiones de algunos manifestantes. Aunque reconocen desde el sindicato que durante las cargas puede haber agresiones contra las personas equivocadas.
“Cuando a la Policía se le ordena cargar, las cargas no son pacíficas, es decir, son violentas por naturaleza, por definición. La Policía no puede distinguir entre manifestantes pacíficos o violentos. ¿Que es verdad que en una carga policial pagan justos por pecadores y que hay gente que pasa por allí, que no tiene nada que ver con los violentos y también recibe? Es verdad”, agregó Benito.
Sin embargo, los manifestantes hablan de desproporción de abusos, de ilegalidad en las actuaciones policiales.
En tanto el abogado Juan Rubiño Mora nos explica que si alguien se siente perjudicado por una actuación ilegal de una agente, tiene derecho a denunciarlo y la legislación prevé sanciones para ese agente que ha cometido la ilegalidad. “El problema que tienen los ciudadanos es en cuanto a identificar al agresor, nos sentimos realmente indefensos y esto nos lleva al tema de la identificación de los agentes, del policía que comete el abuso”, agregó el letrado.
El número de placa debe estar, por ley, visible en todo momento para poder identificar al agente. Los antidisturbios no lo llevaban. Se debe, dice la Policía, al tipo de uniforme. El chaleco anti-trauma que utilizan en las cargas, lo deja oculto.
No obstante los activistas aseguran que en algunas manifestaciones, “momentos antes de la carga o cuando se empieza a poner tensa la cosa” los agentes se quitan la placa y se la guardan. “Hay que ser muy ingenuo para creer que el motivo es eso de que no lo llevan en el peto, y hay muchas evidencias que hacen pensar que no lo quieren llevar porque no quieren exponerse a poder ser identificados y si creen que están haciendo las cosas bien, que están cumpliendo la ley no entendemos por qué no quieren ser identificados”, comenta una activista de la Coordinadora 25S.
Yago Parra, una de las víctimas de estos abusos, junto a su madre trata de recopilar fotografías y vídeos de ese incidente, para dar con el policía que le dejó inconsciente y denunciarlo.
“No recuerdo casi absolutamente nada. Despertarme en la ambulancia, y no saber qué es lo que había pasado, por qué me habían dado, no recuerdo nada”, relata el joven.
“Mi mejor amigo, que iba más atrás, vio cómo corría, me golpearon, me caí. Me siguieron golpeando un rato hasta que apareció ya la prensa y pasaron por encima de mí los policías, me dejaron ahí. Me llegaron a dar estando en el suelo sin moverme”, se queja Yago.
Según los expertos, es a la propia Policía a quien le corresponde la investigación. Aunque parece haber quedado en manos de las redes sociales.
Internet tuvo un papel fundamental en la convocatoria de las concentraciones. También para contar lo que pasó. Ahora, lo hace para intentar depurar responsabilidades. A través de algunas plataformas se buscan testigos de las detenciones o se recogen firmas para exigir que la Policía vaya identificada a las protestas.
En lo que va de año Madrid ha vivido más de 2.000 manifestaciones. Las autoridades locales han sugerido “modular” el derecho a manifestarse para evitar el colapso o las incomodidades derivadas en la ciudad, según han explicado.
Pero esta es una opción anticonstitucional según los juristas. “Cualquier modulación supondría una restricción y eso sería un ataque a la propia constitución”, explica Begoña López, de la organización Jueces para la Democracia.
(Tomado de Russia Today)
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