El desalojo de la Policía Federal contra los maestros guerrerenses en la carretera México-Acapulco es el resultado de la cerrazón de las autoridades para dar solución a las demandas del pueblo y el magisterio.
FRANCISCO GUERRERO
Guerrero, México. Detrás de la represión salvaje contra los profesores de Guerrero, que exigen el cumplimiento de los acuerdos tomados con el gobernador Ángel Aguirre para la reforma educativa, existen dos procesos que son ensayos de lo que viene para México: las imposiciones violentas de reformas pro empresariales y la articulación de movimientos sociales para resistir al autoritarismo.
La historia de Guerrero es la historia de las luchas sociales y también la historia de represión al movimiento de los copreros en la década de los sesenta; de los asesinatos de dirigentes sociales; de la guerra sucia entre 1964 y 1974; de la lucha por la autonomía universitaria; de la insurgencia magisterial que sigue desde los años setenta y hasta la actualidad; de la conquista del primer ayuntamiento de oposición en la historia política de México, en Alcozauca; de la movilización ciudadana electoral posterior al fraude de 1988; de los desaparecidos; de la matanza de Aguas Blancas en 1995; de la matanza en El Charco, Ayutla, en 1997; de los asesinatos de campesinos ecologistas; de la lucha contra la presa hidroeléctrica La Parota y contra las empresas mineras en los territorios indígenas. La de Guerrero es la historia de la dignidad contra la represión gubernamental. Es la historia de insurgencias libertarias, de hombres y mujeres sencillos y humildes que luchan por justicia y democracia, por derechos y por dejar de ser la referencia nacional de la marginación social.
El desalojo hecho por la Policía Federal contra los maestros guerrerenses el 5 de abril en la carretera México-Acapulco es el resultado de la cerrazón de las autoridades para dar solución a las demandas del pueblo y el magisterio guerrerense. La estrategia es agotarlos, cansarlos y negar los espacios del diálogo. Se mantiene la mano dura en la respuesta que se da a los movimientos sociales y las necesidades de la gente. Las reuniones entre maestros y autoridades han sido sólo una cortina y, de parte de las autoridades, hacer como que se dialoga mientras se prepara la represión. A las autoridades poco les importa si en el plantón y las movilizaciones hay hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, familias completas y ciudadanos que se solidarizan con el movimiento.
Los maestros, en su mayoría indígenas, provenientes de la Costa Chica, la Montaña y la zona centro de la entidad, utilizaron como un recurso para hacerse escuchar y ante el rompimiento del diálogo con las autoridades, el bloqueo a la carretera México-Acapulco, justo en el punto donde hace un año fueron asesinados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La táctica de las autoridades, como respuesta a los movimientos sociales, es la misma para todos: la intimidación con órdenes de aprehensión, las amenazas de despido, descuentos salariales, levantamiento de actas administrativas a los maestros que se mantengan en paro, el despido y renuncia obligada, la falta de diálogo, la cerrazón e intransigencia.
Los desplegados pagados por los empresarios convocando y justificando la represión en medios de comunicación es una lógica beligerante por parte de los dueños del dinero, y nuevamente confirma a la ciudadanía que la justicia sí existe para los empresarios, amparados en el falso discurso de que se afecta al comercio y al turismo. Este turismo y las ganancias que deja son para los ricos, mientras se engaña a la población con simples empleos de camareros, meseros y en la servidumbre. Los dueños del capital culpan a los manifestantes de la decadencia del turismo, lo que en realidad es producto no de las manifestaciones sociales, sino de la violencia que han sembrado las mismas autoridades, el abandono a la población y la falta de políticas públicas de desarrollo social, de equidad y justicia. El clima de inseguridad es lo que hace que el turismo haya dejado de tener como destino Acapulco.
Ahora se da un despliegue desmedido de fuerzas policiacas para contener a los maestros. Los recursos son utilizados para reprimir, en vez de invertir en educación. Los edificios públicos, como el Palacio de Gobierno de Guerrero, el Congreso del Estado, hoteles, calles y centros policiacos se han convertido en cuarteles donde se encuentran policías federales, estatales y municipales a la espera de órdenes para reprimir al pueblo. Los constantes rondines del ejército y la marina, así como la utilización de aparatos tecnológicos de punta, es un despliegue de fuerza para contener a la sociedad organizada. Forma parte de una lógica de contención, zozobra, temor e inhibición de la participación social. Las declaraciones a la prensa del presidente de la República, el gobernador y el secretario de gobierno es para jactarse de la tener el derecho de la “violencia legítima” y de “hacer cumplir la ley”. Y es que la represión ha sido constante en Guerrero como forma de dar respuesta a las demandas sociales. En un ensayo de lo que se puede aplicar a toda muestra de inconformidad social en distintos puntos del país.
Un nuevo frente social
La articulación del movimiento de los maestros y otras fuerzas ciudadanas organizadas nos da otra lectura. Las organizaciones que se sumaron al movimiento magisterial fueron los fundadores del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un sector de la Policía Comunitaria, el colectivo #YoSoy132 Chilpancingo, el Frente Unido de Escuelas Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), la Policía Ciudadana y Popular, entre otros, lo que indica un ascenso en la lucha magisterial y la incorporación de nuevos actores en la lucha contra la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, asumida y acatada por las autoridades estatales.
El tejido de alianzas se convierte poco a poco en un movimiento popular ciudadano en rechazo a las políticas públicas educativas y a la forma de gobernar de Ángel Aguirre Rivero, basada en la intolerancia y el autoritarismo. También desenmascara su actitud, ligada a las prácticas priístas, de alianza con los poderes empresariales. El cansancio de la sociedad guerrerense no sólo es por la reforma educativa, sino también por las alzas a los impuestos, a la gasolina, a los servicios, a la canasta básica, por las desatenciones y el incumplimiento de brindar seguridad a la sociedad.
Los ciudadanos organizados de Guerrero empiezan a tejer una alianza en defensa de sus derechos y libertades con demandas históricas.
La clase política del PRD, las autoridades y los empresarios unidos
El nuevo gobierno emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) es obtuso en la construcción de proyectos sociales. El Congreso se encuentra supeditado a lo que marca el gobernador en turno. La mayoría de quienes se encuentran ocupando las curules llegaron a hacerlo envueltos en situaciones de imposición política y métodos antidemocráticos de elección, basados en la cooptación y uso indiscriminado de recursos económicos para elegirse. Hoy muestran su rostro de intolerancia y falta de oficio político; responden a las iniciativas gubernamentales y aprueban reformas en contra del pueblo. El PRD en Guerrero, como partido, ha derivado en grupos familiares, cúpulas y en el buscar perpetuarse en el poder sin importar la ética y los principios de servicio social. Una crisis de identidad y amnesia histórica es la que se observa en los integrantes de la cúpula de dicho partido, que establece alianzas con el PRI para realizar y aprobar reformas antidemocráticas.
El sector político de la entidad, con una mayoría en el congreso compuesta de miembros del Partido de la revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista Mexicano, votaron a favor de una ley estatal de educación que no beneficia a la población.
Unos días antes, existía un compromiso entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el gobernador de la entidad consistente en la promoción de una ley que garantizara los derechos sociales y colectivos y la gratuidad de la educación, que el gasto de las escuelas estuviera en manos de las autoridades y no en los padres de familia, que se creara un Instituto Autónomo de Evaluación Educativa en el Estado de Guerrero, que se otorgaran plazas automáticas a los egresados de las escuelas normales públicas, entre otros compromisos. Sin embargo, el 2 de abril los legisladores aprobaron una ley estatal que contravenía todos los acuerdos establecidos entre el gobernador y los maestros. Este hecho enardeció a los docentes porque no se cumplieron los protocolos administrativos y de legislación, dado que sólo fue una comisión quien dio lectura al documento, que muchos diputados desconocían.
Ese hecho detonó el rompimiento de las negociaciones y el diálogo. En los días posteriores, los maestros iniciaron una escalada en sus manifestaciones hasta llegar al 5 de abril con el bloqueo a la carretera México-Acapulco. Los maestros resistieron los embates salvajes de la Policía Federal. El saldo es de varios docentes detenidos y algunos desaparecidos, algunos heridos y muchos profesores con crisis nerviosa. Después del suceso, los docentes entraron a un repliegue y articulación con organizaciones sociales y sus comunidades de origen.
Lo que sucede en Guerrero es el ensayo de lo que viene, de la represión y de la imposición de leyes en contra de la población. No es raro en una coyuntura en que se ha golpeado a otros movimientos sociales del país en la última década. Es una escalada y son ensayos que se pueden aplicar en otros lugares. Empezar en Guerrero es una pequeña muestra, pero la resistencia y la indignación también crecen, la dignidad se mantiene y emerge.
Publicado el 08 de abril de 2013
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