“Creo que si el cierre del servicio no hubiera recibido esta atención de los medios, podría estar ahora en la cárcel”, dijo Levison al diario ‘La voz de Rusia’.
Sobre el inesperado cierre de su servicio de correo, Levison confiesa que pese a que perdió su principal fuente de ingresos y se quedó prácticamente en paro considera esta decisión la más correcta: “Creo que es importante tener en cuenta que para mí no se trataba de proteger la privacidad de una persona. Lavabit ha recibido más de dos docenas de solicitudes de información por parte del Gobierno durante sus diez años de historia”, explicó.
En relación al ex analista de la CIA Edward Snowden, Levison dijo que siente un gran respeto por sus ideas. “Definitivamente siento que si hubiera más gente como él y yo dispuestos a resistir, a cumplir con su juramento de defender la Constitución contra los enemigos internos más seriamente, no estaríamos ahora en esta situación”, dijo.
Creo que si el cierre del servicio no había recibido esta atención de los medios, podría estar ahora en la cárcel
“Si ustedes supieran lo que yo sé, probablemente tampoco emplearían el correo electrónico, dijo tras el cierre de Lavabit. En sus declaraciones Levison siempre se ha mostrado cauteloso, ya que, al parecer, recibió una orden de registro emitida por la NSA y otra judicial conocida en EEUU como ‘gag order’ (literalmente ‘orden de mordaza’) que prohíbe hablar de un caso a las personas implicadas en él, razón por la que no facilitó demasiados detalles respecto al cierre de su servicio.
Además, algunos periodistas sospechan que Levison pudo haber recibido una carta de una organización relacionada con la seguridad nacional de EEUU, en concreto del FBI o del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) que tiene la competencia para obligar a cualquier empresa estadounidense a participar en el espionaje generalizado.
Según ellos, el tribunal puede castigar a quienes se niegan a colaborar con multas clasificadas para cada día de incumplimiento de la orden, o incluso mandar a los ejecutivos a una cárcel secreta por desacato civil.
RT
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