Urge poner en marcha una campaña internacional contra el gobierno y el
Estado dominicano. Contactar con esos fines todas las instancias posibles. Sugerirle dirigir mensajes contra "genocidio civil" y apartheid en República Dominicana, provocado por la sentencia del Tribunal Constitucionaln TC, asuMida por el Gobierno, que despoja de su nacionalidad a los de dominicanos/as de cuatro generaciones descendientes de haitianos/as.
Contactos para mensajes y llamadas al gobierno:
Ave. México, Gazcue,
Distrito Nacional.
Santo Domingo,
República Dominicana.
Distrito Nacional.
Santo Domingo,
República Dominicana.
COPIA A Direcciones de varios dirigentes de IR: narcisoisaconde@gmail.com
P/D.-Adjunto algunos trabajos que ilustren sobre lo que aquí acontece en materia de racismo y dar informaciones sobre como la policía dispara a matar y como ayer mataron cuatro manifestantes en el marco de la jornada de protestas y movilizaciones.
DOSSIER:
IZQUIERDA REVOLUCIONARIA 
Sentencia TC: expresión de racismo neo-fascista a derrotar.
MANIFIESTO
El Tribunal Constitucional, engendro de la constitución del 26 de enero de 2010, pactada por el leonelismo con las cúpulas del PRD y PRSC, ha dictado recientemente una sentencia con la que se pretende despojar de la nacionalidad dominicana a centenares de miles de dominicanos y dominicanas, reconocidas desde antes de la aprobación mencionada Constitución.
Esta sentencia viola acuerdos y tratados internacionales que fueron considerados conquistas de la humanidad, como son: LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS y la Declaración de los Derechos Niños y Niñas…..
Este abuso incalificable, con intención de genocidio civil, fue iniciado por la jefatura de la Junta Central Electoral, responsable además de otras tropelías y acciones dolosas.
El mismo no debe desvincularse de una estela de impunidades a favor de encumbrados ladrones de cuello blanco, garantizadas por el mismo sistema de “altas cortes” inaugurado por la Constitución de 2010 e inspiradas en pasados afanes dirigidos a manipular las instituciones y usarlas como patrimonio de grupos y personas corrompidas, no pocas de ellas con fuertes inclinaciones despóticas.
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En verdad, esta brutal decisión del Tribunal Constitucional, adoptada supuestamente para regularizar el estatus de los/as descendientes de emigrantes extranjeros, está fundamentalmente dirigida a negarle el registro civil y la condición de nacionales, esto es, a dejar sin documentos de identidad, a una enorme cantidad de dominicanos/as descendientes de haitianos/as, que desde 1929 hasta la fecha se han establecido en el país; sin excluir a los/as de otros orígenes y procedencias.
Igualmente procura intensificar el acoso, el cerco y la persecución contra las más recientes migraciones procedentes del país vecino.
Tal decisión ha sido patrocinada por los máximos representantes del racismo anti-haitiano, inspirados en una ideología de corte nazi-fascista, debidamente readecuada en función de la realidad dominicana y de las necesidades de acumulación de un decadente capitalismo neoliberal, profundamente machista, racista y adulto-céntrico, y altamente gansterizado.
Esa corriente neo-nazi gravitó intensamente en el diseño de la reaccionaria Constitución del 2010 y en la confección de la ley de migración.
La misma ha sido auspiciada por el ex-presidente Leonel Fernández, por el Comité Político del PLD, por el llamado “Pacto de las Corbatas Azules”( PLD/PRD), por los restos del funesto balaguerismo (PRSC), por élites capitalistas y eclesiales; ahora ayudada sobremanera por la pusilanimidad y/o la complicidad de una buena parte de las cúpulas de las dos facciones del PRD.
Así, esa expresión del fundamentalismo racista y xenofóbico -desde sus enclaves de poder y su gravitación en la cultura hegemónica- ha logrado copar el Senado de la República, el Consejo de la Magistratura, altos mandos militares y policiales, la Suprema Corte de Justicia, el propio Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones estatales; así como una parte significativa de los grandes medios de comunicación del país y de las entidades encargadas crear ideología y gerenciar sistemas educativos, logrando confundir a no pocos/as dominicanos/as.
Sobresale en este proceso perverso la doble moral, la gran hipocresía de la gran burguesía dominicana y transnacional, duchas en propiciar y manipular por debajo la emigración de las empobrecidas masas haitianas para sobre-explotarlas con descaro; al tiempo de fomentar abiertamente el anti-haitianismo racista para someterlas a degradantes condiciones de exclusión y a un vulnerable y calculado status de “ilegalidad”.
A su vez esa misma burguesía transnacional, la oligarquía haitiana y sus instrumentos burocráticos/militares son responsables del crimen histórico de la pauperización de Haití y su pueblo, lo que es causa fundamental de su dramático proceso migratorio y del inescrupuloso tráfico de seres humanos compartido por los verdugos y depredadores de ambas naciones colonizadas y recolonizadas por potencias imperialistas.
La sentencia impuesta haciendo provecho de un caso particular -además de estar fundamentada en numerosas trampas, distorsiones legales y mentiras- tiene todas las características de un nuevo genocidio civil fríamente planeado y orquestado por los componentes principales de la claque político-social que manipula del engranaje institucional pertinente para su ejecución.
UNA AMENAZA INMINENTE A DERROTAR
De prosperar esta perversa sentencia, estaríamos ante la inminencia de un vil proceso que progresivamente convertiría en parias, en apátridas, en indocumentados/as a miles y miles de personas nacidas en esta tierra, dominicanos/as de pura sepa, tanto de ascendencia haitiana como de otras identidades. Que excluyéndolos/as definitivamente del marco jurídico de la dominicanidad, los/as expondría en mucho mayor grado que ahora a la incertidumbre y al sufrimiento “per se”; convirtiéndolos/as en presa fácil para todo tipo de sobre-explotación, extorsión, comercio, trata, tráfico y perversión.
Varias generaciones de descendientes de abnegados/as trabajadores/as procedentes de Haití serían grave, radical y permanentemente afectadas, solo por su origen, por sus genes, por las condiciones étnicas heredadas de sus padres y sus madres, por el color de su piel y por el terrible e injusto estigma colonial, neo-colonial y racial que pesa contra el sufrido y heroico pueblo haitiano; súper-empobrecido –en mayor grado que el nuestro- por las potencias imperialistas, por sus déspotas locales y por las insensibles e inhumanas oligarquías haitianas y dominicanas. Y, actualmente, intervenido militarmente por EEUU y sus aliados.
Puro nazismo recauchado y aplatanado…puro holocausto civil…puro intento de ejecución de un criminal programa de “limpieza étnica”, muy en boga en esta era neo-liberal. Otra forma de matar de manera inicialmente no sangrienta, aunque bien podría desatar persecuciones y tensiones que podrían terminar en confrontaciones sangrientas e incluso armadas.
Algo realmente horrible, fundamentado paradójicamente por el “experto constitucionalista” que preside el TC, descendiente de trabajadores negros emigrantes de las islas caribeñas de posesión inglesa y de las plantaciones de esclavos de EEUU (nuestros/as queridos/as “cocolos/as”) y, por tanto, traidor a sus ancestros.
Un plan fríamente calculado que ha sido instrumentado por el ex-presidente Leonel Fernández y tratado en forma ambigua por el Presidente Medina promoviendo por un lado la ignominiosa declaración de apoyo de su Consultor Jurídico, Pina Toribio, y soterrados acuerdos utilitarios con Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral ; mientras, por el otro, se desliga de la decisión y expresa conmiseración por las víctimas, solo prometiendo consultar sin admitir el carácter inconstitucional de la sentencia y sin adoptar medidas reparadoras en lo inmediato.
Un plan neo-trujillista, a tono con el carácter dictatorial del actual modelo de dominación clasista y del régimen político vigente.
Un plan que hay que derrotar hoy o mañana, construyendo un fuerte movimiento de opinión y una ascendente movilización social y política de las /as dominicanas/nos amenazados por este programa de exterminio civil, de los/as acosados emigrantes residentes aquí y de todas las fuerzas democráticas, de izquierda y/o humanistas de nuestro país.
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IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR saluda el gesto de las dos juezas que votaron contra esa infame sentencia y se abraza a todas las organizaciones, entidades y personas que ya han expresado su rechazo a la misma. Respalda efusivamente, además, la oportuna inclusión del reclamo de anulación de esa tendencia en la JORNADA NACIONAL DE LUCHA fijada para el martes 22 y miércoles 23 de octubre.
IR se compromete a contribuir a crear un gran movimiento para derrotar en calles y campos, ciudades y campos esa afrenta. A la vez anuncia que pondremos en marcha una intensa campaña internacional que procure anular esa sentencia perversa y garantizar a plenitud los derechos ciudadanos que le asisten a todos los/as dominicanos/as descendientes/tas de haitianos/as; así como las garantías y derechos que como seres humanos le corresponden a la gran masa emigrantes/tas haitianos/as que trabajan en nuestro país, merecedores/as de un trato digno como todos/as los demás.
Pero además, ante esta dinámica de crueles atropellos, proponemos la convocatoria inmediata de un gran ENCUENTRO O ASAMBLEA de todas las organizaciones, entidades y personas empeñadas en la defensa de los derechos de esa parte de nuestro pueblo amenazada por este agresivo proyecto de despojo de la nacionalidad dominicana, a los fines de iniciar de inmediato un plan de lucha para enfrentarlo y derrotarlo.
Igualmente proponemos contribuir todos/as a una intensa y multifacética campaña mundial de denuncia de esta inaceptable e ignominiosa sentencia.
¡SOMOS DEFENSORES/AS DE LA DIGNIDA HUMANA!
Por la IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR:
Frente Popular Aniana Vargas-FEPAV, Rafael Jiménez Abad/Movimiento Caamañista-MC, Narciso Isa Conde/Movimiento Popular Dominicano-MPD, Brígido Peguero/Fuerza Popular Duartiana FPD, Albania Alvarado- /Movimiento Restaurador Socialista-MRS, Catalino Archivald/Liga Socialista de los Trabajadores/Congreso/Unitario de Revolucionarios y Revolucionarias (LST-CURR), José Aracena/.
INDEPENDIENTES: Ángel Landis Mercedes, Carlos Féliz Cuello, Juan Pablo, Cristian Polanco, Clemente Terrero, Felipe Lora, Kirsy Mota, Papito Jiménez, Milciades Geraldo, Milagros Hungría...
16-10-2013, Santo Domingo, RD.
Número y perfil de los sentenciados
La ominosa e inconstitucional sentencia del Tribunal Constitucional que despoja de la nacionalidad a dominicanos y dominicanas descendientes de migrantes es probablemente el revés más grande que haya recibido la lucha por una sociedad más incluyente y humana en los últimos años. Su capacidad de dañar vidas y de tronchar oportunidades es inmensa porque convierte en extranjeros, y posiblemente en indocumentados, a decenas de miles de personas, lo cual implica que tendrán mucho menor capacidad para reclamar derechos y aprovechar oportunidades.
La mayoría de ellos son descendientes de migrantes de Haití, lo cual por sí mismo es una desventaja en un país con un anti-haitianismo tan arraigado, producto de decenas de años de educación trujillista que gobiernos electos se han negado a reformar.
Pero, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas han sido reconocidas por el Estado dominicano como nacionales y podrían ser despojadas de sus derechos como tales?
La Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la República Dominicana de 2012 auspiciada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea (UE) encontró que en el país unas 244 mil personas son dominicanos y dominicanas descendientes de migrantes. Esto representa el 2.5% de la población total del país. De esos, 210 mil (86%) son descendientes directos de migrantes de Haití. No obstante, el reporte de la encuesta no aclara si son descendientes de uno o ambos progenitores migrantes. El dato es importante porque si uno de ellos es no migrante, la persona queda protegida de los efectos de despojo de la sentencia.
Sin embargo, no todos los descendientes de migrantes irregulares serían despojados de su nacionalidad simplemente porque una parte nunca ha sido reconocida como nacional porque no cuenta con un acta de nacimiento, que es el documento probatorio de que nació en territorio dominicano. La encuesta dice que sólo el 55% de los y las descendientes de migrantes, unas 115 mil personas, cuenta con una, de tal forma que ese es el número de personas que, en principio, y siempre que uno de sus progenitores no sea o haya sino nacional, podrían ser despojadas de nacionalidad.
Sin embargo, a esas 115 mil personas habría que sumarle los y las descendientes de éstas, es decir, segunda, tercera y quizás hasta cuarta generación, en caso de que ambos progenitores estén en situación similar. El número total que resulta de esta infausta cascada, de la cual las víctimas no tienen responsabilidades sino el propio Estado, es muy difícil de estimar sin tener acceso directo a los registros administrativos.
Además del número base mencionado, la encuesta provee evidencia de que los y las descendientes de migrantes tienen un perfil mucho más cercano al del resto de la población que al de la población migrante. Veamos dos aspectos: el laboral y el educativo.
En cuanto al primero, los descendientes de migrantes se emplean en sectores similares al resto de la población, principalmente comercio (23%), servicios (19%-25%), agricultura (14%-16%), manufacturas (10%) y construcción (6%-13%) En contraste, los migrantes trabajan abrumadoramente en actividades como agricultura (36%) y construcción (26%). Igualmente, los descendientes de migrantes tienen una tasa de desempleo similar a la media nacional (14%), mientras que entre los migrantes, como es esperable, es menor (12%).
Igualmente, los y las descendientes de migrantes muestran logros educativos parecidos al resto de la población, en contraste con la población migrante que tiene menos logros. Entre los descendientes de migrantes, un 10% nunca fue a la escuela, igual que en el resto del país, mientras entre migrantes es un 22%. A su vez, un 60% alcanzó la escuela primaria comparado con un 56% en el resto de la población. Entre migrantes, menos de un 50% alcanza la primaria.
En síntesis, la evidencia parcial que provee la encuesta ayuda a empezar a dimensionar el tamaño del problema que ha causado la retrógrada sentencia y sugiere que no sólo hablamos de dominicanos y dominicanas por derecho, sino también de personas que, a juzgar por las actividades a la que se dedican y por sus logros educativos, no se diferencian de la media nacional, y son parte integral del país.
La mayoría de ellos son descendientes de migrantes de Haití, lo cual por sí mismo es una desventaja en un país con un anti-haitianismo tan arraigado, producto de decenas de años de educación trujillista que gobiernos electos se han negado a reformar.
Pero, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas han sido reconocidas por el Estado dominicano como nacionales y podrían ser despojadas de sus derechos como tales?
La Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la República Dominicana de 2012 auspiciada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea (UE) encontró que en el país unas 244 mil personas son dominicanos y dominicanas descendientes de migrantes. Esto representa el 2.5% de la población total del país. De esos, 210 mil (86%) son descendientes directos de migrantes de Haití. No obstante, el reporte de la encuesta no aclara si son descendientes de uno o ambos progenitores migrantes. El dato es importante porque si uno de ellos es no migrante, la persona queda protegida de los efectos de despojo de la sentencia.
Sin embargo, no todos los descendientes de migrantes irregulares serían despojados de su nacionalidad simplemente porque una parte nunca ha sido reconocida como nacional porque no cuenta con un acta de nacimiento, que es el documento probatorio de que nació en territorio dominicano. La encuesta dice que sólo el 55% de los y las descendientes de migrantes, unas 115 mil personas, cuenta con una, de tal forma que ese es el número de personas que, en principio, y siempre que uno de sus progenitores no sea o haya sino nacional, podrían ser despojadas de nacionalidad.
Sin embargo, a esas 115 mil personas habría que sumarle los y las descendientes de éstas, es decir, segunda, tercera y quizás hasta cuarta generación, en caso de que ambos progenitores estén en situación similar. El número total que resulta de esta infausta cascada, de la cual las víctimas no tienen responsabilidades sino el propio Estado, es muy difícil de estimar sin tener acceso directo a los registros administrativos.
Además del número base mencionado, la encuesta provee evidencia de que los y las descendientes de migrantes tienen un perfil mucho más cercano al del resto de la población que al de la población migrante. Veamos dos aspectos: el laboral y el educativo.
En cuanto al primero, los descendientes de migrantes se emplean en sectores similares al resto de la población, principalmente comercio (23%), servicios (19%-25%), agricultura (14%-16%), manufacturas (10%) y construcción (6%-13%) En contraste, los migrantes trabajan abrumadoramente en actividades como agricultura (36%) y construcción (26%). Igualmente, los descendientes de migrantes tienen una tasa de desempleo similar a la media nacional (14%), mientras que entre los migrantes, como es esperable, es menor (12%).
Igualmente, los y las descendientes de migrantes muestran logros educativos parecidos al resto de la población, en contraste con la población migrante que tiene menos logros. Entre los descendientes de migrantes, un 10% nunca fue a la escuela, igual que en el resto del país, mientras entre migrantes es un 22%. A su vez, un 60% alcanzó la escuela primaria comparado con un 56% en el resto de la población. Entre migrantes, menos de un 50% alcanza la primaria.
En síntesis, la evidencia parcial que provee la encuesta ayuda a empezar a dimensionar el tamaño del problema que ha causado la retrógrada sentencia y sugiere que no sólo hablamos de dominicanos y dominicanas por derecho, sino también de personas que, a juzgar por las actividades a la que se dedican y por sus logros educativos, no se diferencian de la media nacional, y son parte integral del país.
Twitter: @IsaPavel
LA SENTENCIA RACISTA Y EL NEOFASCISMO CRIOLLO.
Por Narciso Isa Conde
La sentencia racista-clasista del TC es un llamado imperioso y altanero de las élites blancas y “negri-blanqueadas” pro-capitalistas a cerrar filas en una fuerza neofascista en expansión en tiempo de decadencia, para explotando pasiones y desatando odios inducidos y construidos por siglos, procurar situar a los dominicanos y las dominicanas haitiano–descendientes y a los/as emigrantes procedentes de Haití en el punto máximo de indefensión, muy propicio para acrecentar la sobre-explotación y la mercantilización de esa población pobre y negra.
Algo muy a tono con las recetas neoconservadoras de un capitalismo en crisis mayor. Una fórmula muy difundida pero adecuada a un país periférico-dependiente con sus poderes dominantes en fase de putrefacción; adaptada en este caso a los problemas peculiares de una isla dividida en dos país y dos sociedades por la voracidad de los imperialismos europeos, ambas con rencores históricos atizados por sus opresores de siempre y ambas recolonizadas de la peor manera por EEUU.
Una fuerza neofascista, debidamente “aplatanada”, “criollizada”, se está conformando desde el propio partido de gobierno-PLD, sus grupos satélites y su dictadura institucionalizada; comprada la matricula del “opositor” Partido Revolucionario Dominicano-PRD presidida por Miguel Vargas y entrampada su facción mayoritaria encbezada por el expresidentes Hipólito Mejía; ambas cómplices de la degradación provocada por el neoliberalismo y la corrupción y ambas desautorizadas e imposibilitadas, desde roles y situaciones diferentes, para ser alternativa, aunque a una de ella, a la de Hipólito y demás, se le sume una seudo-izquierda adocenada.
Este engendro político ha sido generado por la multi-mega crisis actual del capitalismo y por los riegos que le plantea a esa dominación la indignación e insumisión popular que la misma tiende a generar y que ya comienza a sentirse.
Observen además como proliferan los personajillos petulantes y corruptos (encumbrados en instituciones centralmente manipuladas), los “cocolos” (negros procedente del Caribe “inglés”) y mulatos intelectualizados que reniegan de su origen y dictan sentencia y resoluciones para arrinconar a los/as negros/as pobres.
Entre ellos se destacan los “abogaduchos del dólar” que repiten las cartillas legales del Occidente racista y del Opus Dei, la bandadas de comunicadores mediocres lectores de partituras xenófobas, las gallaretas soeces, los altos oficiales prepotentes y corruptos dedicados a combatir “con mano dura” exclusivamente la micro-corrupción y a abusar con saña de los pobres de piel oscura.
Todos/as ellos/as a la sombra del ex-presidente LEONEL Fernández y su clan de la corrupción (Ladroneles engolfados) y de maquinadores balaguerianos en competencia soterrada por hegemonizar la dictadura morada.
Ese engendro está en marcha. Pero es muy vulnerable, sobre todo si nos convertimos en bujía promotora de la contrapartida necesaria y nos proponemos derrotarlo sin contemplaciones, creando organización y conciencia crítica, asumiendo la Constituyente Popular y Soberana como vía y medio para la ruptura necesaria y la superación de este régimen político degenerado.
Estos no son tiempos para neo-dictaduras, ya personalizadas o ya colegiadas.
El acumulado por la democracia es inmenso y sigue vivo en la conciencia de la humanidad y en este pueblo heroico.
Por lo que pienso que no será difícil echar a pique la dictadura morada, sobre todo si logramos que la mayoría de este pueblo entienda que este no es un pleito entre dominicanos/as y haitianos/a, sino entre el gran pueblo dominicano y las mafias capitalistas (criollas y transnacionales) y partidocráticas que lo empobrecen, excluyen y oprimen.
Sin olvidar jamás que las dictaduras se derrotan primero en las calles y después de mil maneras.
Organizaciones argentinas se unen al reclamo de justicia
Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 – Organizaciones sociales y referentes argentinos de los derechos humanos reclamaron hoy, al Presidente de la República Dominicana Danilo Medina, la toma de medidas necesarias para revertir las consecuencias de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de aquel país, para evitar la desnacionalización de cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas, en su vasta mayoría haitiano-descendientes. Leer aquí el texto completo de la Carta de las organizaciones argentinas, dominicanas y haitianas.
Encabezados por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, las organizaciones expresaron su más firme rechazo a los términos de la sentencia No. 168/13, haciendo suyo las consideraciones, denuncias y pedidos realizados oportunamente por importantes conjuntos de organizaciones sociales y de derechos humanos tanto de la República Dominicana, como de Haití, en sendas Cartas dirigidas al gobierno dominicano.
“Agregamos nuestra especial preocupación por la posibilidad de que esta situación, si no es rectificada a corto plazo, redunde además en nuevos atropellos en contra de la población haitiana que enfrenta en su propio territorio, una situación de ocupación militar y de sistemático agravio a sus derechos más fundamentales”, señalaron las organizaciones y referentes argentinos.
La acción de las organizaciones argentinas se enmarca en una jornada de movilización realizada hoy en diversos países de la región y el mundo, buscando evitar esta aberrante y masiva violación a los derechos humanos a un mes de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Entre las organizaciones impulsoras se incluyen el Comité de solidaridad por el retiro de las tropas argentinas de Haití, Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina, SERPAJ, CTA – Capital, la Comisión.
DANILO Y EL GENOCIDIO CIVIL
¿Podía haber hecho algo diferente el Presidente Danilo Medina frente a la sentencia 168-13 de la Corte Constitucional?
Miguel Ceara-Hatton
26/10/2013
Reitero no soy abogado, simplemente me hago las preguntas que cualquier ciudadanos se haría en esta dramática situación que está viviendo una parte del pueblo dominicano.
El 23 de octubre de 2013 el Sr. Presidente de la República emitió una “Declaración oficial en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional TCI 168-13” relativa al proceso de desnacionalización de dominicanos de origen haitiano, en dicha declaración pública el gobierno del Sr. Danilo Medina señalaba que acataba la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.
Me pregunto: ¿Podía haber hecho algo diferente el Presidente Danilo Medina frente a la sentencia 168-13 de la Corte Constitucional?
La respuesta es si, veamos la lógica de la argumentación para llegar a esta conclusión:
La Constitución Dominicana de 2010 dice claramente que en materia de derechos humanos los tratados y pactos tienen la misma jerarquía que la Constitución. En el artículo 74.3 dice:
“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”
¿Es la nacionalidad un derecho humano?
La respuesta es si. Veamos.
República Dominicana es parte de varios tratados internacionales que reconocen la nacionalidad como un derecho humano, los cuales han sido firmados y ratificados en forma voluntaria por el Estado Dominicano.
a) El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948.
b) La Convención para la Reducir los casos de Apatridia, de 1961.
c) El artículo 5 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965.
d) El artículo 24.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966.
e) El artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969.
f) E artículo 9 de la Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, de 1979.
g) El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.
h) El artículo 18 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006.
También existe jurisprudencia internacional, como la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso de las niñas Yean y Bosico, según la cual “el no reconocimiento de nacionalidad ni otorgamiento de registro civil a niños/as dominicanos hijos de padres haitianos viola los derechos de los niños, el derecho a la nacionalidad, igualdad ante la Ley, el derecho al reconocimiento de la personalidad y el derecho al nombre”.
En consecuencia es claro que pudo haber invocado el artículo 74.3 de la Constitución y la sentencia Yean y Bosico para solicitar una opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y evaluar la sentencia de la Corte Constitucional.
Se argumenta que la RD no es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es eso cierto?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral de la Convención de Derechos Humanos de 1969, que República Dominicana firmó el 7 septiembre de 1977, ratificó el 21 de enero de 1978 y depositó en 19 de abril de 1978. Además el Gobierno Dominicano reconoció la jurisdicción de esa corte en 1999, cuando declaró:
“Reconocimiento de Competencia
"El Gobierno de la República Dominicana por medio del presente Instrumento, declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del 22 de Noviembre de 1969" (19 de febrero de 1999).http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
La CIDH es parte integral de la Convención, por lo tanto el protocolo de aceptación no requiere aprobación congresional como lo han hecho todos los países signatarios. En adición la República Dominicana reconoció la facultad de la CIDH en el caso de Yean y Bosico 2005, igual participó en un juicio hace dos semanas y durante varios años una dominicana fue jueza de esa corte, además de múltiples actividades conjuntas.
En conclusión el Gobierno de Danilo Medina pudo haber hecho algo más que esa patética declaración oficial que dice: “… el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas y que sienten afectados sus derechos come consecuencia de esta sentencia. Como ha expresado el Presidente Danilo Medina por el fallo "aquí hay un problema humano que tenemos que resolver" (Declaración oficial del Gobierno Dominicano).
Me pregunto ¿No fue el Estado Dominicano quien le otorgó la nacionalidad y documentó a tres generaciones de dominicanos de origen haitiano (84 años) y hoy pretende desconocer esa nacionalidad en forma retroactiva hasta 1929?
Este no es un problema humano es un tema de derechos humanos, que el Estado Dominicano pretende desconocer, violando su propia legalidad.
La pregunta, entonces, es ¿Por qué no buscó la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no parar un genocidio civil? ¿Por qué permite que en su gobierno se violen los derechos humanos en tal magnitud? ¿Por qué no paró el sufrimiento que se va a provocar en su gobierno a miles de dominicanos que hoy quedan en el limbo? ¿Fue miedo? ¿Fue complicidad? ¿Fue impotencia?
En lo inmediato miles de dominicanos lo juzgarán, en lo internacional también será juzgado y si no rectifica, la historia cuando se evalúe su obra de gobierno muy probablemente lo juzgue por permitir el genocidio civil de miles de dominicanos. Pero ahora, definitivamente ha tomado partido por los “nazionalistas”, xenofogos y racistas que promueven esta arbitrariedad.
solidaridadpornacionalidad
Apreciado/a amigo/a:
Te invito a participar en el Comité Nacional de Solidaridad con los Desnacionalizados. Puedes aportar de muchas maneras en la construcción y defensa de una sociedad basada en derechos con solo escribirnos a:
Por favor, indicar si quieren participar en calidad de integrante activo/a del Comité o como colaborador con las actividades.
Nos hemos propuesto como fecha límite para conformar el comité, en una primera fase, hasta el lunes 28 de octubre.
Abajo anexo una carta de motivación y el documento constitutivo.
Abrazos
---------------------------------------------
Distinguido Ciudadano (a):
Nos complace saludarle al remitirle el documento constitutivo de un Comité de Solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera víctimas de la desnacionalización.
Se lo enviamos conscientes de sus criterios de justicia y sensibilidad humana, con la esperanza de que sumemos un buen número de voces significativas de la sociedad dominicana para contribuir a poner fin a esa aberración.
Tendremos dos categorías de miembros, activo y pasivo (colaboradores puntuales). La segunda no implica reuniones periódicas, sino participación puntual en actividades y jornadas. Los primeros tendrán la responsabilidad de dar seguimiento al reclamo hasta su consecución. Ud. Dirá en cuál le inscribimos.
Agradecemos su adhesión que puede ser con un simple correo electrónico dirigido al Comité Nacional en Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas.
Por el comité promotor le saludan:
Juan Bolívar Díaz
Wilfredo Lozano
Guadalupe Valdez
Mons. Julio César Holguín
Ana Selman
Víctor Víctor
Carmen Amelia Cedeño
Pavel Isa Contreras
Rev. Mario Serrano
Cristóbal Rodríguez
Rechacemos todo gueto o apartheid
Llamado a la conciencia nacional, en especial a líderes políticos, religiosos y sociales, a intelectuales, profesionales, artistas, comunicadores y a todas las personas sensibles y militantes en la solidaridad del género humano
Desde el 2007 por una simple resolución administrativa de la Junta Central Electoral, sin que mediara una sentencia judicial, miles de ciudadanos y ciudadanas de padres extranjeros, particularmente haitianos, han sido privados del derecho a obtener copias de sus actas de nacimiento bajo la presunción de que obtuvieron la nacionalidad de forma irregular.
De nada han valido los dictámenes de varios tribunales ante los cuales algunas de las víctimas acudieron en busca de amparo frente a una arbitrariedad que les ha dejado sus vidas en suspenso, ocasionándoles grave daños morales, sociales y económicos, al verse imposibilitados de obtener la cédula de identidad, de sacar o renovar pasaportes, de contraer matrimonio o divorciarse y de acceder a trabajos y a estudios técnicos y universitarios.
Cuando se esperaba que el Tribunal Constitucional (TC) respondería a una solicitud de amparo de la ciudadana de origen haitiano Juliana Deguis Pierre, el resultado ha sido la ratificación de la injusticia en base a la interpretación de que no le correspondía la nacionalidad por haber sido hija de extranjeros que se encontraban en tránsito por el país, no obstante que llevan décadas residiendo aquí y que la recurrente tiene 29 años de vida y no conoce ningún otro estado.
El TC juzgó a la señora Deguis sin darle oportunidad a que se defendiera, y además dictaminó en contra de todo el que se encuentre en situación similar, que según la misma sentencia podrían ser cientos de miles de personas, disponiendo que se haga un rastreo de todo el registro civil dominicano a partir de 1929 hasta el 2007, cuando se puso en vigencia lo que se ha denominado política de desnacionalización o genocidio civil, para “identificar e integrar en una lista documental y/o digital a todos los extranjeros inscritos en los libros-registros de nacimiento” para luego “Consignar en una segunda lista los extranjeros que se encuentren irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la República”, para finalmente transferirlos administrativamente “a los nuevos libros-registros de nacimientos de extranjeros.”. En síntesis que se declararía extranjeros a personas que podrían tener hasta ocho décadas de nacidas en el país, con raíces sociales y humanas insustituibles.
En alta proporción, los expertos en derecho constitucional y prestigiosos juristas han coincidido en calificar la sentencia del TC como violatoria de principios fundamentales del derecho internacional, de la Constitución de la República y el código civil así como de la misma ley orgánica constitutiva de esa corte. Por igual reconocidas instituciones nacionales e internacionales han rechazado las conclusiones del dictamen considerándolas violatorias de tratados suscritos por el Estado dominicano como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño.
Para excluir a millares de ciudadanos y ciudadanas de la nacionalidad dominicana, el TC reinterpretó las constituciones dominicanas que hasta la del 2010 otorgaban la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos de diplomáticos y “los que están de tránsito”, extendiendo esto último por tiempo indefinido, en contradicción con el Reglamento de Migración 279 del 12 de mayo de 1939, que limitaba la condición de tránsito a diez días.
Lo que es peor, la sentencia pretende una aplicación retroactiva de una norma en perjuicio de miles de personas, violentando el principio universal de irretroactividad de la ley, ratificado en el artículo 110 de la Constitución vigente que reza: “La ley sólo dispone para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
Es obvio que la Constitución del 2010 que nos rige, en su numeral 3, reitera la exclusión de la nacionalidad a los hijos de diplomáticos y personas en tránsito en el país, agregando a quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”, pero su numeral 2 no permite dudas al reconocer la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Estamos ante un despojo masivo de la nacionalidad que sólo tiene precedente en la Alemania de Hitler, cuando se sembraba el odio que generaría el mayor baño de sangre de la historia. Esos ciudadanos y ciudadanas no asaltaron las oficialías civiles para inscribirse como dominicanos. Los registraron porque era la interpretación que prevalecía de la Constitución, reformada al efecto en el 2010.
No escapa a nuestras consideraciones la impracticabilidad del mandato del TC de identificar a todos los hijos de extranjeros indocumentados que pudieron obtener la nacionalidad desde 1929, dado que una proporción importante de los libros de registros están deteriorados o han desaparecido y que miles de esos ciudadanos y ciudadanas han fallecido o han transitado al exterior con documentación dominicana. ¿Invalidaremos retrospectivamente todos sus actos civiles?
Como hasta ahora, la forma más fácil de identificarlos sería por los apellidos “de origen extranjero” cuando acuden a una oficialía a solicitar copia de sus actas, lo que afecta fundamentalmente a los más jóvenes, porque los mayores, que ya tienen cédula de identidad, pocas veces necesitan el acta de nacimiento, sobre todo si son pobres.
Para ejecutar la masiva exclusión se requerirían muchos años, enormes recursos y sobre todo una gran cacería nacional de personas que afectaría no sólo a los de ascendencia haitiana, sino también cocolos, chinos, árabes, judíos, norteamericanos, españoles, franceses, y de muchas otras nacionalidades. Eso sólo serviría para dividir y sembrar odios y resentimientos en contradicción con la esencia misma del pueblo dominicano.
A nadie debe escapar la perspectiva en que se coloca a la nación dominicana de espaldas a principios y cuestiones básicas y sensibles de la convivencia universal marcada por los movimientos migratorios, lo que nos expone a condenas internacionales ya anticipadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las repercusiones podrían afectar a la extensa comunidad dominicana en numerosos países, inclusive en aquellos donde nuestros nacionales luchan por regularizar su estatus de inmigrantes. Por fortuna no se conoce un solo caso donde hoy día se pretenda despojar de su nueva o doble nacionalidad a los hijos nacidos en el exterior de nuestros emigrantes indocumentados. Aunque originalmente fuimos una nación de inmigrantes, hoy día somos netamente de emigrantes y sus remesas han sido y son sostén fundamental de la estabilidad económica nacional.
Estamos frente a un grave drama humano que rebasa los límites de la inmigración y que, aún si faltare el derecho, obligaría a una solución que evite la constitución de un apartheid de cientos de miles de personas, el cual se trasmitiría indefinidamente a sus descendientes. Afecta a seres humanos cuyo vínculo fundamental es la sociedad dominicana, que no se podrían ir para ningún otro país, aunque quisieran.
Alentamos la sensibilidad expresada por el presidente Danilo Medina, quien reconoce la necesidad de encontrar una solución al grave problema que representan las personas desnacionalizadas.
Creemos que la solución está dada en la Constitución actual que reconoce la ciudadanía a todo el que la hubiese obtenido antes de su entrada en vigencia, el 26 de enero del 2010.
Proclamamos una patria amplia para todos los hijos e hijas de esta tierra a quienes se les reconoció la nacionalidad, al tiempo que reclamamos concentrar la atención en solucionar los problemas migratorios en base a la nueva visión concertada por las entidades sociales y políticas, poniendo el acento en limitar los flujos inmigratorios del presente en vez de una absurda persecución del pasado.
Por todo lo anterior y muchas otras razones que la economía de palabras nos impone, los suscriptores nos constituimos en un Comité Nacional en Solidaridad con los Desnacionalizados.
En Santo Domingo, República Dominicana, al concluir Octubre del 2013.
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PD.- Pedirle a todos/as nos remitan copias de los mensajes enviados al gobierno para reproducirlos.
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