El responsable de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional de IU, Francisco Pérez Esteban, indica que “hemos recibido informes de varias misiones de observación internacional que advierten y constatan múltiples irregularidades en el proceso electoral”
Izquierda Unida, a través de su responsable de Derechos Humanos y Solidaridad Internacional, Francisco Pérez Esteban, denuncia que “tal y como ha quedado plasmado en distintos informes de observadores de misiones internacionales independientes y ha advertido la oposición política del país, en Honduras se ha producido un fraude electoral para evitar que Xiomara Castro de Zelaya acceda al Gobierno con un proyecto popular, de izquierdas y antioligárquico”.
Para Pérez Esteban, “resulta escandaloso que el Gobierno del PP en nuestro país, que hace unos meses apoyó decididamente al venezolano Capriles Radonski hasta mucho tiempo después de su derrota y reclamó de forma vehemente que se revisara hasta el último voto en su disputa electoral con Nicolás Maduro, se haya precipitado ahora y le faltara tiempo para reconocer la victoria de Juan Orlando Hernández con poco más de la mitad de votos escrutados”.
“IU no puede reconocer al candidato del partido conservador –señala Francisco Pérez- quien se proclamó presidente al llegar al 54% del recuento y así también fue proclamado por el Tribunal Electoral sin esperar al escrutinio final, lo que es en sí mismo una irregularidad. Los principales partidos de la oposición, entre ellos Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Anticorrupción no han reconocido los resultados y denuncian el escándalo de un nuevo fraude en Honduras”.
El dirigente federal de IU recuerda que “mientras la comunidad internacional fue testigo de una espera electoral angustiosa en el recuento de votos en EE.UU entre los candidatos George Bush y Al Gore; en México entre Calderón y López Obrador, por ejemplo, que se proclame un vencedor en Honduras a mitad de escrutinio es una burla a la democracia y al derecho al sufragio. LIBRE tiene todo el derecho a impugnar los resultados y exigir un recuento urna a urna, algo que aceptó en Caracas el hoy presidente Maduro”.
Pérez Esteban advierte de que “hemos recibido informes de varias misiones de observación internacional que denuncian y constatan múltiples irregularidades en el proceso electoral. Así, la Misión Sindical Internacional de Observación Electoral señala ‘manipulación y compra de votos, amenazas y otros actos de violencia contra los testigos y votantes de LIBRE, cuatro de cuyos militantes fueron asesinados’. Del mismo modo, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) –en la que participan, entre otros, los observadores españoles Baltasar Garzón, Beatriz Gil y el dirigente federal de IU Enrique Santiago- hizo público ayer su informe de observación donde destaca también que tras el escrutinio de más de 100 mesas habían detectado múltiples e importantes irregularidades en todo el proceso”.
Izquierda Unida señala que entre las irregularidades que denuncia la FIDH están “la imposibilidad de ejercer su derecho al voto a miles de ciudadanos a los que se les declaró fallecidos en el censo y que, pese a reclamar ante el Tribunal Electoral, no recuperaron sus derechos políticos o se les mandaba a votar en mesas electorales muy alejadas de su municipio. También advierten de la compra de votos mediante la entrega por miembros del Partido Nacional de tarjetas personalizadas de descuento en comercios y servicios -telefonía celular, servicios médicos, farmacia, restaurantes, etc.- para aquellos electores que entreguen sus datos personales y de contacto al citado partido, como ha quedado evidenciado en videos, fotos y testimonios de puestos de distribución próximos a centros electorales”.
El dirigente federal de IU explica también que “ha existido una excesiva militarización del proceso electoral, con una presencia intimidatoria del Ejército hondureño en los centros de votación durante toda la jornada electoral. Los militares tomaron los medios de comunicación, entre ellos Radio Globo, TV Globo y Canal 11, así como la Fiscalía de Derechos Humanos con la intención de que no se produjeran denuncias más contundentes”.
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