por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (RD)
Ana Montilla, esposa de Juan AlmonteFran Alfonso
Los hechos ocurren, declara el abogado Genaro Rincón, «en momentos en que el presidente de laRepública Dominicana (Leonel Fernández Reina, nda) es electo por tercera vez al mando del país en mayo de 2008»
El 28 de septiembre de 2009, Juan Almonte Herrera, de 50 años, de profesión contable, miembro del Comité Dominicano para la Defensa de los Derechos Humanos, vicepresidente del partido izquierdista del Movimiento de Unidad Dominicana (MUNDO), según testigos oculares fue detenido por la Unidad Anti-Secuestro de la Policía Nacional dominicana, mientras regresaba a su trabajo en Santo Domingo.
Desde entonces, para la familia del reconocido político y activista empezó una pesadilla que sigue hasta la fecha. Su esposa, sus siete hijos, su mamá y su hermana no se han cansado de buscarlo, tocando todas las puertas, dentro y fuera del país. Sin embargo la única respuesta que han recibido por las autoridades dominicanas ha sido silencio y solo silencio.
Esa pesadilla la conocen y la condenan internacionalmente todos los organismos de defensa dederechos humanos y lleva el nombre de desaparición forzada, o sea el «arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley» (artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Desde 1983 además es considerada como un crimen contra la humanidad por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es, por lo tanto un crimen imprescriptible y continuado, sin posibilidad de indulto o de amnistía.
Dos horas después de la detención del señor Juan Almonte, el mismo jefe de la Policía Nacional en ese entonces, el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, declaró en rueda de prensa que el activista era buscado por la policía en relación al secuestro de Eduardo Baldera Gómez, un joven de 19 años de edad que después de haber sido secuestrado por 22 días había logrado fugarse de sus raptores en circunstancias tan extrañas que dejaron dudas respecto a toda la historia del secuestro. Dudas nunca aclaradas.
Días después la Policía Nacional declaró Juan Almonte prófugo, y hasta la fecha ha mantenido esta postura, negada rotundamente por la familia.
Cabe señalar que además de Almonte, relativamente al secuestro Baldera Gómez, habían sido apresadas otras dos personas, ambas militantes de izquierda, vinculadas políticamente a Juan Almonte, o sea William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, quienes fueron ejecutados por miembros de la Policía Nacional después de haber sido apresados y esposados. En aquellos días decenas fueron las detenciones, entre las cuales la de la joven hija de Cecilio Díaz quien fue torturada y maltratada por la policía y los allanamientos sin ninguna orden judicial del Ministerio Publico. El mismo presidente del Comité Dominicano para la Defensa de los Derechos Humanos fue involucrado en el secuestro.
Justo este año han empezado los juicios contra los cinco policías y un miembro de la Marina de Guerra acusados de ejecución extrajudicial en la muerte de William de Jesús Checo y Cecilio Díaz. La prensa había captado imágenes de los detenidos, vivos y esposados, en una camioneta de la policía. Horas después el jefe de la Policía Nacional declarò que había muerto en un “intercambio de disparos”.
Al mismo tiempo, algunos días después de la desaparición de Juan Almonte, en sede judicial se trató de vincular al abogado Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el mismo caso del secuestro.
La primera denuncia de Habeas Corpus fue presentada por la familia el 30 de septiembre de 2009, algunos días después de la desaparición, logrando que la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional de Santo Domingo el 2 de octubre de ese mismo mes ordenara a las autoridades su inmediata liberación. Esa instancia además concluyo que Almonte había sido detenido sin orden de juez competente. Fue entonces, dos días más tarde que la Policía Nacional lo declaró prófugo.
La familia y los amigos denunciaron también hostigamientos de varias formas, llamadas telefónicas amenazando que dejaran de dar publicidad al caso, y vigilancia en las cercanías de sus habitaciones. La esposa de Juan Almonte, Ana Josefina Montilla y sus hijos pidieron protección a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y tuvieron que mudarse en Estados Unidos por seguridad personal.
A finales de octubre de 2009, fueron encontrados dos cadáveres calcinados en un auto y la hermana de Juan Almonte pudo identificar en uno de ellos el cuerpo de su familiar. Sin embargo las pruebas del ADN realizadas, sobre las cuales hubo denuncia de irregularidades, dieron resultado negativo.
¿Por qué desaparecer y ejecutar miembros de la izquierda dominicana y defensores de derechos humanos?
Para poder entender el contexto político en que ocurren todos estos acontecimientos, el secuestro de Eduardo Baldera Gómez, la desaparición de Juan Almonte y la ejecución extrajudicial de los dos demás miembros del Movimiento de Unidad Dominicana (MUNDO) William de Jesús Checo y Cecilio Díaz, podemos hacer referencia en las declaraciones entregadas por Genaro Rincón, abogado de Juan Almonte, en la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica el 23 de febrero de 2012.
Los hechos ocurren, declara el abogado Genaro Rincón, «en momentos en que el presidente de laRepública Dominicana (Leonel Fernández Reina, nda) es electo por tercera vez al mando del país en mayo de 2008».
Explica Genaro Rincón que El Movimiento de Unidad Dominicana era un partido de izquierda «que en aquellos días se había dedicado a trabajar en las comunidades en procura de organizar a grupos de personas para que exigieran reivindicaciones no cumplidas por el Estado dominicano».
Respecto a la figura de Juan Almonte aclara que el militante y político «desde enero del año 2009 hasta septiembre del año 2009, como responsable político de la región noroeste, hacía las acciones sociales en ese lugar y es ahí donde presuntamente secuestran al joven Eduardo Baldera Gómez que es la imputación que el estado le realizó a él y otros miembros del Movimiento de Unidad Dominicana, el Comité Dominicano de Derechos Humanos y el movimiento Gregorio Luperón y otras organizaciones sociales».
Las manifestaciones habían tenido ya la acogencia de sectores sociales importantes como los pequeños y medianos productores y medianos empresarios y comerciantes. «Es ahí que ya en septiembre de 2009 ocurre la situación del secuestro donde involucran varias personas y vinculan a todos con el movimiento social político alternativo de la Republica Dominicana» explica Genaro Rincón a los miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
El abogado Genaro Rincón en esta ocasión, pero también en reiteradas ocasiones en los medios dominicanos, ha denunciado públicamente las «responsabilidades» del entonces presidente de la Republica Dominicana Leonel Fernández Reina, en «haber dado la orden en este asunto». La orden era precisamente la de «descabezar a todos los dirigentes del Movimiento de Unidad Dominicana».
Amnesty International y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han lanzado desde unos meses una fuerte campaña de sensibilización a nivel nacional e internacional respecto al caso de Juan Almonte. El año pasado más de 40mil cartas de todo el mundo han sido enviadas a las autoridades dominicanas pidiéndole: «¿Donde está Juan Almonte?».
En septiembre de este año una delegación de Amnesty International, encabezada por el investigador Robin Guittard, ha regresado al país para encontrarse con la esposa de Juan Almonte, Ana Montilla y las autoridades dominicanas para hacer el punto respecto a las investigaciones del caso. Lamentablemente «a pesar de los repetidos llamamientos realizados por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos e incluso por al Comisión y la Corte Interamericana deDerechos Humanos, las autoridades dominicanas siguen negando su responsabilidad por la desaparición de Almonte».
El caso de Juan Almonte y la impunidad que lo rodea, es emblemático de la gravísima situación que vive la Republica Dominicana respecto a las violaciones cometidas por la Policía Nacional - institución que necesita una importante y urgente reforma - y que han sido recopiladas en el informe de Amnesty International del año 2011 «Cállate si no quieres que te matemos».
Santo Domingo, octubre de 2013
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
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